Ruleta rusa

Publicado en el Diari de Tarragona el 16 de enero de 2020

La ciudadanía del Camp de Tarragona volvió a asistir al enésimo accidente químico en nuestra comarca, con el corazón en un puño, durante la tarde y la noche del pasado martes. Desinformación, angustia, confusión, miedo… Hace apenas medio año, la empresa Miasa Logística sufría un aparatoso incendio en el polígono Entrevies, que obligó a activar el plan de emergencias químicas y a confinar a numerosos trabajadores del turno de noche. Los bomberos de la Generalitat tardaron ocho horas en controlar las llamas, visibles a varios kilómetros a la redonda, que obligaron a cortar en los dos sentidos de la marcha la autovía de Salou y la N-340. Una vez superado el susto inicial, las autoridades intentaron convencernos de que nos encontrábamos ante un hecho puntual y excepcional, cuya gestión había demostrado la proverbial eficacia y coordinación de los diferentes mecanismos de protección, aviso y resolución de emergencias. 

El martes fueron unas instalaciones de la empresa IQOXE, esta vez en La Canonja, las que volaron por los aires. Según las primeras informaciones, el accidente se debió a un fallo en un reactor que afectó a una cisterna de óxido de propileno. La explosión tuvo tal envergadura que sus efectos se notaron en toda la zona metropolitana de Tarragona, provocando una onda expansiva que hizo vibrar las ventanas desde la capital hasta Reus. En el momento de escribir estas líneas, ya se han contabilizado tres víctimas mortales de la catástrofe, a las que se suman varios heridos de gravedad. Las circunstancias que han rodeado la tragedia han impactado a la opinión pública de forma notable, llegando incluso a provocar la convocatoria de una concentración de protesta frente al Ayuntamiento. Son dos las perspectivas desde las que puede analizarse este episodio. 

Por un lado, empieza a resultar insostenible la recurrencia con la que vienen repitiéndose diversos incidentes, de mayor o menor envergadura, vinculados con la industria química. Y, en este contexto, sólo caben dos posibles explicaciones: o bien algunas de estas compañías están haciendo sus deberes rematadamente mal (en cuyo caso, deberían rodar cabezas a nivel empresarial por su responsabilidad directa), o bien el sector químico está respetando los protocolos de actuación impuestos por las autoridades públicas (en cuyo caso, deberían rodar cabezas a nivel institucional por una supervisión negligente). Lo que no puede ser, en ningún caso, es que se intente convencer a la ciudadanía de Tarragona de que este tipo de desastres deben ser asumidos como un efecto consustancial a la actividad industrial, quizás con la esperanza de que nuestro resignado fatalismo y nuestra tendencia a la amnesia colectiva permitan olvidar lo sucedido: ya se sabe que la química es peligrosa, así que debemos hacernos a la idea de que una empresa saltará por los aires cada cierto tiempo. Pelillos a la mar. 

Por otro lado, también merece una reflexión en profundidad la forma en que las autoridades han respondido a la catástrofe. La mayor parte de la ciudadanía estuvo una hora sin tener ni idea de lo que estaba sucediendo, mientras veía con sus propios ojos un inmenso incendio en el polígono, tras escuchar una explosión de proporciones apocalípticas (una plancha metálica de casi una tonelada fue lanzada a tres kilómetros de distancia, provocando el fallecimiento de un vecino de Torreforta). Las sirenas del PLASEQTA tardaron una hora en sonar y los responsables de Protección Civil terminaron reconociendo que tuvieron dificultades para evaluar los riesgos de nube tóxica porque IQOXE no facilitó la información preceptiva según dictan los protocolos vigentes. En definitiva, se nos ha pretendido convencer de que determinados mecanismos de protección no deben ponerse en marcha hasta que la empresa causante del desastre se decida a informar, en vez de activarlos de modo preventivo. Semejante disparate atenta contra el sentido común de un niño de diez años, pero la valoración que las autoridades tienen de nuestro espíritu crítico es tan insultante que les parece esperable que esta explicación nos satisfaga: ya se sabe que son las compañías las que conocen la peligrosidad de lo sucedido, así que las sirenas pueden permanecer apagadas mientras una sustancia tóxica se extiende por la ciudad. Pelillos a la mar. 

Ya va siendo hora de poner pie en pared para demostrar a los poderes económicos y a las autoridades públicas que esto se ha acabado. Nunca más. Nuestra comarca debe muchísimo al sector químico y necesita su empuje industrial, sin duda, pero sólo si se garantizan las condiciones básicas de seguridad que se respetarían en cualquier entorno civilizado. Es fácil imaginar la repercusión política y normativa que habría tenido esta tragedia si se hubiera producido, por ejemplo, a unos pocos kilómetros de la capital catalana. ¿Acaso la vida de un habitante de Tarragona vale menos que la de un barcelonés? A nadie debería extrañar la estrategia de regar con dinero químico las administraciones públicas, entidades sociales y medios de comunicación de la provincia para tener a todos contentos y evitar debates incómodos, pero con la seguridad física de las personas no se puede jugar. O bien se explican con claridad las causas del desastre, se depuran responsabilidades y se toman medidas correctoras inmediatas, o bien tendremos que plantearnos seriamente hasta qué punto estamos dispuestos a jugarnos a la ruleta rusa la salud e integridad de nuestros hijos.