El riesgo de batasunización

Publicado en el Diari de Tarragona el 1 de abril de 2018

Los últimos días han sido testigos de una secuencia de acontecimientos con una enorme carga simbólica, elevando varios grados la temperatura del conflicto independentista. Cada uno de estos tres fenómenos, aisladamente considerado, tenía la suficiente potencia mediática para reactivar esa indignación que moviliza a amplios sectores de nuestra sociedad de forma espasmódica. Sin embargo, el hecho de que estos sucesos se hayan concentrado en un lapso de apenas una semana ha provocado una mutación cualitativa en la respuesta callejera.

En primer lugar, tras el intento fallido de investir a Jordi Turull como nuevo President de la Generalitat (boicoteado en el Parlament por el maximalismo habitual de la CUP) Pablo Llarena encarceló a cinco dirigentes secesionistas por un presunto delito de rebelión: el propio Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell y Dolors Bassa. Los tres primeros fueron ingresados preventivamente en el penal de Estremera, mientras las otras dos procesadas emprendieron camino a Alcalá Meco. El magistrado dictó auto de prisión de acuerdo con las tesis de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular (ejercida por el partido ultraderechista Vox) al considerar que "junto a un riesgo de reiteración delictiva, confluye en todos ellos un marcado riesgo de fuga". El juez del Tribunal Supremo estimó irrelevante la renuncia al acta de diputado de varios de ellos, y para los fiscales resultó sencillo sostener el peligro de fuga tras la huida a Suiza de la secretaria general de ERC, Marta Rovira (dejando empantanados a sus compañeros de banquillo, todo sea dicho). Algunos grupos independentistas se manifestaron esa misma tarde para protestar airadamente por los arrestos en un ambiente más caldeado de lo habitual, y los Comitès de Defensa de la República (CDR) comenzaron a dar muestras de que la Revolució dels Somriures había pasado a mejor vida.

En esas estábamos cuando saltó la noticia en Schuby: Carles Puigdemont era apresado por la policía germana mientras regresaba desde Finlandia. Por lo visto, el vehículo en el que viajaba estaba siendo monitoreado por el CNI, y se aprovechó su paso por Alemania para atrapar al expresident sin las limitaciones que previsiblemente iban a imponer las autoridades judiciales belgas (motivo por el que Llarena retiró la orden europea de detención a principios de diciembre). Mientras el arrestado era ingresado en la cárcel de Neumünster, el termómetro emocional se disparaba en Catalunya hasta límites desconocidos desde otoño. Los analistas locales no parecían ponerse de acuerdo sobre si la captura de Puigdemont había sido una error de cálculo de sus asesores (la tendencia bilateral a minusvalorar el poder y la perseverancia del adversario es, a mi juicio, una de las claves que explica todo lo sucedido durante este último lustro) o una nueva astucia del independentismo para internacionalizar el conflicto (el abuso del concepto “jugada maestra” está provocando que su mera mención desate carcajadas en el unionismo). En cualquier caso, este debate era irrelevante para los CDR: Alemania iba a entregar al expresident de la Generalitat a España, al igual que sucedió con Companys, y las calles tenían que convertirse en un infierno: cien heridos en los tumultos de Barcelona, atropellos y altercados en los cortes de carretera, desprecio a la propiedad privada, neumáticos ardiendo en nuestras carreteras…

Por si no fuera suficiente la conmoción política y emocional generada con los encarcelamientos del pasado viernes y la detención de Puigdemont, la imprudencia de algunos dirigentes con un descontrolado afán de protagonismo logró aumentar aún más la tensión ambiental. Así, cuando más se necesitaban verdaderos estadistas para recomponer la cohesión ciudadana y preservar la paz social, nuestras autoridades se dedicaron a echar más leña al fuego. Recordemos el discurso dominical de Roger Torrent, afirmando que “ningún juez puede perseguir al presidente de todos los catalanes" (una frase que le perseguirá para siempre por su absoluta incompatibilidad con un estado de derecho) o la comparecencia de Rafael Ribó, Síndic de Greuges, asociando el 155 con el mismísimo Adolf Hitler (me gustaría ver la cara de los alemanes al saber que en el Parlament de Catalunya se vincula su actual constitución con el nazismo –nuestra norma es una copia literal del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn-).

Definir nuestra realidad política como una lucha de Catalunya contra España es un reduccionismo casi infantil: el principal choque en este conflicto es el que enfrenta a una mitad de los catalanes contra la otra mitad. Aun así, al margen de lo llamativa que resulte la apelación a la ley entre quienes se han jactado de despreciarla, existen argumentos fundados para criticar la forma en que el aparato judicial español está actuando últimamente: la prisión provisional no parece estar siendo aplicada con la excepcionalidad que exige el propio ordenamiento, y el delito de rebelión requiere una violencia cuya concurrencia resulta discutible (al menos, hasta ahora). Sin embargo, convertir las calles en un polvorín será un desastre para todos: para los unionistas (que se sentirán justificadamente amenazados –ya se ha asignado protección policial a las familias de varios magistrados-) y también para los independentistas (los disturbios destrozarán su imagen en Europa, pondrán en el disparadero judicial a sus dirigentes, y desmovilizarán a sus capas más razonables). Y eso por no hablar de las consecuencias económicas, como la marea de cancelaciones hoteleras que ha denunciado el sector turístico esta misma semana.

Resulta imprescindible remarcar unas líneas rojas que, una vez traspasadas, conducen indefectiblemente a un escenario de difícil retorno. No se trata de comparar el “procés” con la “kale borroka”, como denuncia Guardiola, sino de alertar de un riesgo evidente. Nos estamos jugando la convivencia ciudadana. Ha llegado el momento de que la cúpula independentista demuestre que no se ha convertido en un rehén de los radicales.