Voluntad de entendimiento
Publicado en el Diari de Tarragona el 12 de mayo de 2013
Este viernes Mariano Rajoy y Artur Mas no tuvieron más remedio que saludarse en Barcelona, con ocasión del Salón Internacional del Automóvil, dos días después de que el TC suspendiera temporalmente la vigencia de la declaración soberanista aprobada por el Parlament el pasado 23 de enero. El encuentro estuvo cargado de morbo, pues desde la Generalitat se ha cuestionado la procedencia de impugnar una moción a la que el propio ejecutivo negaba eficacia jurídica alguna, mientras la Moncloa denunciaba que cualquier intento unilateral de fraccionar la soberanía española contradice los artículos 1, 2, 9 y 168 de la Constitución. Aunque ambas posturas están cargadas de razón, son pocos los que ven en la confrontación directa la salida a la crisis institucional y financiera que atraviesa Catalunya.
Decía Émile Auguste Chartier, Alain, que nada hay más peligroso que una idea cuando sólo se tiene una. Probablemente sea éste el principal reproche que pueda hacerse al actual President de la Generalitat, responsable último de un Govern que ni está ni se le espera, paralizado por las obsesiones adánicas y la necesidad de supervivencia política del propio Artur Mas. El inesperado batacazo convergente en las últimas elecciones autonómicas ha jibarizado su discurso hasta simplismos alarmantemente infantiles, dando a entender que los principales problemas de los catalanes podrán resolverse con un simple referéndum. Lo peor del caso es que este mantra parece haberles legitimado para desatender el gobierno diario de un país habitado por millones de personas en una situación dramática (la última ley que aprobó el Parlament – sobre protección de pájaros cantores, no es broma- se aprobó hace casi un año, y seguimos padeciendo las letales consecuencias de unos presupuestos indefinidamente prorrogados). Para justificar semejante desastre, los estrategas nacionalistas han ideado un argumentario con más trampas que una película de chinos: “nuestros problemas financieros se deben al déficit fiscal” (cierto, pero también a un derroche saudí en los organismos de la Generalitat, como una televisión pública al servicio del poder que reparte sueldos que triplican los ingresos del presidente del gobierno español); “oponerse al soberanismo es ser antidemócrata” (falso, pues el debate sobre la concreción del sujeto de soberanía es sumamente abierto, como lo demuestran los independentistas que niegan a Tarragona la posibilidad de desvincularse democráticamente de una posible independencia); “en otros lugares como Escocia se reconoce el derecho de autodeterminación” (falso, pues el gobierno de Londres jamás ha reconocido la soberanía de Escocia, sino que simplemente ha autorizado un referéndum de forma puntual –y lo ha hecho porque sabe que el resultado será contrario a la independencia-); “el Govern sólo desea conocer la voluntad de los catalanes” (falso, pues el propio President desterró su supuesta vocación notarial reconociendo en la Sexta que va a poner todos los medios a su disposición –fecha, pregunta, momento económico- para que el resultado sea a favor de la secesión); “nosotros vamos siempre con la verdad por delante” (falso, para empezar porque Artur Mas negó expresamente en RAC1 una reunión con Rajoy celebrada la víspera de esa entrevista); y así hasta el infinito…
En la esquina contraria del ring tenemos a un presidente del gobierno que aplica a la cuestión catalana la misma receta que utiliza para todo lo demás: esperar a que las cosas se resuelvan solas por el mero paso del tiempo. O que otro haga algo, en este caso el TC. La sublevación que se está produciendo en Catalunya, con una exigencia abrumadora de mayor autogobierno, se ha venido gestando durante décadas mientras desde el resto de España no se ha hecho nada por apaciguarla. En la actualidad, ningún país permanece indefinidamente en una entidad política en contra de la voluntad de sus ciudadanos. Por ello, si desde Madrid no se plantea con urgencia una alternativa al modelo actual, el camino hacia la independencia se convertirá –si no lo es ya- en un proceso definitivamente imparable. No se trata de españolizar a los catalanes, como decía Wert, ni de responder a las demandas ciudadanas con demandas judiciales: esa estrategia no tiene el menor futuro. Se trata de lograr un encaje satisfactorio, fundamentalmente en lo fiscal, quizás implantando el sistema de concierto económico de Euskadi y Navarra, un modelo que a medida que se ha asentado la democracia ha logrado reducir sustancialmente el respaldo social al independentismo vasco, tradicionalmente mucho más potente e identitario que el catalán. La pelota está ahora en el tejado de la Moncloa.
A medio camino tenemos al PSC, un partido renqueante que está planteando la cuestión nacional en términos sumamente sensatos, y a algunos importantes sectores de Uniò, atrapados entre su tradición pactista y el desmelenamiento del President. Su posición no es fácil, pues los argumentos ponderados acarrean siempre una lluvia de garrotazos procedentes de todos lados, lo que exige firmeza y constancia en el mensaje. En mi opinión, la solución rajoyista es fácticamente inviable (dejar todo como está) y la propuesta arturmasiana puede acabar en desastre (independencia unilateral) tanto a nivel exterior como de cohesión interna. Por ello recomendaría a Pere Navarro –quizás demasiado naif- y a Josep Antoni Duran i Lleida –el hombre del trapecio- que no se dejaran avasallar por los extremismos que les acusan desde ambos lados de ser unos vendidos al enemigo. Puede que sus propuestas para desbloquear la situación no sean las más sencillas de defender, pero sin duda son las más razonables.
