Procedan con cuidado
Publicado en el Diari de Tarragona el 13 de octubre de 2013
La presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, presentó el pasado lunes en Madrid una propuesta ante la dirección popular para reformar el sistema de financiación de Catalunya mediante un modelo que estableciera ciertos límites a la mal llamada solidaridad. Digo mal llamada porque, tal y como señala la RAE, la solidaridad es la “adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”, es decir, que es un decisión propia (no un imperativo legal) y de carácter temporal (no un trasvase de fondos sistemático e indefinido). En cualquier caso, el planteamiento de la dirigente catalana asumía lo que habitualmente conocemos como principio de ordinalidad, que dicho llanamente consiste en impedir por ley que las autonomías donantes terminen en peor situación que las receptoras tras la aportación. La inexistencia de este tipo de techos, habituales en otros sistemas de financiación de corte federal, provoca que las comunidades que más aportan per cápita como Madrid o Catalunya dispongan habitualmente de menos recursos por habitante que las que reciben dichas cantidades como Andalucía o Extremadura. Así se explica, por ejemplo, que José Antonio Monago pueda bajar sus impuestos mientras los ciudadanos de autonomías aportantes netas siguen fiscalmente estrangulados.
Tras una clarificadora entrevista en la Cadena Ser, la presidenta de los populares catalanes acudió ante el sanedrín popular a pecho descubierto, casi como las espontáneas acróbatas de Femen, provocando un terremoto en las tertulias de la caverna que deja los temblores del Castor a la altura del betún. También saltaron chispas en su propio partido, especialmente entre algunos histriónicos barones populares. Como botón de muestra, el mencionado presidente de Extremadura (probablemente el mayor bocazas que ha dado esa bella región al mundo desde la jubilación de Rodríguez Ibarra) llegó a diagnosticar un “síndrome de Estocolmo” a su presunta correligionaria.
Dudo sinceramente que nos encontremos ante a una repentina conversión ideológica de la clienta más dicharachera de La Camarga, sino más bien ante una manifestación del instinto de supervivencia frente a la progresiva intrascendencia de los populares en Catalunya (las últimas encuestas los colocan al borde del desahucio electoral). Pocas veces un dirigente del PPC había hablado con tanta claridad sobre el futuro que les espera si permanecen observando el movimiento soberanista como la vaca que ve pasar el tren. “El PP a nivel nacional debe tener el liderazgo para dar alternativa y solución al problema en Catalunya porque las cosas no se pueden quedar como están. No podemos estar sin hacer nada, se debe impulsar una modificación profunda del modelo de financiación. Estamos en una etapa nueva de nuestro proceso democrático: una nueva transición debe iniciarse ahora”. Ahí queda eso.
Supongo que no fui el único que sufrió un ataque de perplejidad ante las nítidas palabras de Sánchez Camacho. Asombraban esas palabras en boca de una dirigente obediente y de bajo perfil político, designada dedocráticamente por Rajoy a su imagen y semejanza: ni chicha ni limoná. En concreto, sobre la cuestión territorial, no destacaba por su férrea oposición al catalanismo como Vidas-Quadras, pero tampoco coqueteaba con el nacionalismo como Josep Piqué. Podríamos encontrar equivalencias con el reciente relevo de Antonio Basagoiti en el PP vasco, cuando el aparato eligió a Arantza Quiroga como una solución de compromiso entre los duros del partido (Jaime Mayor, Santiago Abascal, María San Gil) y el sector más aperturista (Iñaki Oyarzabal, Borja Sémper, Javier Maroto). Teniendo en cuenta que la presidenta del PPC no destaca por su rebeldía frente a Génova, ¿cómo debe interpretarse el portazo que recibió entre sus homólogos de otras comunidades?
En algunos foros se ha especulado con diferentes hipótesis. Por un lado, es posible que Rajoy estuviese al margen de la cacería contra Sánchez Camacho, viéndose posteriormente obligado a tolerarla mediante silencio administrativo para no abrir nuevos frentes dentro de su propia formación. Por el contrario, también cabe que fuera el propio presidente del gobierno el que lanzara a los barones autonómicos contra la dirigente catalana para mostrar que su inmovilismo no es una opción personal suya sino la posición unánime del partido. Incluso hay quien sospecha que todo fue una teatralización para reafirmar a la candidata popular ante su electorado como la defensora de los intereses catalanes, mientras Rajoy podía presumir de no haber cedido ante las presiones nacionalistas. Sea cual sea el trasfondo real del episodio, dudo mucho que esta opereta haya reducido la tensión secesionista: más bien todo lo contrario. El portazo del lunes invita a pensar que el gobierno no está dispuesto a mover un dedo por evitar el choque de trenes, una percepción muy peligrosa en las actuales circunstancias. A nadie le interesa la opinión personal de Sánchez Camacho, pues en la práctica una propuesta del PPC sin el aval de la Moncloa resulta completamente irrelevante. ¿A qué están jugando?
Ya es hora de poner las cartas sobre la mesa. Del mismo modo que se exige a los partidos independentistas una hoja de ruta clara y viable sobre el futuro que nos proponen, debe reclamarse a las formaciones constitucionalistas un planteamiento transparente y factible sobre el proyecto político y fiscal que prevén para Catalunya. Señores del PP, como dijo el pasado miércoles el estupefacto Jesús Posada a los ujieres del Congreso, “procedan con cuidado”. Lo que está en juego trasciende unas simples elecciones, y resolverlo exigirá un derroche de prudencia, perspectiva e inteligencia. Tonterías las justas: no está el horno para bollos.
La presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, presentó el pasado lunes en Madrid una propuesta ante la dirección popular para reformar el sistema de financiación de Catalunya mediante un modelo que estableciera ciertos límites a la mal llamada solidaridad. Digo mal llamada porque, tal y como señala la RAE, la solidaridad es la “adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”, es decir, que es un decisión propia (no un imperativo legal) y de carácter temporal (no un trasvase de fondos sistemático e indefinido). En cualquier caso, el planteamiento de la dirigente catalana asumía lo que habitualmente conocemos como principio de ordinalidad, que dicho llanamente consiste en impedir por ley que las autonomías donantes terminen en peor situación que las receptoras tras la aportación. La inexistencia de este tipo de techos, habituales en otros sistemas de financiación de corte federal, provoca que las comunidades que más aportan per cápita como Madrid o Catalunya dispongan habitualmente de menos recursos por habitante que las que reciben dichas cantidades como Andalucía o Extremadura. Así se explica, por ejemplo, que José Antonio Monago pueda bajar sus impuestos mientras los ciudadanos de autonomías aportantes netas siguen fiscalmente estrangulados.
Tras una clarificadora entrevista en la Cadena Ser, la presidenta de los populares catalanes acudió ante el sanedrín popular a pecho descubierto, casi como las espontáneas acróbatas de Femen, provocando un terremoto en las tertulias de la caverna que deja los temblores del Castor a la altura del betún. También saltaron chispas en su propio partido, especialmente entre algunos histriónicos barones populares. Como botón de muestra, el mencionado presidente de Extremadura (probablemente el mayor bocazas que ha dado esa bella región al mundo desde la jubilación de Rodríguez Ibarra) llegó a diagnosticar un “síndrome de Estocolmo” a su presunta correligionaria.
Dudo sinceramente que nos encontremos ante a una repentina conversión ideológica de la clienta más dicharachera de La Camarga, sino más bien ante una manifestación del instinto de supervivencia frente a la progresiva intrascendencia de los populares en Catalunya (las últimas encuestas los colocan al borde del desahucio electoral). Pocas veces un dirigente del PPC había hablado con tanta claridad sobre el futuro que les espera si permanecen observando el movimiento soberanista como la vaca que ve pasar el tren. “El PP a nivel nacional debe tener el liderazgo para dar alternativa y solución al problema en Catalunya porque las cosas no se pueden quedar como están. No podemos estar sin hacer nada, se debe impulsar una modificación profunda del modelo de financiación. Estamos en una etapa nueva de nuestro proceso democrático: una nueva transición debe iniciarse ahora”. Ahí queda eso.
Supongo que no fui el único que sufrió un ataque de perplejidad ante las nítidas palabras de Sánchez Camacho. Asombraban esas palabras en boca de una dirigente obediente y de bajo perfil político, designada dedocráticamente por Rajoy a su imagen y semejanza: ni chicha ni limoná. En concreto, sobre la cuestión territorial, no destacaba por su férrea oposición al catalanismo como Vidas-Quadras, pero tampoco coqueteaba con el nacionalismo como Josep Piqué. Podríamos encontrar equivalencias con el reciente relevo de Antonio Basagoiti en el PP vasco, cuando el aparato eligió a Arantza Quiroga como una solución de compromiso entre los duros del partido (Jaime Mayor, Santiago Abascal, María San Gil) y el sector más aperturista (Iñaki Oyarzabal, Borja Sémper, Javier Maroto). Teniendo en cuenta que la presidenta del PPC no destaca por su rebeldía frente a Génova, ¿cómo debe interpretarse el portazo que recibió entre sus homólogos de otras comunidades?
En algunos foros se ha especulado con diferentes hipótesis. Por un lado, es posible que Rajoy estuviese al margen de la cacería contra Sánchez Camacho, viéndose posteriormente obligado a tolerarla mediante silencio administrativo para no abrir nuevos frentes dentro de su propia formación. Por el contrario, también cabe que fuera el propio presidente del gobierno el que lanzara a los barones autonómicos contra la dirigente catalana para mostrar que su inmovilismo no es una opción personal suya sino la posición unánime del partido. Incluso hay quien sospecha que todo fue una teatralización para reafirmar a la candidata popular ante su electorado como la defensora de los intereses catalanes, mientras Rajoy podía presumir de no haber cedido ante las presiones nacionalistas. Sea cual sea el trasfondo real del episodio, dudo mucho que esta opereta haya reducido la tensión secesionista: más bien todo lo contrario. El portazo del lunes invita a pensar que el gobierno no está dispuesto a mover un dedo por evitar el choque de trenes, una percepción muy peligrosa en las actuales circunstancias. A nadie le interesa la opinión personal de Sánchez Camacho, pues en la práctica una propuesta del PPC sin el aval de la Moncloa resulta completamente irrelevante. ¿A qué están jugando?
Ya es hora de poner las cartas sobre la mesa. Del mismo modo que se exige a los partidos independentistas una hoja de ruta clara y viable sobre el futuro que nos proponen, debe reclamarse a las formaciones constitucionalistas un planteamiento transparente y factible sobre el proyecto político y fiscal que prevén para Catalunya. Señores del PP, como dijo el pasado miércoles el estupefacto Jesús Posada a los ujieres del Congreso, “procedan con cuidado”. Lo que está en juego trasciende unas simples elecciones, y resolverlo exigirá un derroche de prudencia, perspectiva e inteligencia. Tonterías las justas: no está el horno para bollos.
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