Otra vuelta de tuerca

Publicado en el Diari de Tarragona el 22 de diciembre de 2019

La resolución emitida esta semana por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señalando que Oriol Junqueras adquirió su inmunidad parlamentaria “desde la proclamación de los resultados electorales”, ha enredado aún más la madeja jurídica e institucional en la que vivimos inmersos desde hace años. Los magistrados de Luxemburgo enmiendan así la plana a la justicia española, reprochando no haber levantado la prisión provisional para que el líder republicano recogiera su acta. Este pronunciamiento tiene consecuencias tanto a nivel penal como político, en ambos entornos desde una doble perspectiva. 

En primer lugar, los efectos de la resolución en el plano judicial parecen menos relevantes en la práctica de lo que algunos pretenden hacer creer, sobre todo en el caso del propio Junqueras. En efecto, el tribunal europeo no se ha pronunciado en ningún momento sobre el fondo de la cuestión que ha llevado al banquillo a los líderes independentistas, ni ha señalado que el político republicano deba ser puesto en libertad. Simplemente ha precisado que no recoger el acta como diputado no afecta a su inmunidad, de modo que estuvo protegido por la necesidad de tramitar el suplicatorio desde el mismo momento de su elección. Sin embargo, esta obligatoriedad de solicitar permiso parlamentario no se aplica cuando un proceso ya ha superado la apertura del juicio oral, algo que sucedió en este caso. De hecho, el fallo puntualiza que es al propio Tribunal Supremo a quien corresponde determinar los efectos aparejados a este privilegio, refiriéndose expresamente a "otros procedimientos" como los de ejecución o concesión de permisos, no al principal. 

Colateralmente, la resolución sí puede tener más recorrido en el caso de Carles Puigdemont. La desvinculación de la recogida del acta y la condición de diputado hace prever su éxito en la demanda del expresident contra el Parlamento Europeo ante la justicia comunitaria. En principio, una vez conseguidas sus credenciales como eurodiputado, debería disfrutar de libertad de movimientos por toda la UE, pues no podría ser detenido sin la autorización de la Eurocámara. Sin embargo, la propia resolución del TJUE señala que, si el tribunal nacional competente lo considera necesario, cabría decretar "la prisión provisional tras la adquisición de la condición de diputado”, solicitando el suplicatorio "a la mayor brevedad". Es decir, que si Puigdemont pisase territorio español, quizás podría ser detenido inmediatamente y realizar el trámite ante el Parlamento Europeo después. Éste es el motivo por el que cada vez parece más probable que el expresident se instale prudentemente en Perpiñán. 

Más trascendentales, sin embargo, parecen las consecuencias a nivel político. Al margen del indudable triunfo moral del independentismo en su cruzada contra la justicia española, esta resolución ha caído como una bomba sobre la mesa de negociación para la investidura de Pedro Sánchez. Los puentes de diálogo que republicanos y socialistas llevaban semanas construyendo, comenzaron a temblar tras conocerse la decisión del tribunal europeo, y a partir de ahora todas las miradas escrutarán cada uno de los movimientos de la Abogacía del Estado. Si el trenzado de alianzas era complicado hasta la fecha para el inestable presidente en funciones, a partir de ahora lo será muchísimo más. 

Sin embargo, el entorno donde esta resolución tendrá unos efectos más contundentes será en la propia política catalana, especialmente por la coincidencia temporal con la inhabilitación de Quim Torra. Efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condenó el mismo jueves al actual President a una pena de año y medio de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central sobre la retirada de las pancartas y los lazos amarillos en los edificios de la Generalitat. Esta resolución pone la cuenta atrás para fijar el modo en que se desarrollarán los acontecimientos a partir de ahora, teniendo en cuenta que la condena no será efectiva hasta dentro de seis u ocho meses si se interpone recurso. Llegados a este punto, son varias las opciones que se abren para Torra a partir de este momento: podría convocar elecciones anticipadas (presentándose él mismo o Carles Puigdemont), podría continuar presidiendo la Generalitat y ceder en otoño el testigo al vicepresidente (el republicano Pere Aragonès), o podría hacer cambios en el Govern para que le suceda un dirigente de la órbita postconvergente. 

El terremoto institucional provocado por la sentencia europea demuestra lo peligroso e incontrolable que resulta politizar la justicia y judicializar la política. Durante las últimas semanas, todo apuntaba a que la conflictividad de nuestra vida pública comenzaba por fin a reconducirse. Sin embargo, una decisión de unos magistrados en Luxemburgo ha hecho saltar todo por los aires y nos ha devuelto prácticamente a la casilla de salida, dando una nueva vuelta de tuerca a un conflicto agotador que ya dura demasiados años. De momento, habrá que capear el temporal como buenamente se pueda, evitando la apertura de nuevos frentes que nos alejen aún más del final del laberinto. Y después, cuando las aguas vuelvan a bajar más calmadas, tocará recuperar el diálogo político para salir del atolladero.