Fumata gris

Publicado en el Diari de Tarragona el 8 de enero de 2020

Contra viento y marea, Pedro Sánchez ha logrado salirse con la suya tras ocho meses de bloqueo. Después de una complicadísima negociación a múltiples bandas y una enorme presión ambiental para hacerla descarrilar, el sudoku parlamentario ha podido ser resuelto en el último minuto. Foto finish. Gracias a un estrechísimo margen de votos, el candidato socialista ha logrado asegurar su permanencia en la Moncloa… de momento. En efecto, el triunfo en la investidura no garantiza una solidez mínima en el bloque que la ha respaldado, pues el primer ejecutivo español de coalición desde la II República estará formado por dos partidos que no suman mayoría en el Congreso, y se apoyará en unos refuerzos externos de lealtad condicionada. Este conjunto de circunstancias augura una legislatura inestable y de duración probablemente limitada. 

Por un lado, las propias relaciones internas en el seno del nuevo ejecutivo prometen ser tormentosas. El mismísimo Pedro Sánchez reconocía en verano que la sola idea de un gobierno compartido con Podemos le quitaba el sueño. Y no es para menos. El discurso de la formación morada está trufado de anzuelos populistas de muy difícil implementación práctica, cuyo probable incumplimiento intentará ser reprochado a los socialistas. Por otro lado, debe tenerse en cuenta el antológico afán de protagonismo mediático de Pablo Iglesias, quien sin duda convertirá las comparecencias posteriores a los consejos de ministros en una competición de egos para dirimir quién se arroga los éxitos conseguidos (y de paso, para adjudicar a la contraparte los marrones que se multipliquen en cuanto la desaceleración económica se manifieste en toda su crudeza). 

Pero los focos de inestabilidad no se circunscribirán a los partidos conformantes del propio ejecutivo. El PSOE y UP suman una mayoría muy minoritaria en las Cortes, lo que impondrá transaccionar cada medida que deba pasar por la Cámara Baja. Y en este tipo de negociaciones lo importante no suele ser el peso relativo de las partes, sino la mera capacidad de bloqueo unilateral. En este sentido, el nuevo gabinete nace con una debilidad estructural, que le obligará a pasar por demasiados aros cada vez que pretenda aprobar un proyecto que requiera tramitación parlamentaria, empezando por los propios Presupuestos Generales del Estado. Será entonces cuando asistamos a un zoco de contrapartidas que tensionará la política estatal hasta límites inéditos, teniendo en cuenta la agresiva prepotencia con la que algunos socios de gobierno se han despachado con el aspirante durante el debate de investidura. 

Por un lado, conviene hacer un esfuerzo pedagógico para desdramatizar este tipo de dinámicas, pues son el pan nuestro de cada día en los países donde se necesitan amplios acuerdos para la conformación de mayorías suficientes. Nuestra escasa tradición en este sentido debe entenderse como lo excepcional, frente a la práctica habitual en democracias consolidadas que obliga a encontrar puntos intermedios entre los partidos que deben unir sus fuerzas para sacar adelante cualquier proyecto conjunto. 

Sin embargo, el factor que desnaturaliza en nuestro caso la lógica transaccional de cualquier modelo representativo es la territorialización de las fuerzas negociadoras. Efectivamente, gran parte de los partidos que deberán confluir para conseguir la mayoría parlamentaria se definen más por el factor local que por el ideológico, lo que desviará la negociación desde una perspectiva política hacia el ámbito de lo simplemente geográfico. Dicho de otro modo, el terreno de juego sobre el que se desarrollará esta confrontación no será el de las ideas sino el de los intereses locales, unas coordenadas que forman parte del debate político pero que, llevadas al extremo, pueden conducirnos a unos procesos institucionales llenos de aristas. 

El caso paradigmático de este fenómeno es la irrupción de Teruel Existe, una formación alumbrada al calor del conflicto geográfico permanente: el que no llora, no mama. Se trata, sin duda, de un proyecto perfectamente legítimo y probablemente justificado, pero que dibuja un horizonte preocupante. Imaginemos a cada comunidad, provincia o ciudad creando su propio partido con la esperanza de ser decisivos en la conformación de mayorías absolutas, para obtener rédito inversor gracias a dicha posición de ventaja. Si esta tendencia se generalizase, acabaríamos con unas Cortes integradas por decenas de partidos locales que han ido a Madrid exclusivamente a hablar de su libro. Llevando el caso al extremo, esta dinámica podría concluir con un bloque de partidos territoriales uniéndose para sumar la mitad más uno de la cámara, ninguneando a aquellos que resultasen aritméticamente innecesarios, lo que privilegiaría a los enclaves representados en el primer grupo en detrimento del resto. Esta hipótesis arrojaría un modelo dudosamente justo y equitativo, donde una parte del país se sentiría desplazada por las zonas que han tenido la fortuna de quedar englobadas en el pacto mayoritario. Todavía estamos muy lejos de esta situación, pero convendría hacer una reflexión al respecto antes de que sea demasiado tarde, no para dificultar la puesta en marcha de estos respetables proyectos políticos, sino para evitar que nadie se sienta empujado a hacerlo. 

En cualquier caso, a partir de hoy, los pasos del equilibrista Pedro Sánchez serán escudriñados con lupa. Probablemente el nuevo gobierno no traiga consigo el apocalipsis que pronostica la derecha, que presionó hasta la extenuación para lograr una ‘fumata nera’, pero la mera investidura tampoco debe entenderse como una verdadera ‘fumata bianca’, teniendo en cuenta las precarias expectativas de supervivencia que sugieren las circunstancias en que deberá desarrollar su labor. Dejémoslo en ‘fumata grigia’.