El fiscal fiscalizado
Publicado en el Diari de Tarragona el 10 de marzo de 2013
La tensa división que se ha generado en torno al proceso soberanista se ha manifestado en toda su crudeza tras la forzada dimisión de Martín Rodríguez Sol, una fractura que también se evidencia en el propio seno de la sociedad catalana. El fiscal, a preguntas de un periodista sobre la viabilidad de la consulta, defendió que “hay que darle al pueblo la posibilidad de expresar lo que quiere”, y como el ordenamiento actual no lo permite, “habrá que jugar” con las palabras a través de la ley de consultas. Estas declaraciones causaron tal revuelo en la Villa y Corte que al Fiscal General del Estado le faltó tiempo para iniciar los trámites para su fulminante destitución. Para intentar aproximarnos a la ecuanimidad, quizás deberíamos analizar por separado las tres vertientes que ofrece este sintomático incidente: las palabras del propio Rodríguez Sol, la respuesta de la Fiscalía General, y la reacción desde la órbita nacionalista.
En primer lugar, imprudencia. Rodríguez Sol fue nombrado Fiscal Jefe de Catalunya el pasado verano, quebrando una larga lista de antecesores cercanos al autodenominado progresismo (Teresa Compte, José María Mena, Carlos Jiménez Villarejo). Esta designación contentaba tanto al gobierno de Rajoy como al ejecutivo de Mas, pues se trataba de un jurista claramente escorado a la derecha (antiabortista declarado, fue presidente de la conservadora Asociación de Fiscales) cuya sintonía con el partido de Duran i Lleida era de sobra conocida. Sin embargo, desde un principio quedó claro que nos encontrábamos ante un personaje escasamente dotado para pasar inadvertido (recordemos sus duras palabras contra Oriol Pujol por intentar ocultar sus presuntos delitos bajo la senyera). La relación con Madrid tampoco fue una balsa de aceite, sobre todo tras haber iniciado actuaciones contra el diario El Mundo, en plena campaña electoral catalana, sin informar a su inmediato superior jerárquico. Las diferencias sustanciales de unos roces y otros se deben a este último detalle, es decir, a que la fiscalía, a diferencia de la judicatura, es una estructura jerárquica dependiente del gobierno. No hacía falta ser un lince para prever que las recientes palabras de Rodríguez Sol iban a estallar con estruendo en los oídos de sus superiores, y tampoco se necesita un coeficiente intelectual de tres cifras para saber que si uno insiste en meter el dedo en el ojo a su jefe, probablemente se reduzcan sus posibilidades de continuar ocupando un puesto de confianza. El propio dimitido lo reconoció de inmediato, y presentó su renuncia a las pocas horas del incidente.
Por otro lado, histeria. Si se analiza con objetividad, parece evidente que las declaraciones de Rodríguez Sol no eran ninguna barbaridad. Se limitó a defender la conveniencia de conocer las opiniones de la ciudadanía (una obviedad democrática) y a mostrar las posibilidades reales que nuestro marco legal ofrece en la actualidad para este fin (una explicación técnica). Es cierto que el fiscal se estaba metiendo en un jardín político de alto voltaje y que no era prudente opinar sobre un tema en el que previsiblemente debería intervenir a corto plazo, pero la drástica reacción de Eduardo Torres-Dulce puede resultar estratégicamente perjudicial para la causa que defiende el gobierno central: en primer lugar, porque han creado un nuevo mártir del nacionalismo catalán (sin serlo, paradójicamente, como sucede con Rafael de Casanovas); por otro lado, porque han cometido la torpeza de intentar cesar a Rodríguez Sol justo después de estas declaraciones, favoreciendo la sensación de censura en vez de pérdida de confianza, cuando podían haberlo hecho con mayor sentido de los tiempos para evitar el uso populista del incidente; y por último, porque han demostrado que este tema pone muy nerviosos a algunos gerifaltes de Madrid, mucho más de lo que pretenden reconocer.
En tercer lugar, demagogia. Tras el encontronazo del Fiscal Jefe con sus superiores, hemos vuelto a disfrutar de la charanga de victimismo ramplón que siempre ameniza cualquier episodio susceptible de ser utilizado para aumentar el calentamiento local. Aunque el hundimiento en barrena en las encuestas obliga a veces a realizar afirmaciones con un grado de populismo digno del mismísmo Chávez (que en paz descanse) parece que a algunos les cuesta comprender el significado del concepto “cargo de confianza”, quizás porque nunca han dejado de espiarse entre ellos mismos. Para empezar, afirman que el cese de Rodríguez Sol es un ataque antidemocrático contra la libertad de expresión. ¿Cuántos segundos duraría Manel Prat Peláez al frente de los Mossos d’Esquadra si se manifestara públicamente en contra de la consulta? Por otro lado, reprochan la falta de independencia de la fiscalía por depender del Ministerio de Justicia. ¿Por qué no añaden que el nuevo Estatut aprobado en el Parlament preveía una dependencia similar, pero en este caso de la Generalitat? ¿Se puede ser más hipócrita?
La dimisión del Fiscal Jefe de Catalunya, con sus causas y sus repercusiones, ha vuelto a poner en evidencia el tremendo maniqueísmo que caracteriza a nuestra sociedad. Para unos, el fiscal dimitido era un luchador por la justicia que ha sido honorablemente defendido en nombre de la libertad de Catalunya frente al opresor gobierno de Madrid, mientras para otros, el jurista era un pérfido secesionista que ha sido justamente purgado por haberles seguido el juego a los aniquiladores de España. Como siempre, blancos y negros. Personalmente, me temo que nadie ha salido bien parado de este triste episodio. Y cuando digo nadie, es nadie.
