Nuestra aldea gala
Publicado en el Diari de Tarragona el 28 de julio de 2013
El pleno del Ajuntament de Tarragona rechazó contundentemente la pasada semana una moción de CiU destinada a lograr la adhesión de nuestro consistorio al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que sólo logró concitar el apoyo externo de la representante de ICV, Arga Sentís. Este sonoro fracaso de los convergentes, uno más, debería ser analizado desde una triple perspectiva: el resultado de la votación, la estrategia en la que se engloba y la reacción posterior.
En primer lugar, parece evidente que la ciudad de Tarragona se ha convertido en una piedra en el zapato de un Artur Mas obsesionado con lograr una marea humana, unánime y homogénea, que avale el giro independentista que ha imprimido a su formación (con efectos electorales devastadores). Nadie debería extrañarse de que la moción soberanista fuera rechazada por el 70% de nuestros representantes locales, ahí es nada, teniendo en cuenta que el único partido relevante que se presentó a las elecciones municipales de 2011 con un ideario claramente independentista, ERC, obtuvo la significativa cifra de cero escaños. Probablemente el segmento de población partidario de la ruptura haya crecido desde entonces, pero Tarragona sigue sin ser independentista, como la propia Victòria Forns reconoció en el debate municipal que nos ocupa.
De todos modos, convendría diferenciar el secesionismo puro y duro (con escaso apoyo en la ciudad) del movimiento en favor del derecho a decidir (con mucho más respaldo) y es éste el punto en que CiU está siendo víctima de su propio planteamiento. Artur Mas ha fingido asumir un papel notarial ante la voluntad de la ciudadanía, cuando realmente pretende ser juez y parte en la cuestión. Es una trampa que el PSC ha detectado a tiempo, y que explica su rechazo a entrar en la dialéctica convergente. En mi opinión, no nos encontramos ante un acto incoherente de los socialistas, que insisten en declararse partidarios de una consulta jurídicamente legal e institucionalmente neutral, sino ante el efecto inevitable del intento del Govern por vender un deseo falsamente aséptico de conocer los deseos de los catalanes mientras conduce al país hacia la independencia mediante una poderosa maquinaria de carácter político (por ejemplo, a través del Consell Assessor per a la Transició Nacional) y sobre todo mediático (último capítulo, el intento de sustituir al neutral Manel Fuentes por la comprometida con la causa Mònica Terribas en Catalunya Radio). CiU es libre de defender este camino, pero resulta ridículo exigir después que el PSC rinda vasallaje servil a su particular forma de entender el proceso.
En segundo lugar, asombra la reiteración con que nuestro Ajuntament ha debatido todo tipo de propuestas sobre la cuestión nacional catalana a lo largo del último año. Aunque no han sido los únicos (recordemos la proposición de ICV sobre un referéndum de reforma constitucional), lo cierto es que los representantes de CiU se han convertido en los reyes de la moción soberanista. Esta incansable y estéril campaña ha incluido propuestas de carácter simbólico (18/05/12), intentos de respaldar la declaración de soberanía (15/02/13), y proposiciones de adhesión al Pacte Nacional pel Dret a Decidir (19/07/13). Pese a sus esfuerzos, el hecho es que todas estas mociones fueron rechazadas por el pleno municipal. Absolutamente todas.
En este sentido, me cuesta creer que esta triste estrategia que sólo evidencia la soledad e impotencia de CiU haya nacido en Tarragona. Nuestra ciudad es mayoritariamente catalanista pero no independentista, algo asumido resignadamente por los convergentes locales pero quizás no por sus jefes. Supongo que desde su embargada sede barcelonesa no terminan de admitir que esta pequeña aldea gala siga resistiéndose a sus planes y pretenden someterla por agotamiento. Cabría preguntarse si es éste el plan que CiU nos tiene reservado para ejercer el derecho a decidir: votar, votar y votar hasta que el resultado sea de su agrado. Eso sí, demos por sentado que si algún día logran su objetivo ya no habrá más votaciones: el pueblo habrá hablado y no habrá vuelta atrás.
Por último, convendría recordar la cuestionable forma en que Victòria Forns reaccionó en el pleno ante este nuevo varapalo, revolviéndose de malas maneras contra PSC y PP, y declarando que se había “perpetrado un atentado contra la democracia”. El alcalde Ballesteros no se mordió la lengua en la réplica. “Esta actitud es propia de la Santa Inquisición. Es de las cosas más graves que he oído en un pleno. Lo que se vota aquí es expresión de la voluntad popular. Si no entendemos eso ¿qué coño hacemos aquí?”. Efectivamente, resulta inaudito calificar de atentado contra la democracia la libre decisión de una mayoría cualificadísima de un ayuntamiento legítimamente constituido en la que se rechaza una propuesta que cuestiona el marco legal. De todos modos, deberíamos ser comprensivos con la líder convergente: hace años que a Victòria Forns le están moviendo la silla, su partido está hecho unos zorros desde la visita sorpresa de Oriol Pujol en 2011, las espadas están en todo lo alto por ver quién ocupa los peligrosos puestos seis y siete de las próximas listas municipales... No me gustaría estar en su pellejo.
En cualquier caso, y por mucho que algunos pretendan negarlo, la semana pasada volvió a quedar de manifiesto que Tarragona tiene un perfil político diferenciado. Puede que algún día eso cambie, quién sabe, pero desde luego no se logrará con respuestas destempladas en contra de la voluntad abrumadora de sus representantes.