Este viernes Mariano Rajoy y Artur Mas no tuvieron más remedio que saludarse en Barcelona, con ocasión del Salón Internacional del Automóvil, dos días después de que el TC suspendiera temporalmente la vigencia de la declaración soberanista aprobada por el Parlament el pasado 23 de enero. El encuentro estuvo cargado de morbo, pues desde la Generalitat se ha cuestionado la procedencia de impugnar una moción a la que el propio ejecutivo negaba eficacia jurídica alguna, mientras la Moncloa denunciaba que cualquier intento unilateral de fraccionar la soberanía española contradice los artículos 1, 2, 9 y 168 de la Constitución. Aunque ambas posturas están cargadas de razón, son pocos los que ven en la confrontación directa la salida a la crisis institucional y financiera que atraviesa Catalunya.
Decía Émile Auguste Chartier, Alain, que nada hay más peligroso que una idea cuando sólo se tiene una. Probablemente sea éste el principal reproche que pueda hacerse al actual President de la Generalitat, responsable último de un Govern que ni está ni se le espera, paralizado por las obsesiones adánicas y la necesidad de supervivencia política del propio Artur Mas. El inesperado batacazo convergente en las últimas elecciones autonómicas ha jibarizado su discurso hasta simplismos alarmantemente infantiles, dando a entender que los principales problemas de los catalanes podrán resolverse con un simple referéndum. Lo peor del caso es que este mantra parece haberles legitimado para desatender el gobierno diario de un país habitado por millones de personas en una situación dramática (la última ley que aprobó el Parlament – sobre protección de pájaros cantores, no es broma- se aprobó hace casi un año, y seguimos padeciendo las letales consecuencias de unos presupuestos indefinidamente prorrogados). Para justificar semejante desastre, los estrategas nacionalistas han ideado un argumentario con más trampas que una película de chinos: “nuestros problemas financieros se deben al déficit fiscal” (cierto, pero también a un derroche saudí en los organismos de la Generalitat, como una televisión pública al servicio del poder que reparte sueldos que triplican los ingresos del presidente del gobierno español); “oponerse al soberanismo es ser antidemócrata” (falso, pues el debate sobre la concreción del sujeto de soberanía es sumamente abierto, como lo demuestran los independentistas que niegan a Tarragona la posibilidad de desvincularse democráticamente de una posible independencia); “en otros lugares como Escocia se reconoce el derecho de autodeterminación” (falso, pues el gobierno de Londres jamás ha reconocido la soberanía de Escocia, sino que simplemente ha autorizado un referéndum de forma puntual –y lo ha hecho porque sabe que el resultado será contrario a la independencia-); “el Govern sólo desea conocer la voluntad de los catalanes” (falso, pues el propio President desterró su supuesta vocación notarial reconociendo en la Sexta que va a poner todos los medios a su disposición –fecha, pregunta, momento económico- para que el resultado sea a favor de la secesión); “nosotros vamos siempre con la verdad por delante” (falso, para empezar porque Artur Mas negó expresamente en RAC1 una reunión con Rajoy celebrada la víspera de esa entrevista); y así hasta el infinito…
En la esquina contraria del ring tenemos a un presidente del gobierno que aplica a la cuestión catalana la misma receta que utiliza para todo lo demás: esperar a que las cosas se resuelvan solas por el mero paso del tiempo. O que otro haga algo, en este caso el TC. La sublevación que se está produciendo en Catalunya, con una exigencia abrumadora de mayor autogobierno, se ha venido gestando durante décadas mientras desde el resto de España no se ha hecho nada por apaciguarla. En la actualidad, ningún país permanece indefinidamente en una entidad política en contra de la voluntad de sus ciudadanos. Por ello, si desde Madrid no se plantea con urgencia una alternativa al modelo actual, el camino hacia la independencia se convertirá –si no lo es ya- en un proceso definitivamente imparable. No se trata de españolizar a los catalanes, como decía Wert, ni de responder a las demandas ciudadanas con demandas judiciales: esa estrategia no tiene el menor futuro. Se trata de lograr un encaje satisfactorio, fundamentalmente en lo fiscal, quizás implantando el sistema de concierto económico de Euskadi y Navarra, un modelo que a medida que se ha asentado la democracia ha logrado reducir sustancialmente el respaldo social al independentismo vasco, tradicionalmente mucho más potente e identitario que el catalán. La pelota está ahora en el tejado de la Moncloa.
A medio camino tenemos al PSC, un partido renqueante que está planteando la cuestión nacional en términos sumamente sensatos, y a algunos importantes sectores de Uniò, atrapados entre su tradición pactista y el desmelenamiento del President. Su posición no es fácil, pues los argumentos ponderados acarrean siempre una lluvia de garrotazos procedentes de todos lados, lo que exige firmeza y constancia en el mensaje. En mi opinión, la solución rajoyista es fácticamente inviable (dejar todo como está) y la propuesta arturmasiana puede acabar en desastre (independencia unilateral) tanto a nivel exterior como de cohesión interna. Por ello recomendaría a Pere Navarro –quizás demasiado naif- y a Josep Antoni Duran i Lleida –el hombre del trapecio- que no se dejaran avasallar por los extremismos que les acusan desde ambos lados de ser unos vendidos al enemigo. Puede que sus propuestas para desbloquear la situación no sean las más sencillas de defender, pero sin duda son las más razonables.
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