El umbral de lo admisible
Publicado en el Diari de Tarragona el 13 de julio de 2014
Uno de los factores clave que permite diferenciar una democracia occidental de una república bananera es la sensación de seguridad y previsibilidad que el poder público transmite hacia los ciudadanos en todo tipo de ámbitos: en el campo jurídico, en el tráfico económico, en la integridad física, etc. Podríamos decir que se trata de una relación basada en la reciprocidad: los ciudadanos avalan la continuidad del sistema en la medida que éste asume como propia la lucha contra determinadas situaciones que se consideran inadmisibles. Y al revés: cuando el aparato público deja de ofrecer garantías a los ciudadanos para que puedan disfrutar de una vida digna, aumentan exponencialmente las posibilidades de que el pueblo ofrezca su espalda al sistema.
Todas las encuestas coinciden al afirmar que uno de los principales motores del seísmo electoral de los últimos meses tiene su origen en la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones que rigen nuestro país, incluidos los organismos que velan por el correcto desarrollo del sistema. Un simple vistazo a varios acontecimientos que hemos vivido durante los últimos días invita a pensar que dicha suspicacia está más que justificada.
La madrugada del pasado domingo, el consejo de administración de Gowex comunicaba a los responsables del Mercado Alternativo Bursátil la dimisión de su consejero delegado tras haber falseando las cuentas de la compañía durante los últimos cuatro años. La semana anterior Gotham City Research desvelaba en un informe que el 90% de los ingresos declarados por la firma de wifi eran radicalmente falsos. ¿Dónde estaban los supervisores encargados de evitar la repetición de casos como Terra, Gescartera, Forum, Afinsa, Cajamadrid, Pescanova...? Horas después comparecía Luis María Linde para realizar unas jugosas declaraciones: “yo de Gowex no sé nada, ni siquiera sabía que existiese esa empresa”. Como repite un personaje de Hotel Transylvania, a mí que me registren. Siempre es bueno saber que el Gobernador del BdE desconoce la existencia de compañías españolas valoradas en 1.400 millones de euros... Y añadió: “de todas formas, no es un hecho muy importante”. Todos tranquilos que aquí no pasa nada. Así nos va.
Una actitud similar intentaron mantener los responsables de AENA, ese mismo fin de semana, ante la difusión de las imágenes de un aterrizaje abortado en el aeropuerto de El Prat. En el vídeo grabado por un particular se observa cómo una aeronave de la compañía rusa UTair se ve obligada a realizar una forzada maniobra de Go-Around al observar a un avión de Aerolíneas Argentinas cruzando la pista donde debía aterrizar. Primeras declaraciones oficiales: “no hubo riesgo en ningún momento ya que ambos aviones estaban donde tenían que estar”. Aun así, una entrevista al copiloto ruso Kirill Kuzmin, donde afirmaba que la torre pidió a la aeronave argentina que esperase al aterrizaje ruso para cruzar la pista, ha obligado a AENA a encargar una investigación. ¿Qué habría sucedido si el videoaficionado no hubiera captado el incidente? Resulta inquietante confiar tu vida a alguien que considera asumible que las pistas de un aeropuerto parezcan las calles de Bombay. Curioso sentido de la normalidad.
Algo parecido se podría decir sobre los jueces de la Audiencia Nacional que absolvieron el lunes a los diecinueve detenidos que participaron en los disturbios del Parlament en junio de 2011. Parece que al tribunal le pareció normal que un grupo de violentos impidiera físicamente la reunión de los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos. Según la sentencia exculpatoria, se deben admitir algunos excesos en la libertad de expresión cuando hay dificultad para hacerse oír. ¿Dificultad? ¿En qué cueva vivían esos magistrados cuando todos los medios de comunicación informaban sin descanso sobre las asambleas del 15M? ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando se considera legítimo impedir por la fuerza el normal funcionamiento de las instituciones democráticas? Eso sí, el joven que acosó a Montserrat Tura ha sucumbido sin contemplaciones al implacable peso de la ley: se le condena (redoble de tambores) a permanecer localizable durante cuatro días. Ríete tú de la sharia iraní…
Durante la mañana siguiente a la publicación de la sentencia, el presidente del Tribunal de Cuentas compareció en el Congreso para explicar el asombroso nivel de parentesco detectado entre los trabajadores de esta institución. Ramón Álvarez de Miranda fue incapaz de negar las informaciones publicadas por el diario El País, que revelaban que una alarmante proporción de la plantilla mantiene o había mantenido vínculos familiares. Aun así se defendió recurriendo a algún que otro clavo ardiendo, por ejemplo al señalar que muchas de estas relaciones habían nacido con posterioridad al ingreso en el organismo. Es decir, que el Tribunal de Cuentas funciona como el crucero de Vacaciones en el Mar, recibiendo a cientos de perfectos desconocidos que con el roce se emparejan y terminan pasando por la vicaría. ¿Qué les ponen en el café?
Somos muchos los ciudadanos crecientemente preocupados al observar cómo el concepto de normalidad que manejan algunas instituciones dista mucho del nuestro, un fenómeno inquietante que debería atajarse para evitar que la desafección hacia el sistema se torne irreversible. En cualquier país civilizado la tolerancia o pasividad ante la estafa de Gowex, el incidente de El Prat, la coacción impune a los parlamentarios y la endogamia del Tribunal de Cuentas, habrían sido motivo suficiente para la exigencia de responsabilidades al máximo nivel. El problema es que, en España, eso sí que no es normal.
