Una condena como oportunidad

Publicado en el Diari de Tarragona el 21 de noviembre de 2019

Esta semana se ha hecho pública la sentencia sobre el caso de los ERE, que ha impuesto unas penas mayores de las esperadas por la comisión de diversos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. En el listado de condenados aparecen numerosos pesos pesados del socialismo andaluz, que llevaron en el pasado las riendas de la Junta: José Antonio Griñán (seis años de cárcel), Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías (nueve años de inhabilitación), etc. Al margen de algunos episodios berlanguianos, como las andanzas del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero (quién adjudicó un millón de euros en ayudas a su chófer, que sirvieron para financiar diversas juegas regadas con champán y cocaína), la sentencia admite que la mayoría de los condenados no metieron la mano en la caja de forma directa. Es éste el clavo ardiendo al que se agarran quienes intentan minimizar la gravedad de lo sucedido. 

Sin embargo, los magistrados avalan la existencia de una red clientelar en torno a la Junta, cuyos responsables distribuían ilegalmente millones de euros a manos llenas en su propio beneficio político. Puede que este proceder no sea equiparable a robar directamente de las arcas públicas, pero sin duda se trata de un uso fraudulento del patrimonio de todos con el objetivo de perpetuarse en el poder. En ese sentido, dichas prácticas generaban un provecho evidente para los condenados, tanto a nivel de partido como personal. En cualquier caso, nos encontramos ante una jugada de perfil indudablemente cortoplacista (la mentalidad imperante en la actual clase política) pues un despilfarro de 680 millones de euros acabaría saliendo a la luz, más temprano que tarde. Paralelamente, la sentencia supone una gran noticia para el gobierno conservador andaluz, que ve así confirmadas judicialmente las denuncias de clientelismo que se sucedían desde hace décadas. Juanma Moreno se sentirá desde ahora más afianzado en el Palacio de San Telmo, y los reproches sobre el discutible pacto que le llevó al poder quedarán ahora difuminados ante la envergadura del escándalo socialista. 

Esta sentencia también golpea colateralmente a Susana Díaz, pues fue el propio Griñán quien la nombró consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta, y después la designó sucesora para la presidencia autonómica. Después de todo, los magistrados señalan explícitamente que el núcleo de implicados en el seno del ejecutivo -al que ella pertenecía- era ‘plenamente consciente de la patente ilegalidad de los actos en los que participó’, máxime teniendo en cuenta los quince avisos de la Intervención General donde se alertaba sobre la irregularidad de estos pagos. No es extraño, por tanto, que diversos responsables locales de Podemos, como Teresa Rodríguez o José María González 'Kichi', hayan lanzado durísimas críticas contra el partido al que pertenecen los condenados, exigiendo la dimisión de la secretaria general de la federación del PSOE en la región. 

Sin duda, la confirmación judicial de este fraude, al igual que sucediera con la Gürtel popular o el Palau convergente, viene a demostrar la procedencia y vigencia de la conocida frase del dramaturgo irlandés George Bernard Shaw: ‘los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo… y por los mismos motivos’. En efecto, la ausencia de alternancia en el poder frecuentemente genera una sensación de impunidad que termina de forma catastrófica, especialmente cuando la conquista del gobierno termina adoptando tintes de auténtico régimen con el paso de los años. El varapalo para el PSOE es brutal, pues apenas quedan dirigentes en esta comunidad autónoma que no se hayan visto contaminados, directa o indirectamente, por este descomunal caso de corrupción (conviene recordar que la actual vicepresidenta española, Carmen Calvo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, formaron parte de los ejecutivos implicados en el asunto). 

Los socialistas andaluces, y por extensión también los del resto de España, tienen ante sí una encrucijada capital: intentar relativizar la trascendencia de lo sucedido (como han pretendido algunos representantes del partido, de forma ciertamente ridícula) o reconocer la gravedad del caso y abrir las ventanas de par en par, dejando que el turbio ambiente de clientelismo se disperse con una nueva generación de dirigentes. Nuevamente, nos encontramos ante una decisión en la que se contraponen el regate cortoplacista para salvar la situación (la debacle alcanza tal envergadura que el PSOE local se ha quedado prácticamente sin banquillo) o una visión a largo plazo, orientada a una refundación de una federación inevitablemente manchada por ciertas prácticas desplegadas durante décadas. 

Pero la forma en que se encare este trance socialista no sólo tendrá efectos en el ámbito andaluz. Durante años, la sospecha sobre la gobernanza ejercida por ciertos ejecutivos autonómicos en el sur de España ha infectado globalmente la imagen del PSOE, unos recelos que se han visto confirmados por esta sentencia. En este sentido, las condenas que hemos conocido esta semana pueden ser una losa para el partido durante mucho tiempo, o bien una posibilidad de regeneración profunda, transparente y sincera. Pero para rectificar, primero hay que reconocer el error. En sus manos está convertir la crisis en oportunidad.