El pleno del Ajuntament de Tarragona rechazó contundentemente la pasada semana una moción de CiU destinada a lograr la adhesión de nuestro consistorio al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que sólo logró concitar el apoyo externo de la representante de ICV, Arga Sentís. Este sonoro fracaso de los convergentes, uno más, debería ser analizado desde una triple perspectiva: el resultado de la votación, la estrategia en la que se engloba y la reacción posterior.
En primer lugar, parece evidente que la ciudad de Tarragona se ha convertido en una piedra en el zapato de un Artur Mas obsesionado con lograr una marea humana, unánime y homogénea, que avale el giro independentista que ha imprimido a su formación (con efectos electorales devastadores). Nadie debería extrañarse de que la moción soberanista fuera rechazada por el 70% de nuestros representantes locales, ahí es nada, teniendo en cuenta que el único partido relevante que se presentó a las elecciones municipales de 2011 con un ideario claramente independentista, ERC, obtuvo la significativa cifra de cero escaños. Probablemente el segmento de población partidario de la ruptura haya crecido desde entonces, pero Tarragona sigue sin ser independentista, como la propia Victòria Forns reconoció en el debate municipal que nos ocupa.
De todos modos, convendría diferenciar el secesionismo puro y duro (con escaso apoyo en la ciudad) del movimiento en favor del derecho a decidir (con mucho más respaldo) y es éste el punto en que CiU está siendo víctima de su propio planteamiento. Artur Mas ha fingido asumir un papel notarial ante la voluntad de la ciudadanía, cuando realmente pretende ser juez y parte en la cuestión. Es una trampa que el PSC ha detectado a tiempo, y que explica su rechazo a entrar en la dialéctica convergente. En mi opinión, no nos encontramos ante un acto incoherente de los socialistas, que insisten en declararse partidarios de una consulta jurídicamente legal e institucionalmente neutral, sino ante el efecto inevitable del intento del Govern por vender un deseo falsamente aséptico de conocer los deseos de los catalanes mientras conduce al país hacia la independencia mediante una poderosa maquinaria de carácter político (por ejemplo, a través del Consell Assessor per a la Transició Nacional) y sobre todo mediático (último capítulo, el intento de sustituir al neutral Manel Fuentes por la comprometida con la causa Mònica Terribas en Catalunya Radio). CiU es libre de defender este camino, pero resulta ridículo exigir después que el PSC rinda vasallaje servil a su particular forma de entender el proceso.
En segundo lugar, asombra la reiteración con que nuestro Ajuntament ha debatido todo tipo de propuestas sobre la cuestión nacional catalana a lo largo del último año. Aunque no han sido los únicos (recordemos la proposición de ICV sobre un referéndum de reforma constitucional), lo cierto es que los representantes de CiU se han convertido en los reyes de la moción soberanista. Esta incansable y estéril campaña ha incluido propuestas de carácter simbólico (18/05/12), intentos de respaldar la declaración de soberanía (15/02/13), y proposiciones de adhesión al Pacte Nacional pel Dret a Decidir (19/07/13). Pese a sus esfuerzos, el hecho es que todas estas mociones fueron rechazadas por el pleno municipal. Absolutamente todas.
En este sentido, me cuesta creer que esta triste estrategia que sólo evidencia la soledad e impotencia de CiU haya nacido en Tarragona. Nuestra ciudad es mayoritariamente catalanista pero no independentista, algo asumido resignadamente por los convergentes locales pero quizás no por sus jefes. Supongo que desde su embargada sede barcelonesa no terminan de admitir que esta pequeña aldea gala siga resistiéndose a sus planes y pretenden someterla por agotamiento. Cabría preguntarse si es éste el plan que CiU nos tiene reservado para ejercer el derecho a decidir: votar, votar y votar hasta que el resultado sea de su agrado. Eso sí, demos por sentado que si algún día logran su objetivo ya no habrá más votaciones: el pueblo habrá hablado y no habrá vuelta atrás.
Por último, convendría recordar la cuestionable forma en que Victòria Forns reaccionó en el pleno ante este nuevo varapalo, revolviéndose de malas maneras contra PSC y PP, y declarando que se había “perpetrado un atentado contra la democracia”. El alcalde Ballesteros no se mordió la lengua en la réplica. “Esta actitud es propia de la Santa Inquisición. Es de las cosas más graves que he oído en un pleno. Lo que se vota aquí es expresión de la voluntad popular. Si no entendemos eso ¿qué coño hacemos aquí?”. Efectivamente, resulta inaudito calificar de atentado contra la democracia la libre decisión de una mayoría cualificadísima de un ayuntamiento legítimamente constituido en la que se rechaza una propuesta que cuestiona el marco legal. De todos modos, deberíamos ser comprensivos con la líder convergente: hace años que a Victòria Forns le están moviendo la silla, su partido está hecho unos zorros desde la visita sorpresa de Oriol Pujol en 2011, las espadas están en todo lo alto por ver quién ocupa los peligrosos puestos seis y siete de las próximas listas municipales... No me gustaría estar en su pellejo.
En cualquier caso, y por mucho que algunos pretendan negarlo, la semana pasada volvió a quedar de manifiesto que Tarragona tiene un perfil político diferenciado. Puede que algún día eso cambie, quién sabe, pero desde luego no se logrará con respuestas destempladas en contra de la voluntad abrumadora de sus representantes.
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