Uno de los factores clave que permite diferenciar una democracia occidental de una república bananera es la sensación de seguridad y previsibilidad que el poder público transmite hacia los ciudadanos en todo tipo de ámbitos: en el campo jurídico, en el tráfico económico, en la integridad física, etc. Podríamos decir que se trata de una relación basada en la reciprocidad: los ciudadanos avalan la continuidad del sistema en la medida que éste asume como propia la lucha contra determinadas situaciones que se consideran inadmisibles. Y al revés: cuando el aparato público deja de ofrecer garantías a los ciudadanos para que puedan disfrutar de una vida digna, aumentan exponencialmente las posibilidades de que el pueblo ofrezca su espalda al sistema.
Todas las encuestas coinciden al afirmar que uno de los principales motores del seísmo electoral de los últimos meses tiene su origen en la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones que rigen nuestro país, incluidos los organismos que velan por el correcto desarrollo del sistema. Un simple vistazo a varios acontecimientos que hemos vivido durante los últimos días invita a pensar que dicha suspicacia está más que justificada.
La madrugada del pasado domingo, el consejo de administración de Gowex comunicaba a los responsables del Mercado Alternativo Bursátil la dimisión de su consejero delegado tras haber falseando las cuentas de la compañía durante los últimos cuatro años. La semana anterior Gotham City Research desvelaba en un informe que el 90% de los ingresos declarados por la firma de wifi eran radicalmente falsos. ¿Dónde estaban los supervisores encargados de evitar la repetición de casos como Terra, Gescartera, Forum, Afinsa, Cajamadrid, Pescanova...? Horas después comparecía Luis María Linde para realizar unas jugosas declaraciones: “yo de Gowex no sé nada, ni siquiera sabía que existiese esa empresa”. Como repite un personaje de Hotel Transylvania, a mí que me registren. Siempre es bueno saber que el Gobernador del BdE desconoce la existencia de compañías españolas valoradas en 1.400 millones de euros... Y añadió: “de todas formas, no es un hecho muy importante”. Todos tranquilos que aquí no pasa nada. Así nos va.
Una actitud similar intentaron mantener los responsables de AENA, ese mismo fin de semana, ante la difusión de las imágenes de un aterrizaje abortado en el aeropuerto de El Prat. En el vídeo grabado por un particular se observa cómo una aeronave de la compañía rusa UTair se ve obligada a realizar una forzada maniobra de Go-Around al observar a un avión de Aerolíneas Argentinas cruzando la pista donde debía aterrizar. Primeras declaraciones oficiales: “no hubo riesgo en ningún momento ya que ambos aviones estaban donde tenían que estar”. Aun así, una entrevista al copiloto ruso Kirill Kuzmin, donde afirmaba que la torre pidió a la aeronave argentina que esperase al aterrizaje ruso para cruzar la pista, ha obligado a AENA a encargar una investigación. ¿Qué habría sucedido si el videoaficionado no hubiera captado el incidente? Resulta inquietante confiar tu vida a alguien que considera asumible que las pistas de un aeropuerto parezcan las calles de Bombay. Curioso sentido de la normalidad.
Algo parecido se podría decir sobre los jueces de la Audiencia Nacional que absolvieron el lunes a los diecinueve detenidos que participaron en los disturbios del Parlament en junio de 2011. Parece que al tribunal le pareció normal que un grupo de violentos impidiera físicamente la reunión de los representantes democráticamente elegidos por los ciudadanos. Según la sentencia exculpatoria, se deben admitir algunos excesos en la libertad de expresión cuando hay dificultad para hacerse oír. ¿Dificultad? ¿En qué cueva vivían esos magistrados cuando todos los medios de comunicación informaban sin descanso sobre las asambleas del 15M? ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando se considera legítimo impedir por la fuerza el normal funcionamiento de las instituciones democráticas? Eso sí, el joven que acosó a Montserrat Tura ha sucumbido sin contemplaciones al implacable peso de la ley: se le condena (redoble de tambores) a permanecer localizable durante cuatro días. Ríete tú de la sharia iraní…
Durante la mañana siguiente a la publicación de la sentencia, el presidente del Tribunal de Cuentas compareció en el Congreso para explicar el asombroso nivel de parentesco detectado entre los trabajadores de esta institución. Ramón Álvarez de Miranda fue incapaz de negar las informaciones publicadas por el diario El País, que revelaban que una alarmante proporción de la plantilla mantiene o había mantenido vínculos familiares. Aun así se defendió recurriendo a algún que otro clavo ardiendo, por ejemplo al señalar que muchas de estas relaciones habían nacido con posterioridad al ingreso en el organismo. Es decir, que el Tribunal de Cuentas funciona como el crucero de Vacaciones en el Mar, recibiendo a cientos de perfectos desconocidos que con el roce se emparejan y terminan pasando por la vicaría. ¿Qué les ponen en el café?
Somos muchos los ciudadanos crecientemente preocupados al observar cómo el concepto de normalidad que manejan algunas instituciones dista mucho del nuestro, un fenómeno inquietante que debería atajarse para evitar que la desafección hacia el sistema se torne irreversible. En cualquier país civilizado la tolerancia o pasividad ante la estafa de Gowex, el incidente de El Prat, la coacción impune a los parlamentarios y la endogamia del Tribunal de Cuentas, habrían sido motivo suficiente para la exigencia de responsabilidades al máximo nivel. El problema es que, en España, eso sí que no es normal.
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