Para todo lo demás, Black Card
Publicado en el Diari de Tarragona el 12 de octubre de 2014
El escándalo de las tarjetas opacas usadas por los directivos de la antigua Caja Madrid puede parecer uno de tantos episodios de corrupción que jalonan nuestra historia reciente. Y en cierto modo lo es. Sin embargo, este nuevo cenagal político y financiero tiene el dudoso honor de aglutinar casi todos los ingredientes que han caracterizado una época marcada por el amiguismo, la avaricia, el encubrimiento y el saqueo.
Aunque el asunto se halla todavía en fase de investigación, parece demostrado que los altos cargos de la gran caja madrileña recibían como gratificación -aparte de sus sustanciosos sueldos- unas tarjetas bancarias con cargo a la entidad. Parece tratarse de una práctica relativamente generalizada entre las grandes compañías del país, y que puede resultar perfectamente legal en dos casos concretos: cuando puede acreditarse que se utiliza para gastos de representación inherentes al puesto que ocupa su beneficiario, o cuando forma parte de los honorarios y es declarada como tal ante el fisco.
Sin embargo, ninguna de estas dos circunstancias se daba en el caso que nos ocupa. Los consejeros utilizaban las tarjetas para la adquisición de todo tipo de bienes y servicios (comidas particulares, safaris, joyas, ropa de marca, muebles…) y nadie declaraba presuntamente nada ante Hacienda. Las instrucciones eran sencillas: “esto es para que gastes en lo que quieras, aunque ten cuidado en no pasarte del límite”. Eso sí, parece que el concepto de límite para estos personajes no se parecía mucho al que tenemos el común de los mortales, teniendo en cuenta que varios consejeros cargaron durante estos años cantidades cercanas al medio millón de euros por cabeza.
Evidentemente, el destino al que se dedicaban estas tarjetas era completamente opaco, tanto que ni siquiera los propios beneficiarios tenían acceso al listado de movimientos personal. Como decían Los Bravos, black is black. No en vano, estos desembolsos se compensaban en la cuenta de quebrantos, un recurso contable para hacerlos desaparecer del balance más visible de la entidad. Se ha filtrado que en cierta ocasión el consejero Jesús Pedroche pidió un extracto de su tarjeta a los responsables de la caja, una solicitud que le fue denegada y que provocó el siguiente comentario vía email del presidente Miguel Blesa: “¿Pero de qué va este señor?”. Cuidado, que se nos desmonta el chiringuito.
Como decía, este escándalo constituye un ejemplo paradigmático de la orgía económica que ha rodeado a nuestras clases dirigentes durante los últimos años. Son varias las características que convierten este caso en un modelo digno de estudio para aquellos que en el futuro deseen conocer el estercolero en que algunos han convertido nuestra joven e inexperta democracia.
1.- Nepotismo: durante esta época han sido numerosos los compañeros de pupitre y amiguitos del alma que han terminado dirigiendo empresas estratégicas de la órbita pública por el mero hecho de mantener cierta cercanía personal con los líderes políticos. Es el caso de Miguel Blesa, máximo responsable de esta trama, un inspector de hacienda que logró tripular durante casi quince años una de las mayores entidades financieras españolas gracias a su antigua amistad con José María Aznar.
2.- Transversalidad: el saqueo económico que las élites políticas han protagonizado durante las últimas décadas no conoce ideologías ni banderas: partidos de derechas y de izquierdas, dirigentes nacionalistas, sindicalistas subvencionados, empresarios del BOE… Nadie se libra. Las tarjetas black son un buen ejemplo de esta situación, con un listado de implicados que representaban a todo tipo de organizaciones: PP, PSOE, IU, UGT, CCOO, CEIM… Hasta el antiguo jefe de la casa del Rey, Rafael Spottorno, ha tenido que dimitir como consejero de Felipe VI por este escándalo.
3.- Complicidad: los fenómenos de corrupción que afectan a personajes tan variopintos y numerosos (estamos hablando de ochenta y siete consejeros) sólo pueden mantenerse en el tiempo gracias a una implacable ley del silencio basada en el viejo chiste del dentista: ¿verdad que no nos vamos a hacer daño? Esta omertà ha permitido, por ejemplo, que miles de políticos hayan percibido comisiones durante años por la adjudicación de obras públicas sin que nadie se haya atrevido a tirar de la manta.
4.- Expolio: detrás de estos casos siempre hay fondos públicos, un pozo aparentemente sin fondo donde todos lanzan el cubo. Como dijo Carmen Calvo, ministra socialista de Cultura, “el dinero público no es de nadie”. Las cajas de ahorros fueron en su día un experimento bienintencionado, basado en un modelo a medio camino entre las empresas privadas y las públicas, que terminó sufriendo los vicios de unas (sueldos estratosféricos, blindaje de directivos…) y de otras (sumisión a la ineptitud de los políticos, elefantiasis estructural, inviabilidad financiera…). Y así han acabado casi todas, rescatadas con nuestros impuestos.
Llevamos meses escuchando a políticos, sindicalistas y empresarios descalificando públicamente a aquellos que denuncian la existencia de una “casta” que dirige el país de forma torpe, egoísta e impune. Para aquellos que aún albergaban alguna duda al respecto, esta semana hemos comprobado que la casta existe, y en Caja Madrid pagaba con tarjetas negras. No seré yo quien niegue la demagogia que empapa el discurso de Podemos, ni el descarado altavoz que determinados medios de comunicación les han brindado. Sin embargo, algunos deberían hacer examen de conciencia y reconocer que el principal arsenal dialéctico del que dispone Pablo Iglesias ha sido pertinazmente abastecido con las conductas indecentes de algunas organizaciones cómodamente apoltronadas en la cúspide del sistema.