La tensa división que se ha generado en torno al proceso soberanista se ha manifestado en toda su crudeza tras la forzada dimisión de Martín Rodríguez Sol, una fractura que también se evidencia en el propio seno de la sociedad catalana. El fiscal, a preguntas de un periodista sobre la viabilidad de la consulta, defendió que “hay que darle al pueblo la posibilidad de expresar lo que quiere”, y como el ordenamiento actual no lo permite, “habrá que jugar” con las palabras a través de la ley de consultas. Estas declaraciones causaron tal revuelo en la Villa y Corte que al Fiscal General del Estado le faltó tiempo para iniciar los trámites para su fulminante destitución. Para intentar aproximarnos a la ecuanimidad, quizás deberíamos analizar por separado las tres vertientes que ofrece este sintomático incidente: las palabras del propio Rodríguez Sol, la respuesta de la Fiscalía General, y la reacción desde la órbita nacionalista.
En primer lugar, imprudencia. Rodríguez Sol fue nombrado Fiscal Jefe de Catalunya el pasado verano, quebrando una larga lista de antecesores cercanos al autodenominado progresismo (Teresa Compte, José María Mena, Carlos Jiménez Villarejo). Esta designación contentaba tanto al gobierno de Rajoy como al ejecutivo de Mas, pues se trataba de un jurista claramente escorado a la derecha (antiabortista declarado, fue presidente de la conservadora Asociación de Fiscales) cuya sintonía con el partido de Duran i Lleida era de sobra conocida. Sin embargo, desde un principio quedó claro que nos encontrábamos ante un personaje escasamente dotado para pasar inadvertido (recordemos sus duras palabras contra Oriol Pujol por intentar ocultar sus presuntos delitos bajo la senyera). La relación con Madrid tampoco fue una balsa de aceite, sobre todo tras haber iniciado actuaciones contra el diario El Mundo, en plena campaña electoral catalana, sin informar a su inmediato superior jerárquico. Las diferencias sustanciales de unos roces y otros se deben a este último detalle, es decir, a que la fiscalía, a diferencia de la judicatura, es una estructura jerárquica dependiente del gobierno. No hacía falta ser un lince para prever que las recientes palabras de Rodríguez Sol iban a estallar con estruendo en los oídos de sus superiores, y tampoco se necesita un coeficiente intelectual de tres cifras para saber que si uno insiste en meter el dedo en el ojo a su jefe, probablemente se reduzcan sus posibilidades de continuar ocupando un puesto de confianza. El propio dimitido lo reconoció de inmediato, y presentó su renuncia a las pocas horas del incidente.
Por otro lado, histeria. Si se analiza con objetividad, parece evidente que las declaraciones de Rodríguez Sol no eran ninguna barbaridad. Se limitó a defender la conveniencia de conocer las opiniones de la ciudadanía (una obviedad democrática) y a mostrar las posibilidades reales que nuestro marco legal ofrece en la actualidad para este fin (una explicación técnica). Es cierto que el fiscal se estaba metiendo en un jardín político de alto voltaje y que no era prudente opinar sobre un tema en el que previsiblemente debería intervenir a corto plazo, pero la drástica reacción de Eduardo Torres-Dulce puede resultar estratégicamente perjudicial para la causa que defiende el gobierno central: en primer lugar, porque han creado un nuevo mártir del nacionalismo catalán (sin serlo, paradójicamente, como sucede con Rafael de Casanovas); por otro lado, porque han cometido la torpeza de intentar cesar a Rodríguez Sol justo después de estas declaraciones, favoreciendo la sensación de censura en vez de pérdida de confianza, cuando podían haberlo hecho con mayor sentido de los tiempos para evitar el uso populista del incidente; y por último, porque han demostrado que este tema pone muy nerviosos a algunos gerifaltes de Madrid, mucho más de lo que pretenden reconocer.
En tercer lugar, demagogia. Tras el encontronazo del Fiscal Jefe con sus superiores, hemos vuelto a disfrutar de la charanga de victimismo ramplón que siempre ameniza cualquier episodio susceptible de ser utilizado para aumentar el calentamiento local. Aunque el hundimiento en barrena en las encuestas obliga a veces a realizar afirmaciones con un grado de populismo digno del mismísmo Chávez (que en paz descanse) parece que a algunos les cuesta comprender el significado del concepto “cargo de confianza”, quizás porque nunca han dejado de espiarse entre ellos mismos. Para empezar, afirman que el cese de Rodríguez Sol es un ataque antidemocrático contra la libertad de expresión. ¿Cuántos segundos duraría Manel Prat Peláez al frente de los Mossos d’Esquadra si se manifestara públicamente en contra de la consulta? Por otro lado, reprochan la falta de independencia de la fiscalía por depender del Ministerio de Justicia. ¿Por qué no añaden que el nuevo Estatut aprobado en el Parlament preveía una dependencia similar, pero en este caso de la Generalitat? ¿Se puede ser más hipócrita?
La dimisión del Fiscal Jefe de Catalunya, con sus causas y sus repercusiones, ha vuelto a poner en evidencia el tremendo maniqueísmo que caracteriza a nuestra sociedad. Para unos, el fiscal dimitido era un luchador por la justicia que ha sido honorablemente defendido en nombre de la libertad de Catalunya frente al opresor gobierno de Madrid, mientras para otros, el jurista era un pérfido secesionista que ha sido justamente purgado por haberles seguido el juego a los aniquiladores de España. Como siempre, blancos y negros. Personalmente, me temo que nadie ha salido bien parado de este triste episodio. Y cuando digo nadie, es nadie.
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