Los libros blancos

Publicado en el Diari de Tarragona el 3 de marzo de 2019


La crisis política que vive actualmente el Reino Unido es consecuencia, en gran medida, de un factor que también concurrió en la consulta del 1-O, cuyos preparativos y efectos se juzgan en estos momentos en el Tribunal Supremo. Efectivamente, fuimos muchos los ciudadanos catalanes que reclamamos infructuosamente una explicación pormenorizada sobre el procedimiento y la viabilidad de su proyecto a los promotores de los procesos participativos de 2014 y 2017. “¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república?” Pues quizás, si antes me resuelven algunas dudas. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué marco legal se aplicará al proceso? ¿Quién negociará las condiciones? ¿Con quién? ¿Qué pasará si no hay acuerdo? ¿Existe alguna solución intermedia? ¿Cuándo se producirá la separación definitiva? ¿Qué impacto financiero tendrá a corto plazo? ¿En qué posición quedará el país dentro del escenario internacional? ¿Cuánto costará toda la transición? ¿Cómo afectará a la vida diaria? ¿En qué situación quedarán los no nacionales? ¿Será posible revertir esta decisión? ¿Bajo qué requisitos? Muchas preguntas y casi ninguna respuesta rigurosa. Sólo se miraba al horizonte perdiendo de vista el camino (una estrategia perfecta para acabar tropezando) y una parte significativa de la sociedad apostó por este voluntarismo épico sin pedir mayores explicaciones. Y así nos ha ido. 

A diferencia de la brocha gorda que caracterizó las chapuceras estrategias de Artur Mas y Carles Puigdemont, quienes fiaron su éxito a la fe incondicional de sus seguidores, otros procesos de secesión se han tomado muy en serio el deber de informar detalladamente a sus ciudadanos sobre el proyecto que les proponían. Pensemos, por ejemplo, en el libro blanco escocés. En efecto, diez meses antes del referéndum de 2014, el líder independentista Alex Salmond presentó en Glasgow un estudio de casi setecientas páginas donde se explicaba ampliamente el plan de ruptura desde el punto de vista financiero, institucional, social, militar, laboral, etc. Aunque David Cameron y Ed Miliband criticaron duramente la inconsistencia de este extenso documento, el propio hecho de presentar abiertamente el proyecto permitió clarificar y debatir los pormenores del plan, otorgando a la ciudadanía la posibilidad de construirse una imagen precisa y fundamentada sobre lo que pasaría a partir del día siguiente al eventual triunfo del “sí”. En contraste con esta forma seria de hacer las cosas, aquí tuvimos al juez Vidal difundiendo disparates de pueblo en pueblo, hasta que terminó reconociendo que todo era puro postureo. 


También los quebequeses han recibido información puntual sobre cómo se desarrollaría procedimentalmente la hipotética secesión, aunque en este caso fue el propio parlamento canadiense el que concretó las condiciones para la independencia de la región francófona. La Ley de Claridad del año 2000 (consecuencia del planteamiento nebuloso del referéndum de 1995, y de la célebre sentencia de la Corte Suprema de 1998) dibujó nítidamente el panorama: por un lado, una separación unilateral sería totalmente ilegal; por otro, una posible negociación sólo comenzaría tras demostrarse el deseo de independencia de una mayoría clara de los quebequeses; además, la pregunta del eventual referéndum estaría en manos del gobierno canadiense; la consulta debería lograr el voto afirmativo de una mayoría reforzada de la población; la constitución federal habría de reformarse antes de la separación; el incumplimiento de cualquier aspecto de la ley habilitaría a la Cámara de los Comunes para anular todo el proceso, etc. Continuando con la comparación, a los partidos independentistas de Catalunya (JxSÍ más CUP) les pareció razonable declarar una independencia unilateral con el 47% de los votos. 


Ya va siendo hora de asumir que lo que se hace de cualquier manera suele acabar de cualquier manera. La lógica exigencia de información solvente sobre el proyecto independentista fue ninguneada sistemáticamente (probablemente porque ni siquiera ellos mismos la tenían, si hacemos caso a Clara Ponsatí) o incluso fue respondida con la acusación de hacer el juego a los enemigos de Catalunya. Nadie debería extrañarse de que un planteamiento tan simplista terminase finalmente como el rosario de la aurora, guiado imprudentemente por quienes consideraron asumible la ausencia absoluta de un procedimiento factible: sus pronósticos han sido desmentidos, sus planes desbaratados, sus líderes detenidos, sus seguidores frustrados, la economía herida, el prestigio tocado, las instituciones paralizadas, el país fracturado, el Estado resentido, el autogobierno amenazado… 


Tal y como señalaba al inicio, la política internacional nos ha regalado un nuevo ejemplo que demuestra el enorme peligro que conlleva colocar a la población en la tesitura de elegir entre blanco o negro sin ofrecer previamente un estudio objetivo y preciso que acredite la viabilidad y las consecuencias de decantarse por una u otra opción. El frívolo David Cameron llamó a las urnas a millones de británicos sin saber a ciencia cierta cómo se gestionaría la salida de la UE y sus efectos. Como consecuencia de este despropósito, trufado de populismo tramposo y presión sentimental, lo impensable se produjo y Westminster ha terminado convertido en una auténtica jaula de grillos. El líder laborista, Jeremy Corbyn, se ha mostrado esta semana a favor de un segundo referéndum, consciente de que nada de esto habría sucedido si los promotores del Brexit hubiesen contestado honestamente a las mismas preguntas que planteaba al comienzo: ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué marco legal se aplicará al proceso? ¿Quién negociará las condiciones? ¿Con quién? ¿Qué pasará si no hay acuerdo? ¿Existe alguna solución intermedia? ¿Cuándo se producirá la separación definitiva? ¿Qué impacto financiero tendrá a corto plazo? ¿En qué posición quedará el país dentro del escenario internacional? ¿Cuánto costará toda la transición? ¿Cómo afectará a la vida diaria? ¿En qué situación quedarán los no nacionales? ¿Será posible revertir esta decisión? ¿Bajo qué requisitos? Muchas preguntas y casi ninguna respuesta rigurosa. Y así les va.

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