Primavera valenciana
Publicado en el Diari de Tarragona el 26 de febrero de 2012
Una simple manifestación de estudiantes que protestaban por las pésimas condiciones de su centro escolar, ha terminado convirtiéndose en un serio problema político que ha atravesado nuestras fronteras, fruto de una penosa gestión del problema desde las administraciones públicas, y de un descarado aprovechamiento partidista por parte de una izquierda necesitada de asideros mediáticos a los que aferrarse en sus horas más bajas. Las vergonzosas imágenes de los policías nacionales lanzándose con una agresividad incontrolada contra los viandantes han dado la vuelta al mundo, y pueden terminar concediendo la razón a aquellos que sospechan que el dopaje alcanza a todos los estratos de la sociedad española.
Parece evidente que los responsables de los cuerpos de seguridad se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones represivas, demostrando una falta de inteligencia y sentido de la proporcionalidad realmente alarmante. La protesta era ilegal, efectivamente, pero no hubo el menor indicio de violencia o vandalismo hasta la intervención policial. En ese contexto, no parece de recibo mandar a la enfermería a varios menores que simplemente se quejaban por tener que asistir a clase con mantas. Por lo visto, su circense gobierno autonómico no puede mantener la calefacción en los colegios, después de celebrar los más exclusivos fastos deportivos y construir numerosas obras arquitectónicas de costo sideral. Eso sí debería ser motivo de cárcel, más que unos cuantos trajes regalados… Los estudiantes no tenían derecho a cortar las calles, sin duda, pero a este lado de Eurasia desalojar no siempre es sinónimo de aporrear. Convendría dar unas lecciones de terminología democrática al jefe superior de la policía de Valencia, que calificó de “enemigos” a los alumnos, padres y profesores que participaban en la concentración: como decían en la Bola de Cristal, este hombre quizás debería ver menos televisión… Los propios responsables políticos del desaguisado han terminado reconociendo que la operación no fue precisamente ejemplar, abriendo una investigación para depurar responsabilidades. Qué menos…
Sin embargo, considerar estos acontecimientos un simple exceso policial sería simplificar las cosas. Como sucediera durante las concentraciones del 15M, una lógica reacción de indignación social ante situaciones injustificables puede acabar degenerando ilimitadamente por obra de los profesionales del disturbio. Al margen de las declaraciones del presidente de la federación de estudiantes de Valencia, llamando literalmente a “quemar las calles”, la televisión mostró numerosos altercados protagonizados por ejemplares de una especie suburbana que todos conocemos: desde luego, si eran alumnos del Lluís Vives o sus padres, me cuidaría muy mucho de mandar a mis hijos a ese instituto. Más bien, yo diría que respondían al perfil que se hizo famoso en el bloqueo al Parlament de Catalunya, aunque en esta ocasión ha confluido una circunstancia completamente nueva.
Hace un año, cuando todos los partidos fueron víctimas de los agitadores, hubo una respuesta política prácticamente unánime en defensa de la legitimidad de las instituciones públicas y el estado de derecho. Ahora la situación ha cambiado, y la izquierda ya no gobierna en casi ningún sitio, lo que parece haber incitado a parte de sus dirigentes a aprovechar estas revueltas en beneficio propio, adoptando la vieja estrategia de ganar en las calles lo que no se ha sabido ganar en las urnas. Por lo visto, cuando la turba se enfrentaba también a la izquierda política, los manifestantes eran una panda de delincuentes antisistema que hacía peligrar nuestro modelo representativo de libertades; ahora que acosan sólo a los populares en sus sedes, son una demostración plenamente democrática del rechazo social a la actitud del gobierno. Curioso.
En cualquier caso, lo sucedido en Valencia no deja de ser un incidente menor, en comparación con lo que nos vendrá encima durante los próximos meses. La crisis y los recortes están sumergiendo a las clases medias en un inédito estado de penuria económica y miedo al futuro, que puede servir como caldo de cultivo idóneo para los estallidos de violencia social: cualquier chispa será suficiente para abarrotar las calles con una marea de ciudadanos desesperados que no tendrán nada que perder. Vamos camino de los seis millones de parados, el cierre de pymes es imparable, los universitarios hacen planes para emigrar nada más terminar sus carreras, cientos de miles de ahorradores se han pillado los dedos con el tocomocho de las participaciones preferentes, el despido va a ser más barato que nunca, cada día doscientas familias pierden su hogar… Esto es el principio de un año muy problemático, que puede descontrolarse si las autoridades no saben gestionar con mesura los brotes de protesta callejera. Por si fuera poco, algunos insensatos representantes de la patronal se empeñan en echar gasolina al incendio, proponiendo denegar automáticamente la prestación de desempleo a quien rechace cualquier trabajo, “aunque sea en Laponia”, obviando que ya existen mecanismos para evitar el abuso en estos subsidios. Por lo visto, aún quedan empresarios pleistocénicos que ven en los asalariados un simple número sin alma, un mero factor productivo que está en este mundo para enriquecerlos. Parecen ignorar que esa propuesta obligaría a millones de familias a elegir entre comer o romperse, como si no hubieran cotizado durante años por una prestación que ahora se les racanea. Me permito sugerirle al Sr. Feito que se ofrezca a aceptar esa oferta de empleo en Laponia… y que no vuelva.
