Una estrella que se apaga
Publicado en el Diari de Tarragona el 12 de febrero de 2012
La Sala de lo Penal del TS acaba de condenar al juez Baltasar Garzón a once años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación en la tramitación del caso Gürtel. La izquierda política, mediática y social no ha tardado en lanzarse a la calle para protestar contra la sentencia, lanzando soflamas que ocultan interesadamente que en este caso no se estaba juzgando la cruel represión de la postguerra ni la corrupción del PP, sino un incumplimiento flagrante de normas básicas del procedimiento penal, tendentes a asegurar el derecho a la defensa efectiva que todos los ciudadanos merecen en un sistema de libertades.
Durante estos días de ruido mental y confusión argumentativa, se ha echado en falta un planteamiento jurídicamente serio que contradiga razonadamente los motivos de esta resolución. Por el contrario, los incensadores del juez estrella se han limitado a ensalzar el carácter beatífico del acusado con un silogismo digno de los Teletubbies: Franco es malo - Garzón persigue a los franquistas - Garzón es bueno - el TS condena a Garzón - el TS es malo. Milenios de civilización para esto… Pese al golpe sufrido por nuestro sistema judicial, al menos este caso ha servido para reafirmar la incompatibilidad del estado de derecho con la engañosamente inocua ética de la finalidad que algunos parecen defender: si el objetivo que se persigue es correcto, los medios que lo favorezcan serán igualmente correctos. Aterrador.
En resumen, lo que ha sucedido es que un magistrado que siempre se ha considerado a sí mismo un personaje de la Marvel, volvió a ponerse la legislación por montera para lograr una condena, por muy justa que ésta fuera. La Ley Orgánica Penitenciaria es clara al respecto: “Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor (…) no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”. El caso no tenía discusión, como ha quedado evidenciado con una condena unánime de los siete miembros del tribunal, y las manifestaciones del Consejo General de la Abogacía. Resultó significativo el debate celebrado el pasado jueves en 8TV, donde una serie de profesionales del derecho confirmaron la ilegalidad de la actuación de Garzón, mientras los telespectadores enviaban mensajes de apoyo al condenado: una vez más, la razón ahogada por la pasión. Para aquellos que alegan una posible ignorancia del magistrado, convendría recordar que el propio fiscal del caso y la policía cuestionaron repetidamente unas escuchas que vulneraban derechos fundamentales. Respuesta del juez: vosotros grabadlo todo, que del derecho de defensa ya me encargo yo. ¡Ole, ole y ole!
No es la primera vez que le sucede algo parecido al “hombre que veía amanecer”. Recordemos a los narcotraficantes que quedaron libres por culpa de unas escuchas ilegales de Garzón en el caso Nécora. Tampoco parece que nadie recuerde ahora que fue este magistrado, después de fracasar en su intento de convertirse en ministro socialista, el que cerró inconstitucionalmente el periódico Egunkaria, tal y como declaró siete años después la Audiencia Nacional. Si es éste el gran defensor de nuestras libertades civiles, creo que convendría emigrar.
Para aquellos a los que ha sorprendido que la condena al juez instructor haya sido previa al enjuiciamiento de los imputados en el caso Gürtel, unos pequeños apuntes. Primero: la causa contra Garzón es un procedimiento separado del proceso contra los imputados por el caso Gürtel. Segundo: esta sentencia ha sido mucho más rápida por tratarse de un delito simple, concreto, perfectamente documentado y reconocido, en contraposición a un intrincado macroproceso por corrupción que siempre resulta mucho más lento y complejo. Y tercero: todavía no se ha condenado a ningún implicado en el caso Gürtel porque Francisco Camps y Ricardo Costa fueron declarados inocentes (incomprensiblemente, desde mi punto de vista) por un jurado popular, figura jurídica que fue recibida en su día como un éxito histórico del progresismo. Enhorabuena: si algún día se me acusa de algo y soy realmente inocente, espero que me juzgue un juez… y si soy culpable que lo haga un jurado, gracias.
Siguiendo en su línea habitual, las declaraciones de Garzón tras la condena están siendo todo un despropósito. En primer lugar, señala que el veredicto estaba anunciado desde hace meses, lo que sólo admite dos interpretaciones: o está reconociendo que sus actuaciones eran merecedoras de condena penal, o bien está acusando implícitamente al Supremo de prevaricar unánimemente sin aportar la menor prueba de ello. Posteriormente añade que esta sentencia impide la investigación de la corrupción. ¿A tal punto llega el delirio egocéntrico de este hombre que se cree el primer juez en perseguir estos temas? ¿Acaso en otras ocasiones las condenas a los corruptos han sido precedidas por actos judiciales manifiestamente ilegales? Por último, sugiere que acudirá a la justicia europea para revocar la sentencia. Pues que le sea leve: él mismo debería saber que la doctrina del TEDH es aún más estricta en cuanto al derecho de defensa.
Estoy de acuerdo con Cayo Lara en que ésta ha sido una semana triste para la justicia en España, aunque no comparto sus motivos: lo triste es que hayamos descubierto que aún existen jueces que desprecian olímpicamente un sistema normativo que deberían defender.
