BCN World avanza
Publicado en el Diari de Tarragona el 20 de octubre de 2013
Probablemente, aquellos que observaban con desconfianza los primeros pasos del proyecto BCN World hayan comenzado esta semana a asumir que el asunto va realmente en serio. Las dudas iniciales que rodeaban un anuncio indudablemente orquestado para camuflar la espantada de Sheldon Adelson han ido desvaneciéndose a medida que empresas de incuestionable peso específico han ido subiéndose al carro: Meliá, Melco, Value Retail… Ahora es la propia PortAventura la firma que se suma a este ingente esfuerzo conjunto por crear en nuestra provincia uno de los principales centros de ocio del Mediterráneo, haciéndose cargo de la construcción y gestión de seis hoteles que añadirán tres mil plazas a las ya previstas: hace unos años escribí un artículo humorístico en el que auguraba que el parque terminaría convertido en una veguería independiente y a este paso va a acabar siendo realidad…
El público potencial al que se destina el nuevo proyecto de juego y turismo de negocios difiere sustancialmente del target de PortAventura. El primero está constituido por asistentes a congresos profesionales y aficionados al juego procedentes de China, colectivos escasamente receptivos ante el resto de ofertas turísticas disponibles por estos lares (según parece, los orientales no comparten la afición de otros guiris por chamuscarse sobre la arena hasta lograr un cutis rojo crustáceo). Por el contrario, el parque se orienta al público familiar europeo, que sí disfruta del mar y los atractivos monumentales de la zona. De todos modos, parece claro que ambas actividades pueden generar sinergias de alto valor económico si se gestionan adecuada y coordinadamente.
Pero no todo es color de rosa. Eurovegas primero y BCN World después han levantado una innegable aunque minoritaria contestación social por tres espinosos asuntos: las exigencias normativas específicas del proyecto, las posibles consecuencias negativas del negocio del juego, y la invisibilidad de nuestra marca turística en el complejo.
Sobre la primera cuestión, el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, confirmó en la XII Jornada Gresol de Salou que esta misma semana arrancará una tramitación en el Parlament con tres aspectos destacados: la modificación urbanística de la zona para poder iniciar la obras, la adaptación legal que permitirá el juego en el complejo, y una rebaja fiscal a los casinos (pasará del 55% al 10%). La pregunta es inevitable: ¿es legítimo alterar el marco legal a la carta? Todos compartimos que en esta cuestión deben existir líneas rojas infranqueables (algo que Sheldon Adelson parecía no tener muy claro) pero dudo que ninguna de estas propuestas las traspase. Para empezar, la procedencia de variar aspectos urbanísticos es incuestionable, siempre que se realice dentro de unos límites sensatos: cualquier gran obra de carácter excepcional suele requerir revisiones en esta materia. Por otro lado, el hecho de que la Generalitat autorice el juego en el macrocomplejo es una simple consecuencia de que esta actividad, nos guste más o menos, es perfectamente legal en nuestro país, siempre que se implante y desarrolle según la normativa en vigor. Para acabar, no es la primera vez (ni será la última) en que vemos a las instituciones favoreciendo fiscalmente un proyecto concreto para garantizar su implantación: puede resultar cuestionable desde un punto de vista comparativo, sin duda, pero parece evidente que todos saldremos ganando si nuestras instituciones recaudan el 10% de cientos de millones en vez del 55% de nada.
En segundo lugar nos enfrentamos a las razonables reticencias que el juego despierta entre algunos ciudadanos y responsables del sector turístico, alarmados por aquellos que pretender convencernos de que Salou y Vila-seca acabarán convertidas en las nuevas Sodoma y Gomorra. ¿Alguien cree que Meliá y PortAventura se involucrarían en algo tan sórdido? En este debate me gustaría aportar tres apuntes. Primero: sugerir que debe vetarse el juego porque puede generar ludopatías tiene el mismo sentido que pretender prohibir el vino porque puede provocar alcoholismo. Segundo: la proporción de BCN World dedicada al juego será infinitamente menor que la parte reservada a estas actividades en el proyecto de Adelson. Y tercero: el respaldo de la Generalitat a la creación de este gran centro de ocio exigirá también de esta administración un celo especial para hacer cumplir la legislación vigente y evitar las posibles consecuencias indeseables del proyecto: prostitución, blanqueo de capitales, tráfico de estupefacientes, etc. Ante todo, que se cumpla la ley.
Por último, nos encontramos con algunas justificadas quejas por la invisibilidad de nuestras marcas turísticas en el complejo. No es un tema nuevo: la cercanía de Barcelona nos permite aprovechar su tirón internacional pero nos expulsa del mapa. El PPC presentó esta semana una acertada propuesta en el Parlament para negociar con los promotores de BCN World la inclusión de la marca Costa Daurada en su denominación, una proposición que fue rechazada por el rodillo de CiU y ERC (los partidos nacionalistas siguen empeñados en dar la razón a Alejandro Fernández cuando denuncia el ninguneo sistemático del sur de Catalunya). El cortoplacismo impuesto por la crisis nos ha llevado a bajar los brazos anticipadamente en este tema, perdiendo una oportunidad histórica de reforzar las marcas Tarragona y Costa Daurada ante el riesgo de poner en peligro una inversión que durante los próximos años creará en nuestra provincia miles de puestos de trabajo, hoy más necesarios que nunca. Es comprensible. El nombre es importante, pero en las actuales circunstancias lo prioritario es que el proyecto avance. Y parece que avanza.
