Salvar al alcalde Ryan
Publicado en el Diari de Tarragona el 6 de julio de 2014
Apenas queda un año para que se celebren en España elecciones generales, autonómicas y municipales. La única referencia fiable sobre la evolución del voto, encuestas al margen, son los resultados de las últimas europeas, un serio aviso para los partidos que se han repartido el poder en nuestra joven democracia: PP, PSOE y CiU.
Por un lado tenemos a los socialistas en estado crítico, intentando estabilizar sus constantes vitales a través de una renovación con tintes de refundación que probablemente termine siendo más cosmética que sustancial (Madina y Sánchez representan al antiguo y al nuevo aparato respectivamente, y las posibilidades de Pérez Tapias parecen limitadas). Por su parte, la federación nacionalista catalana se ha metido en un jardín ideológico cada vez más espeso con letales efectos electorales, una situación inédita en décadas que puede verse agravada con la posible ruptura de la coalición. Por último, el descontento provocado por la gestión de la crisis por parte del PP ha abierto profundas heridas en la clase media que ni siquiera la conocida amnesia política española logrará cerrar en los pocos meses que restan para acudir a las urnas.
Rajoy se va a ver obligado a presentarse ante los electores con una única medalla en la solapa: haber evitado el rescate total de nuestra economía. Por mucho que pretendan sumergirnos en una ciénaga de propaganda, y pese a los innegables datos positivos de afiliación, es radicalmente falso que estemos recuperando el empleo perdido durante los últimos tiempos: lo que estamos viviendo es la sustitución progresiva de puestos de trabajo estables y bien remunerados, por otros que numéricamente cuentan igual a efectos estadísticos, pero que son temporalmente inestables, salarialmente miserables, y legalmente precarios. ¿Acaso deberíamos celebrarlo? Por otro lado, brilla por su ausencia la presunta lucha decidida de los populares contra de la corrupción dentro de sus propias filas. ¿Cómo es posible que la alcaldesa de Alicante siga contando con el respaldo de Génova? Ni siquiera la macroeconomía da un respiro al ejecutivo, que se verá obligado a levantar enormes cortinas de humo para ocultar una deuda pública que se acerca peligrosamente al 100% del PIB y un fondo de reserva saqueado por la Moncloa (en palabras de Der Spiegel). ¿Y la promesa de bajar impuestos? La presión fiscal el próximo año será notablemente mayor que en 2011, pese a una bajada del IRPF cuya supuesta universalidad ha sido desmontada por Funcas (el recurso propagandístico de bajar tipos y subir bases es más viejo que ir a pie). Eso sí, la reforma entrará en vigor en 2015 (a tiempo para pasearlo por los mítines) pero no conoceremos su repercusión definitiva en nuestros bolsillos hasta su liquidación en 2016 (cuando las elecciones ya hayan pasado).
A Rajoy sólo le ha salido un amigo capaz de salvarle las próximas elecciones generales: Pablo Iglesias. Por paradójico que pueda parecer, la irrupción de Podemos está obligando al PSOE a radicalizar su mensaje si no quiere desangrarse electoralmente por la izquierda (no hay más que ver la campaña de primarias socialista), lo que despejará el terreno a los populares para pescar votos en el centro político. Ferraz ha intuido la jugada y está evitando referirse a Iglesias, mientras los dirigentes más astutos del PP han acentuado sus ataques a Podemos para obligar a los socialistas a optar entre la revolución o el sistema. Puede que la marea de extrema izquierda termine haciendo con el PSOE lo que el movimiento soberanista ha hecho con el PSC: matarlo de indecisión.
Pero la batalla no se libra sólo en las generales. Los nervios del PP por su imparable caída electoral se han reflejado a nivel municipal en una iniciativa para instaurar la designación directa como alcalde del candidato más votado. En mi opinión, es perfectamente discutible si el actual modelo es mejor o peor que el que se pretende instaurar, pero escama el intento de alterar el sistema electoral a un año de los comicios en claro beneficio del partido en el gobierno. Para hacernos una idea, según un reciente estudio centrado en las capitales de provincia, si trasladásemos los resultados europeos a unas eventuales elecciones municipales, el PP sólo tendría garantizadas las alcaldías de Ceuta y Melilla, mientras la reforma salvaría el pellejo a casi cuarenta alcaldes populares actualmente en el poder.
Para colmo, el planteamiento inicial del PP, la designación directa pura y dura, podría provocar situaciones ciertamente problemáticas. Imaginemos que en un ayuntamiento el 20% de los concejales son de Podemos, el 25% de IU, el 25% del PSOE, y el 30% del PP. ¿Es lógico que esa población sea gobernada por la derecha? ¿Sería posible gestionar un consistorio en esas condiciones? Ahora hablan de un “plus de mayoría” a partir del 40% de los votos. En fin… Comparto plenamente las reflexiones de Jesús Posada, probablemente el dirigente más sensato y razonable del PP, cuando señala que la elección directa como alcalde del candidato más votado exige un sistema a doble vuelta para resultar razonable.
En cualquier caso, abrir el melón del sistema electoral para una cuestión tan puntual en vísperas de elecciones no parece muy acertado, sobre todo cuando padecemos un modelo de participación cuestionable que debería revisarse de arriba a abajo. Reforma sí, pero con calma, perspectiva y consenso. Tal y como sucedió con el atolondrado aforamiento del Rey Juan Carlos, las prisas para cambiar las reglas del juego son siempre sospechosas.