La Sala de lo Penal del TS acaba de condenar al juez Baltasar Garzón a once años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación en la tramitación del caso Gürtel. La izquierda política, mediática y social no ha tardado en lanzarse a la calle para protestar contra la sentencia, lanzando soflamas que ocultan interesadamente que en este caso no se estaba juzgando la cruel represión de la postguerra ni la corrupción del PP, sino un incumplimiento flagrante de normas básicas del procedimiento penal, tendentes a asegurar el derecho a la defensa efectiva que todos los ciudadanos merecen en un sistema de libertades.
Durante estos días de ruido mental y confusión argumentativa, se ha echado en falta un planteamiento jurídicamente serio que contradiga razonadamente los motivos de esta resolución. Por el contrario, los incensadores del juez estrella se han limitado a ensalzar el carácter beatífico del acusado con un silogismo digno de los Teletubbies: Franco es malo - Garzón persigue a los franquistas - Garzón es bueno - el TS condena a Garzón - el TS es malo. Milenios de civilización para esto… Pese al golpe sufrido por nuestro sistema judicial, al menos este caso ha servido para reafirmar la incompatibilidad del estado de derecho con la engañosamente inocua ética de la finalidad que algunos parecen defender: si el objetivo que se persigue es correcto, los medios que lo favorezcan serán igualmente correctos. Aterrador.
En resumen, lo que ha sucedido es que un magistrado que siempre se ha considerado a sí mismo un personaje de la Marvel, volvió a ponerse la legislación por montera para lograr una condena, por muy justa que ésta fuera. La Ley Orgánica Penitenciaria es clara al respecto: “Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor (…) no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”. El caso no tenía discusión, como ha quedado evidenciado con una condena unánime de los siete miembros del tribunal, y las manifestaciones del Consejo General de la Abogacía. Resultó significativo el debate celebrado el pasado jueves en 8TV, donde una serie de profesionales del derecho confirmaron la ilegalidad de la actuación de Garzón, mientras los telespectadores enviaban mensajes de apoyo al condenado: una vez más, la razón ahogada por la pasión. Para aquellos que alegan una posible ignorancia del magistrado, convendría recordar que el propio fiscal del caso y la policía cuestionaron repetidamente unas escuchas que vulneraban derechos fundamentales. Respuesta del juez: vosotros grabadlo todo, que del derecho de defensa ya me encargo yo. ¡Ole, ole y ole!
No es la primera vez que le sucede algo parecido al “hombre que veía amanecer”. Recordemos a los narcotraficantes que quedaron libres por culpa de unas escuchas ilegales de Garzón en el caso Nécora. Tampoco parece que nadie recuerde ahora que fue este magistrado, después de fracasar en su intento de convertirse en ministro socialista, el que cerró inconstitucionalmente el periódico Egunkaria, tal y como declaró siete años después la Audiencia Nacional. Si es éste el gran defensor de nuestras libertades civiles, creo que convendría emigrar.
Para aquellos a los que ha sorprendido que la condena al juez instructor haya sido previa al enjuiciamiento de los imputados en el caso Gürtel, unos pequeños apuntes. Primero: la causa contra Garzón es un procedimiento separado del proceso contra los imputados por el caso Gürtel. Segundo: esta sentencia ha sido mucho más rápida por tratarse de un delito simple, concreto, perfectamente documentado y reconocido, en contraposición a un intrincado macroproceso por corrupción que siempre resulta mucho más lento y complejo. Y tercero: todavía no se ha condenado a ningún implicado en el caso Gürtel porque Francisco Camps y Ricardo Costa fueron declarados inocentes (incomprensiblemente, desde mi punto de vista) por un jurado popular, figura jurídica que fue recibida en su día como un éxito histórico del progresismo. Enhorabuena: si algún día se me acusa de algo y soy realmente inocente, espero que me juzgue un juez… y si soy culpable que lo haga un jurado, gracias.
Siguiendo en su línea habitual, las declaraciones de Garzón tras la condena están siendo todo un despropósito. En primer lugar, señala que el veredicto estaba anunciado desde hace meses, lo que sólo admite dos interpretaciones: o está reconociendo que sus actuaciones eran merecedoras de condena penal, o bien está acusando implícitamente al Supremo de prevaricar unánimemente sin aportar la menor prueba de ello. Posteriormente añade que esta sentencia impide la investigación de la corrupción. ¿A tal punto llega el delirio egocéntrico de este hombre que se cree el primer juez en perseguir estos temas? ¿Acaso en otras ocasiones las condenas a los corruptos han sido precedidas por actos judiciales manifiestamente ilegales? Por último, sugiere que acudirá a la justicia europea para revocar la sentencia. Pues que le sea leve: él mismo debería saber que la doctrina del TEDH es aún más estricta en cuanto al derecho de defensa.
Estoy de acuerdo con Cayo Lara en que ésta ha sido una semana triste para la justicia en España, aunque no comparto sus motivos: lo triste es que hayamos descubierto que aún existen jueces que desprecian olímpicamente un sistema normativo que deberían defender.
Excelente artículo tanto en las formas como en el fondo. Lo único que lamento es que existe gentuza que todavía negará lo evidente aunque lo tengan delante de sus narices; los sectarios.
ResponderEliminarMuchas gracias, Pedro. Como bien dices, se trata de un tema eminentemente jurídico que ha terminado convertido en una batalla política en la que prima la propia ideología sobre los criterios de técnica jurídica. Una pena...
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