El gran pacto

Publicado en el Diari de Tarragona el 16 de abril de 2020

En paralelo a las trágicas consecuencias sanitarias que el Covid-19 está provocando en todos los países, también vamos atisbando con creciente nitidez los devastadores efectos económicos que esta pandemia está generando de forma colateral. El gráfico temporal de ambos procesos muestra un recorrido similar pero no idéntico. Por un lado, la mortalidad del virus ha tenido un impacto súbito, cuyo descenso ya es afortunadamente perceptible en todas las estadísticas oficiales, al margen de que puedan producirse eventuales dientes de sierra a corto o medio plazo. Por su parte, el golpe sobre nuestro modelo productivo ha sido también inmediato, como consecuencia del confinamiento impuesto por las autoridades, pero la resaca económica promete ser mucho más duradera que la emergencia médica.

Ante semejante panorama, el gobierno español ha tendido la mano al resto de actores políticos y sociales para alcanzar un pacto de gran alcance que permita superar colaborativamente este momento crítico. Aunque la iniciativa es necesaria y oportuna, ha sido recibida con notable recelo entre gran parte de los interpelados. Sin duda, algunas de las críticas vertidas estos días contra el ejecutivo son el simple eco de las dinámicas partidistas que caracterizan nuestra vida parlamentaria, un entorno infantiloide e improductivo donde resulta imposible recordar la última vez que alguien reconoció una actuación meritoria del adversario.

Sin embargo, también es cierto que esta propuesta requiere un cambio de postura del gobierno si pretende alcanzar cierto éxito. Cuanto antes mejor, Pedro Sánchez debe asumir que lidera un gabinete con una debilidad en origen cada vez más evidente, una circunstancia que debería obligarle a adoptar un talante predispuesto a la transacción con sus interlocutores. Resulta comprensible que la Moncloa reclamara a la oposición una actitud de adhesión en los momentos iniciales de esta crisis, dada la necesidad de actuar de forma urgente y resolutiva. Sin embargo, esperar este sometimiento metódico respecto del modo de afrontar los meses que tenemos por delante, demostraría una altísima dosis de ingenuidad, prepotencia o postureo, todos ellos igualmente preocupantes. Si se desea alcanzar un acuerdo que compacte al país en busca de una fórmula compartida y sostenible, será necesario negociar un plan aceptable para una amplia mayoría del espectro ideológico, lo que obligará a nadar en las templadas aguas situadas entre el centro izquierda y el centro derecha. Este giro de timón puede alterar los actuales equilibrios en las Cortes, pero parece evidente que el reto lo merece. Es más, lo exige.

Por su parte, sería deseable que esta mano tendida fuera aceptada por los principales partidos de la oposición con lealtad y responsabilidad. Lo último que necesitamos en estos momentos es un Congreso convertido en una jaula de grillos durante el resto de la legislatura, reversionando las dos Españas de infausto recuerdo. En ese sentido, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, en consonancia con ese patriotismo del que siempre alardean, deberían asumir el coste electoral que supondrá ceder a Vox el monopolio de la crítica sistemática frente a cualquier acción que emprenda el ejecutivo. Adoptar el rol de martillo de herejes, en tiempos populistas como los actuales, tiene evidentes réditos en las urnas para un partido opositor, pero no parece exagerado afirmar que vivimos una época histórica que reclama algo más que tacticismo electoral. Son, precisamente, circunstancias como las actuales las que permiten comprobar si un dirigente tiene las dotes que se esperan en un gran gobernante, o si sólo se trata de un buscavidas con vocación de acabar en un consejo de administración al que nunca habría llegado por méritos propios.

Por otro lado, este necesario acuerdo político no llegará a buen puerto si no cuenta con la complicidad de los principales sindicatos y patronales. En efecto, la superación de esta crisis pondrá a prueba la predisposición y resistencia de empresas y trabajadores, pues las perspectivas que asoman en el horizonte son realmente inquietantes. Pese a que el gobierno ha decretado un parón de actividades muy limitado en el tiempo, el Fondo Monetario Internacional ha presentado esta semana un informe que prevé un desplome de la economía española del 8% este año (la mayor caída desde la Guerra Civil), que disparará la tasa de paro hasta el 20,8%. Y la remontada no será instantánea, pues la proyección calcula que sólo se recuperará un 3,3% del empleo durante 2021. Estas cifras provocarán un impacto brutal en las cuentas públicas, con un déficit del 9,5% de PIB (el mayor de la Unión Europea), que desbocará nuestra deuda pública hasta un terrorífico 113,4% (recordemos que en 2007 se situaba en el 35,8% del producto interior bruto).

No hace falta ser un experto en economía para entender que nos esperan tiempos verdaderamente duros, que exigirán la toma de decisiones difíciles y la implementación de medidas drásticas. En los momentos críticos de la última recesión, allá por 2008, el gobierno de Rajoy afrontó este reto aumentando los impuestos en su primer Consejo de Ministros, lo que precipitó el hundimiento definitivo de miles de famélicos negocios y trabajadores autónomos. Y lo hemos pagado durante años. Esperemos que, esta vez, alguien interiorice que los servicios públicos se financian con la riqueza generada por el sector privado, y que si asfixiamos al tejido productivo, el estado del bienestar también morirá de inanición.

Todos tendremos que hacer sacrificios: las empresas, por supuesto; los trabajadores, sin duda; los que reciben prestaciones públicas, probablemente; pero las administraciones públicas, también, especialmente aquellas que evidencian la necesidad de someterse a una dieta de adelgazamiento. Algunos michelines saltan a la vista: chiringuitos políticos, organismos duplicados, puestos ad hoc, entidades estériles, falsos asesores, abrevaderos electorales, medios cortesanos, etc. Si todos arrimamos el hombro, saldremos de ésta.