Apenas queda un año para que se celebren en España elecciones generales, autonómicas y municipales. La única referencia fiable sobre la evolución del voto, encuestas al margen, son los resultados de las últimas europeas, un serio aviso para los partidos que se han repartido el poder en nuestra joven democracia: PP, PSOE y CiU.
Por un lado tenemos a los socialistas en estado crítico, intentando estabilizar sus constantes vitales a través de una renovación con tintes de refundación que probablemente termine siendo más cosmética que sustancial (Madina y Sánchez representan al antiguo y al nuevo aparato respectivamente, y las posibilidades de Pérez Tapias parecen limitadas). Por su parte, la federación nacionalista catalana se ha metido en un jardín ideológico cada vez más espeso con letales efectos electorales, una situación inédita en décadas que puede verse agravada con la posible ruptura de la coalición. Por último, el descontento provocado por la gestión de la crisis por parte del PP ha abierto profundas heridas en la clase media que ni siquiera la conocida amnesia política española logrará cerrar en los pocos meses que restan para acudir a las urnas.
Rajoy se va a ver obligado a presentarse ante los electores con una única medalla en la solapa: haber evitado el rescate total de nuestra economía. Por mucho que pretendan sumergirnos en una ciénaga de propaganda, y pese a los innegables datos positivos de afiliación, es radicalmente falso que estemos recuperando el empleo perdido durante los últimos tiempos: lo que estamos viviendo es la sustitución progresiva de puestos de trabajo estables y bien remunerados, por otros que numéricamente cuentan igual a efectos estadísticos, pero que son temporalmente inestables, salarialmente miserables, y legalmente precarios. ¿Acaso deberíamos celebrarlo? Por otro lado, brilla por su ausencia la presunta lucha decidida de los populares contra de la corrupción dentro de sus propias filas. ¿Cómo es posible que la alcaldesa de Alicante siga contando con el respaldo de Génova? Ni siquiera la macroeconomía da un respiro al ejecutivo, que se verá obligado a levantar enormes cortinas de humo para ocultar una deuda pública que se acerca peligrosamente al 100% del PIB y un fondo de reserva saqueado por la Moncloa (en palabras de Der Spiegel). ¿Y la promesa de bajar impuestos? La presión fiscal el próximo año será notablemente mayor que en 2011, pese a una bajada del IRPF cuya supuesta universalidad ha sido desmontada por Funcas (el recurso propagandístico de bajar tipos y subir bases es más viejo que ir a pie). Eso sí, la reforma entrará en vigor en 2015 (a tiempo para pasearlo por los mítines) pero no conoceremos su repercusión definitiva en nuestros bolsillos hasta su liquidación en 2016 (cuando las elecciones ya hayan pasado).
A Rajoy sólo le ha salido un amigo capaz de salvarle las próximas elecciones generales: Pablo Iglesias. Por paradójico que pueda parecer, la irrupción de Podemos está obligando al PSOE a radicalizar su mensaje si no quiere desangrarse electoralmente por la izquierda (no hay más que ver la campaña de primarias socialista), lo que despejará el terreno a los populares para pescar votos en el centro político. Ferraz ha intuido la jugada y está evitando referirse a Iglesias, mientras los dirigentes más astutos del PP han acentuado sus ataques a Podemos para obligar a los socialistas a optar entre la revolución o el sistema. Puede que la marea de extrema izquierda termine haciendo con el PSOE lo que el movimiento soberanista ha hecho con el PSC: matarlo de indecisión.
Pero la batalla no se libra sólo en las generales. Los nervios del PP por su imparable caída electoral se han reflejado a nivel municipal en una iniciativa para instaurar la designación directa como alcalde del candidato más votado. En mi opinión, es perfectamente discutible si el actual modelo es mejor o peor que el que se pretende instaurar, pero escama el intento de alterar el sistema electoral a un año de los comicios en claro beneficio del partido en el gobierno. Para hacernos una idea, según un reciente estudio centrado en las capitales de provincia, si trasladásemos los resultados europeos a unas eventuales elecciones municipales, el PP sólo tendría garantizadas las alcaldías de Ceuta y Melilla, mientras la reforma salvaría el pellejo a casi cuarenta alcaldes populares actualmente en el poder.
Para colmo, el planteamiento inicial del PP, la designación directa pura y dura, podría provocar situaciones ciertamente problemáticas. Imaginemos que en un ayuntamiento el 20% de los concejales son de Podemos, el 25% de IU, el 25% del PSOE, y el 30% del PP. ¿Es lógico que esa población sea gobernada por la derecha? ¿Sería posible gestionar un consistorio en esas condiciones? Ahora hablan de un “plus de mayoría” a partir del 40% de los votos. En fin… Comparto plenamente las reflexiones de Jesús Posada, probablemente el dirigente más sensato y razonable del PP, cuando señala que la elección directa como alcalde del candidato más votado exige un sistema a doble vuelta para resultar razonable.
En cualquier caso, abrir el melón del sistema electoral para una cuestión tan puntual en vísperas de elecciones no parece muy acertado, sobre todo cuando padecemos un modelo de participación cuestionable que debería revisarse de arriba a abajo. Reforma sí, pero con calma, perspectiva y consenso. Tal y como sucedió con el atolondrado aforamiento del Rey Juan Carlos, las prisas para cambiar las reglas del juego son siempre sospechosas.
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