Una tragedia evitable, otra más

Publicado en el Diari de Tarragona el 11 de noviembre de 2012


La pasada noche de Halloween, una avalancha humana segó la vida de cuatro jóvenes que asistían a una macrofiesta en el Madrid Arena, un pabellón multiusos situado a escasos minutos del centro de la capital española. La tragedia ha causado una indudable conmoción social, y en mi caso particular, un pensamiento constante hacia un buen amigo que padeció un drama similar hace unos pocos años. Una vez más, lo que debía ser una desenfadada celebración musical, acabó convertido en la peor de las pesadillas.

El recinto que acogía el evento pertenece al ayuntamiento madrileño, y es gestionado a través de la empresa municipal Campo de las Naciones. El consistorio había alquilado el local a la empresa DivierTT S.L. cuyo propietario, Miguel Ángel Flores, acumula un dudoso historial como empresario nocturno. A medida que avanza la investigación sobre lo sucedido, comienza a constatarse que en el concierto del DJ Steve Aoki se incumplieron las normas más básicas de seguridad: las características del edificio habían sido objeto de diversos informes negativos en el pasado, el número de entradas vendidas duplicaba el aforo del pabellón, hubo una total falta de previsión a la hora de determinar las necesidades policiales y asistenciales del evento, no existió ningún control de acceso (lo que posibilitó la introducción de bengalas en la sala), se permitió que cerca de tres mil jóvenes accedieran al lugar sin entrada…

Pese a la acumulación de indicios que avalan una actuación municipal negligente (que raya lo delictivo) la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, utilizó su primera comparecencia pública para intentar despejar balones fuera, blindando su posición como si la cosa no fuera con la institución que preside. Sólo se le ocurrió declarar que jamás se volvería a alquilar un inmueble municipal para este tipo de celebraciones, como si el problema fuera la convocatoria de una fiesta y no la bananera forma en que se organizó. Por si fuera poco, mientras todo el país lloraba la muerte de tres chicas y rezaba por la salud de otras dos en estado crítico, la primera edil madrileña no tuvo una mejor idea que escaparse a un Spa de lujo en Portugal para disfrutar de un fin de semana relajante en compañía de su familia, en un derroche de sensibilidad y liderazgo social que pasará a los anales de la historia: piscinas de burbujas y masajes orientales mientras tres familias velaban a sus hijas muertas, otras dos se consumían viendo agonizar a las suyas, y toda una ciudad se preguntaba para qué sirve un ayuntamiento que no puede garantizar la vida de los madrileños en las propias instalaciones municipales.

Como era de esperar, algún medio de comunicación que parece haber jurado vasallaje al expresidente Aznar no dudó en echar un capote a su mujer, desviando el debate hacia el análisis de nuestras costumbres de ocio nocturno. Efectivamente, ya es hora de que examinemos en profundidad por qué gran parte de nuestros adolescentes no conciben la diversión de fin de semana sin excesos etílicos, por qué este país se encuentra a la cabeza continental en el consumo juvenil de cocaína y drogas de diseño, o por qué nuestros menores son –con diferencia- los que más trasnochan en toda Europa. Sin embargo, el intento de crear una cortina de humo mediática con estas discusiones para salvar el pellejo de Ana Botella ante la muerte de cuatro jóvenes, pone en cuestión la calidad profesional y ética de sus responsables. Cristina, Rocío, Katia y Belén no han muerto por salir de madrugada o beber alcohol, sino por la probable negligencia de un ayuntamiento que alquiló un recinto de condiciones dudosas a una empresa con peligrosos antecedentes, sin supervisar a conciencia sus medidas de seguridad, y aportando un respaldo policial manifiestamente insuficiente. Para hacernos una idea, el ayuntamiento madrileño envió esa misma noche cuarenta y dos agentes municipales para cubrir la visita del grupo “One Direction” al programa “El Hormiguero”, mientras la dotación policial para la macrofiesta del Madrid Arena se limitó a catorce guardias.

No es la primera vez que un evento de estas características acaba convertido en una tragedia de funestas dimensiones: ochenta y tres muertos en Alcalá 20 (Madrid, 1983), nueve muertos en el Roskilde Festival (Dinamarca, 2000), cien muertos en The Station (Rhode Island, 2003), ciento noventa y cuatro muertos en la discoteca Cromañón (Buenos Aires, 2004), doce muertos en el New´s Divine (México, 2008), veintiún muertos en el Love Parade (Duisburgo, 2010)… Sin embargo, del mismo modo que el drama de Heysel no supuso la prohibición del fútbol en estadios multitudinarios, este infausto historial no debería llevarnos a cuestionar la propia existencia de las macrofiestas, sino a exigir que éstas se celebren en perfectas condiciones de seguridad para sus asistentes.

Probablemente no hace falta cambiar las normas, basta con cumplirlas. Y en el caso que nos ocupa, si finalmente se demuestra la negligencia de las autoridades públicas, habrá que exigir responsabilidades políticas y jurídicas al máximo nivel, caiga quien caiga. Ana Botella sigue escabulléndose del asunto, mientras pide a la Virgen que ayude a las familias de las víctimas. Haría mejor la alcaldesa si acompañara sus plegarias con una carta de dimisión, pues su penosa gestión de esta catástrofe la ha colocado en una situación insostenible. Diversas informaciones sugieren que la cúpula del PP ha decidido ya, lógicamente, descartarla como próxima candidata al trono madrileño. Qué menos…