Probablemente, aquellos que observaban con desconfianza los primeros pasos del proyecto BCN World hayan comenzado esta semana a asumir que el asunto va realmente en serio. Las dudas iniciales que rodeaban un anuncio indudablemente orquestado para camuflar la espantada de Sheldon Adelson han ido desvaneciéndose a medida que empresas de incuestionable peso específico han ido subiéndose al carro: Meliá, Melco, Value Retail… Ahora es la propia PortAventura la firma que se suma a este ingente esfuerzo conjunto por crear en nuestra provincia uno de los principales centros de ocio del Mediterráneo, haciéndose cargo de la construcción y gestión de seis hoteles que añadirán tres mil plazas a las ya previstas: hace unos años escribí un artículo humorístico en el que auguraba que el parque terminaría convertido en una veguería independiente y a este paso va a acabar siendo realidad…
El público potencial al que se destina el nuevo proyecto de juego y turismo de negocios difiere sustancialmente del target de PortAventura. El primero está constituido por asistentes a congresos profesionales y aficionados al juego procedentes de China, colectivos escasamente receptivos ante el resto de ofertas turísticas disponibles por estos lares (según parece, los orientales no comparten la afición de otros guiris por chamuscarse sobre la arena hasta lograr un cutis rojo crustáceo). Por el contrario, el parque se orienta al público familiar europeo, que sí disfruta del mar y los atractivos monumentales de la zona. De todos modos, parece claro que ambas actividades pueden generar sinergias de alto valor económico si se gestionan adecuada y coordinadamente.
Pero no todo es color de rosa. Eurovegas primero y BCN World después han levantado una innegable aunque minoritaria contestación social por tres espinosos asuntos: las exigencias normativas específicas del proyecto, las posibles consecuencias negativas del negocio del juego, y la invisibilidad de nuestra marca turística en el complejo.
Sobre la primera cuestión, el conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, confirmó en la XII Jornada Gresol de Salou que esta misma semana arrancará una tramitación en el Parlament con tres aspectos destacados: la modificación urbanística de la zona para poder iniciar la obras, la adaptación legal que permitirá el juego en el complejo, y una rebaja fiscal a los casinos (pasará del 55% al 10%). La pregunta es inevitable: ¿es legítimo alterar el marco legal a la carta? Todos compartimos que en esta cuestión deben existir líneas rojas infranqueables (algo que Sheldon Adelson parecía no tener muy claro) pero dudo que ninguna de estas propuestas las traspase. Para empezar, la procedencia de variar aspectos urbanísticos es incuestionable, siempre que se realice dentro de unos límites sensatos: cualquier gran obra de carácter excepcional suele requerir revisiones en esta materia. Por otro lado, el hecho de que la Generalitat autorice el juego en el macrocomplejo es una simple consecuencia de que esta actividad, nos guste más o menos, es perfectamente legal en nuestro país, siempre que se implante y desarrolle según la normativa en vigor. Para acabar, no es la primera vez (ni será la última) en que vemos a las instituciones favoreciendo fiscalmente un proyecto concreto para garantizar su implantación: puede resultar cuestionable desde un punto de vista comparativo, sin duda, pero parece evidente que todos saldremos ganando si nuestras instituciones recaudan el 10% de cientos de millones en vez del 55% de nada.
En segundo lugar nos enfrentamos a las razonables reticencias que el juego despierta entre algunos ciudadanos y responsables del sector turístico, alarmados por aquellos que pretender convencernos de que Salou y Vila-seca acabarán convertidas en las nuevas Sodoma y Gomorra. ¿Alguien cree que Meliá y PortAventura se involucrarían en algo tan sórdido? En este debate me gustaría aportar tres apuntes. Primero: sugerir que debe vetarse el juego porque puede generar ludopatías tiene el mismo sentido que pretender prohibir el vino porque puede provocar alcoholismo. Segundo: la proporción de BCN World dedicada al juego será infinitamente menor que la parte reservada a estas actividades en el proyecto de Adelson. Y tercero: el respaldo de la Generalitat a la creación de este gran centro de ocio exigirá también de esta administración un celo especial para hacer cumplir la legislación vigente y evitar las posibles consecuencias indeseables del proyecto: prostitución, blanqueo de capitales, tráfico de estupefacientes, etc. Ante todo, que se cumpla la ley.
Por último, nos encontramos con algunas justificadas quejas por la invisibilidad de nuestras marcas turísticas en el complejo. No es un tema nuevo: la cercanía de Barcelona nos permite aprovechar su tirón internacional pero nos expulsa del mapa. El PPC presentó esta semana una acertada propuesta en el Parlament para negociar con los promotores de BCN World la inclusión de la marca Costa Daurada en su denominación, una proposición que fue rechazada por el rodillo de CiU y ERC (los partidos nacionalistas siguen empeñados en dar la razón a Alejandro Fernández cuando denuncia el ninguneo sistemático del sur de Catalunya). El cortoplacismo impuesto por la crisis nos ha llevado a bajar los brazos anticipadamente en este tema, perdiendo una oportunidad histórica de reforzar las marcas Tarragona y Costa Daurada ante el riesgo de poner en peligro una inversión que durante los próximos años creará en nuestra provincia miles de puestos de trabajo, hoy más necesarios que nunca. Es comprensible. El nombre es importante, pero en las actuales circunstancias lo prioritario es que el proyecto avance. Y parece que avanza.
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