Una simple manifestación de estudiantes que protestaban por las pésimas condiciones de su centro escolar, ha terminado convirtiéndose en un serio problema político que ha atravesado nuestras fronteras, fruto de una penosa gestión del problema desde las administraciones públicas, y de un descarado aprovechamiento partidista por parte de una izquierda necesitada de asideros mediáticos a los que aferrarse en sus horas más bajas. Las vergonzosas imágenes de los policías nacionales lanzándose con una agresividad incontrolada contra los viandantes han dado la vuelta al mundo, y pueden terminar concediendo la razón a aquellos que sospechan que el dopaje alcanza a todos los estratos de la sociedad española.
Parece evidente que los responsables de los cuerpos de seguridad se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones represivas, demostrando una falta de inteligencia y sentido de la proporcionalidad realmente alarmante. La protesta era ilegal, efectivamente, pero no hubo el menor indicio de violencia o vandalismo hasta la intervención policial. En ese contexto, no parece de recibo mandar a la enfermería a varios menores que simplemente se quejaban por tener que asistir a clase con mantas. Por lo visto, su circense gobierno autonómico no puede mantener la calefacción en los colegios, después de celebrar los más exclusivos fastos deportivos y construir numerosas obras arquitectónicas de costo sideral. Eso sí debería ser motivo de cárcel, más que unos cuantos trajes regalados… Los estudiantes no tenían derecho a cortar las calles, sin duda, pero a este lado de Eurasia desalojar no siempre es sinónimo de aporrear. Convendría dar unas lecciones de terminología democrática al jefe superior de la policía de Valencia, que calificó de “enemigos” a los alumnos, padres y profesores que participaban en la concentración: como decían en la Bola de Cristal, este hombre quizás debería ver menos televisión… Los propios responsables políticos del desaguisado han terminado reconociendo que la operación no fue precisamente ejemplar, abriendo una investigación para depurar responsabilidades. Qué menos…
Sin embargo, considerar estos acontecimientos un simple exceso policial sería simplificar las cosas. Como sucediera durante las concentraciones del 15M, una lógica reacción de indignación social ante situaciones injustificables puede acabar degenerando ilimitadamente por obra de los profesionales del disturbio. Al margen de las declaraciones del presidente de la federación de estudiantes de Valencia, llamando literalmente a “quemar las calles”, la televisión mostró numerosos altercados protagonizados por ejemplares de una especie suburbana que todos conocemos: desde luego, si eran alumnos del Lluís Vives o sus padres, me cuidaría muy mucho de mandar a mis hijos a ese instituto. Más bien, yo diría que respondían al perfil que se hizo famoso en el bloqueo al Parlament de Catalunya, aunque en esta ocasión ha confluido una circunstancia completamente nueva.
Hace un año, cuando todos los partidos fueron víctimas de los agitadores, hubo una respuesta política prácticamente unánime en defensa de la legitimidad de las instituciones públicas y el estado de derecho. Ahora la situación ha cambiado, y la izquierda ya no gobierna en casi ningún sitio, lo que parece haber incitado a parte de sus dirigentes a aprovechar estas revueltas en beneficio propio, adoptando la vieja estrategia de ganar en las calles lo que no se ha sabido ganar en las urnas. Por lo visto, cuando la turba se enfrentaba también a la izquierda política, los manifestantes eran una panda de delincuentes antisistema que hacía peligrar nuestro modelo representativo de libertades; ahora que acosan sólo a los populares en sus sedes, son una demostración plenamente democrática del rechazo social a la actitud del gobierno. Curioso.
En cualquier caso, lo sucedido en Valencia no deja de ser un incidente menor, en comparación con lo que nos vendrá encima durante los próximos meses. La crisis y los recortes están sumergiendo a las clases medias en un inédito estado de penuria económica y miedo al futuro, que puede servir como caldo de cultivo idóneo para los estallidos de violencia social: cualquier chispa será suficiente para abarrotar las calles con una marea de ciudadanos desesperados que no tendrán nada que perder. Vamos camino de los seis millones de parados, el cierre de pymes es imparable, los universitarios hacen planes para emigrar nada más terminar sus carreras, cientos de miles de ahorradores se han pillado los dedos con el tocomocho de las participaciones preferentes, el despido va a ser más barato que nunca, cada día doscientas familias pierden su hogar… Esto es el principio de un año muy problemático, que puede descontrolarse si las autoridades no saben gestionar con mesura los brotes de protesta callejera. Por si fuera poco, algunos insensatos representantes de la patronal se empeñan en echar gasolina al incendio, proponiendo denegar automáticamente la prestación de desempleo a quien rechace cualquier trabajo, “aunque sea en Laponia”, obviando que ya existen mecanismos para evitar el abuso en estos subsidios. Por lo visto, aún quedan empresarios pleistocénicos que ven en los asalariados un simple número sin alma, un mero factor productivo que está en este mundo para enriquecerlos. Parecen ignorar que esa propuesta obligaría a millones de familias a elegir entre comer o romperse, como si no hubieran cotizado durante años por una prestación que ahora se les racanea. Me permito sugerirle al Sr. Feito que se ofrezca a aceptar esa oferta de empleo en Laponia… y que no vuelva.
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