El escándalo de las tarjetas opacas usadas por los directivos de la antigua Caja Madrid puede parecer uno de tantos episodios de corrupción que jalonan nuestra historia reciente. Y en cierto modo lo es. Sin embargo, este nuevo cenagal político y financiero tiene el dudoso honor de aglutinar casi todos los ingredientes que han caracterizado una época marcada por el amiguismo, la avaricia, el encubrimiento y el saqueo.
Aunque el asunto se halla todavía en fase de investigación, parece demostrado que los altos cargos de la gran caja madrileña recibían como gratificación -aparte de sus sustanciosos sueldos- unas tarjetas bancarias con cargo a la entidad. Parece tratarse de una práctica relativamente generalizada entre las grandes compañías del país, y que puede resultar perfectamente legal en dos casos concretos: cuando puede acreditarse que se utiliza para gastos de representación inherentes al puesto que ocupa su beneficiario, o cuando forma parte de los honorarios y es declarada como tal ante el fisco.
Sin embargo, ninguna de estas dos circunstancias se daba en el caso que nos ocupa. Los consejeros utilizaban las tarjetas para la adquisición de todo tipo de bienes y servicios (comidas particulares, safaris, joyas, ropa de marca, muebles…) y nadie declaraba presuntamente nada ante Hacienda. Las instrucciones eran sencillas: “esto es para que gastes en lo que quieras, aunque ten cuidado en no pasarte del límite”. Eso sí, parece que el concepto de límite para estos personajes no se parecía mucho al que tenemos el común de los mortales, teniendo en cuenta que varios consejeros cargaron durante estos años cantidades cercanas al medio millón de euros por cabeza.
Evidentemente, el destino al que se dedicaban estas tarjetas era completamente opaco, tanto que ni siquiera los propios beneficiarios tenían acceso al listado de movimientos personal. Como decían Los Bravos, black is black. No en vano, estos desembolsos se compensaban en la cuenta de quebrantos, un recurso contable para hacerlos desaparecer del balance más visible de la entidad. Se ha filtrado que en cierta ocasión el consejero Jesús Pedroche pidió un extracto de su tarjeta a los responsables de la caja, una solicitud que le fue denegada y que provocó el siguiente comentario vía email del presidente Miguel Blesa: “¿Pero de qué va este señor?”. Cuidado, que se nos desmonta el chiringuito.
Como decía, este escándalo constituye un ejemplo paradigmático de la orgía económica que ha rodeado a nuestras clases dirigentes durante los últimos años. Son varias las características que convierten este caso en un modelo digno de estudio para aquellos que en el futuro deseen conocer el estercolero en que algunos han convertido nuestra joven e inexperta democracia.
1.- Nepotismo: durante esta época han sido numerosos los compañeros de pupitre y amiguitos del alma que han terminado dirigiendo empresas estratégicas de la órbita pública por el mero hecho de mantener cierta cercanía personal con los líderes políticos. Es el caso de Miguel Blesa, máximo responsable de esta trama, un inspector de hacienda que logró tripular durante casi quince años una de las mayores entidades financieras españolas gracias a su antigua amistad con José María Aznar.
2.- Transversalidad: el saqueo económico que las élites políticas han protagonizado durante las últimas décadas no conoce ideologías ni banderas: partidos de derechas y de izquierdas, dirigentes nacionalistas, sindicalistas subvencionados, empresarios del BOE… Nadie se libra. Las tarjetas black son un buen ejemplo de esta situación, con un listado de implicados que representaban a todo tipo de organizaciones: PP, PSOE, IU, UGT, CCOO, CEIM… Hasta el antiguo jefe de la casa del Rey, Rafael Spottorno, ha tenido que dimitir como consejero de Felipe VI por este escándalo.
3.- Complicidad: los fenómenos de corrupción que afectan a personajes tan variopintos y numerosos (estamos hablando de ochenta y siete consejeros) sólo pueden mantenerse en el tiempo gracias a una implacable ley del silencio basada en el viejo chiste del dentista: ¿verdad que no nos vamos a hacer daño? Esta omertà ha permitido, por ejemplo, que miles de políticos hayan percibido comisiones durante años por la adjudicación de obras públicas sin que nadie se haya atrevido a tirar de la manta.
4.- Expolio: detrás de estos casos siempre hay fondos públicos, un pozo aparentemente sin fondo donde todos lanzan el cubo. Como dijo Carmen Calvo, ministra socialista de Cultura, “el dinero público no es de nadie”. Las cajas de ahorros fueron en su día un experimento bienintencionado, basado en un modelo a medio camino entre las empresas privadas y las públicas, que terminó sufriendo los vicios de unas (sueldos estratosféricos, blindaje de directivos…) y de otras (sumisión a la ineptitud de los políticos, elefantiasis estructural, inviabilidad financiera…). Y así han acabado casi todas, rescatadas con nuestros impuestos.
Llevamos meses escuchando a políticos, sindicalistas y empresarios descalificando públicamente a aquellos que denuncian la existencia de una “casta” que dirige el país de forma torpe, egoísta e impune. Para aquellos que aún albergaban alguna duda al respecto, esta semana hemos comprobado que la casta existe, y en Caja Madrid pagaba con tarjetas negras. No seré yo quien niegue la demagogia que empapa el discurso de Podemos, ni el descarado altavoz que determinados medios de comunicación les han brindado. Sin embargo, algunos deberían hacer examen de conciencia y reconocer que el principal arsenal dialéctico del que dispone Pablo Iglesias ha sido pertinazmente abastecido con las conductas indecentes de algunas organizaciones cómodamente apoltronadas en la cúspide del sistema.
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