Los sobresueldos

Publicado en el Diari de Tarragona el 2 de julio de 2023

Hace ya un tiempo que llevaba gestándose una polémica larvada, relacionada con un tema recurrente en nuestro debate público: los ingresos que reciben nuestros políticos. En este caso, el foco de la controversia ha apuntado a las cantidades que Alberto Núñez Feijóo ha venido recibiendo de su partido desde que asumió el liderazgo popular. Probablemente, el gran error que ha cometido el PP (una formación aficionada a dispararse tiros en el pie) ha sido negarse a difundir estos datos en el momento en que el asunto se puso sobre el tapete. Aparentemente, no hay nada ilegal en estas retribuciones, pero el hecho de haber intentado esconderlas ha derramado sobre ellas el viscoso manto de la sospecha.

Como era previsible, los socialistas vieron desde un principio que este oscurantismo seguido de tantos ceros podía convertirse en un filón electoral. De hecho, el propio presidente del Senado, Ander Gil, olió sangre y requirió formalmente al líder conservador para que actualizara su declaración de ingresos antes del 4 de julio. De forma absolutamente suicida, siendo ya la polémica de dominio público, el PP se negó a aportar esta información y la prensa se abalanzó sobre la presa herida. Supongo que algún astuto genio de la calle Génova pensó que divulgar estas cifras podría resultar impopular, nunca mejor dicho. Y como suele suceder en estos casos, la verdad ha acabado aflorando en un momento fatídico, a un mes de las elecciones y a pesar de los esfuerzos por evitarlo, que es la peor de las maneras posibles. Una vez más, la política de comunicación del PP ni siquiera ha alcanzado el nivel amateur.

Según hemos podido conocer hace apenas cuatro días, el Partido Popular retribuyó el pasado año a su máximo dirigente con un total de 39.260 euros, en concepto de “gastos de representación”. Teniendo en cuenta que Feijóo se hizo con el timón de su formación en abril de 2022, esto supone un ingreso anual de 50.000 euros aproximadamente (más o menos lo mismo que en su día declaró su antecesor, Pablo Casado). Si a esto sumamos los 5.000 euros brutos mensuales que recibe como senador por designación autonómica, multiplicados por 14 pagas, nos da un total de 120.000 euros brutos al año.

Ciertamente, si el PP consideraba que su presidente debía cobrar más que un senador de tropa, lo que debió hacer es defender sin complejos esta postura, por cierto, perfectamente razonable. Sin duda, no parece lógico que el líder de la oposición y serio candidato a la presidencia del Gobierno tenga la misma retribución que algunos tipos cuya ocupación habitual consiste en sentarse en un butacón, procurar no dormirse, aplaudir a los suyos, abuchear a los adversarios, y apretar de vez en cuando el botón del color que le indique el pastor del rebaño (dicho sea con todo el respeto y la admiración hacia los numerosos diputados y senadores que se toman en serio su trabajo y su función , que haberlos, haylos).

En mi opinión, en esta polémica se entrecruzan cuatro asuntos diferentes y entrelazados: en primer lugar, como premisa, la constatación de que los salarios que cobran los electos de nuestras instituciones son frecuentemente más modestos que los de sus homólogos europeos, y ridículamente más bajos que los de puestos de responsabilidad equivalente en el ámbito privado; por otro lado, como consecuencia, la necesidad de mejorar estas retribuciones de alguna manera, si no queremos que la gestión de los asuntos públicos quede exclusivamente en manos de perfectos incompetentes o de vocacionales zen; en tercer lugar, como parche, el hábito de recurrir a arreglos vergonzantes que realizan los partidos para elevar los ingresos de quienes ostentan altas responsabilidades; y por último, como condicionante, las dudas sobre si la talla profesional y la dedicación que muestran algunos de nuestros dirigentes está a la altura de la dignidad que presuntamente asumen y por la que se les paga.

Hace escasos días, por poner un ejemplo, el Diari de Tarragona publicó en redes sociales los sueldos que van a cobrar los diferentes concejales en el ayuntamiento de nuestra capital. Lo interesante de aquel post, al menos para mí, no eran los importes que paga el consistorio sino los comentarios de las personas que habían leído la noticia. La inmensa mayoría de ellas se echaba las manos a la cabeza, con palabras de grueso calibre, por unos salarios que están por encima de la media, obviamente, pero que no difieren sensiblemente de lo que cobra un profesional de perfil alto (no necesariamente altísimo). Sin embargo, también es cierto que algunos miembros de nuestras instituciones difícilmente podrían ejercer tareas directivas en ninguna empresa del sector privado, incluso manejando presupuestos muy inferiores a los que gestionan a nivel público.

Convendría favorecer un debate abierto y honesto sobre el perfil dirigente que deseamos instaurar, porque no se puede tener todo. O bien asumimos que nos representen algunos tipos que a duras penas conseguirían un trabajo razonable si no estuvieran afiliados a su partido (en cuyo caso, ya van sobrados con los salarios actuales) o bien apostamos por captar talento contrastado y capaz de optimizar la gestión de los asuntos públicos (en cuyo caso, habrá que ofrecer una retribución razonable para profesionales que cobrarían sueldos anuales de seis cifras en el sector privado). En algunos lugares se han probado sistemas que implementan un salario estándar de carácter fijo por razón del puesto, al que se suma un variable en función de los ingresos medios acreditados en su trabajo previo. Este sistema impide que algunos se metan en política para ganar un sueldo que excede manifiestamente sus capacidades, y simultáneamente permite la entrada de profesionales de alto perfil para la gestión eficiente de los multimillonarios presupuestos de nuestras instituciones. Es una idea.