Tauromaquia jurídica

Publicado en el Diari de Tarragona el 16 de enero de 2022

Aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario, la aplicación de la ley al caso concreto está muy lejos de lo que solemos entender por una ciencia exacta. Ciertamente, el silogismo “si A entonces B” no siempre es predicable en la práctica jurídica. Existen muchas situaciones en las que un determinado hecho predefinido acarrea una consecuencia legal inexorable, pero esta realidad convive con otras dinámicas mucho menos marmóreas, en las que el buen hacer de los abogados, o incluso el perfil del juez que deba dirimir la cuestión, resultan tanto o más decisivos que la propia letra de la norma. De ahí la importancia de contar con un buen asesoramiento técnico y la existencia de los necesarios procedimientos de recurso.

La actualidad, cada vez más plagada de noticias con un importante trasfondo jurídico, viene corroborando con machacona insistencia la relevancia de los pequeños detalles en el devenir legal de determinadas situaciones sometidas al escrutinio judicial. En un sistema garantista como el que impera en la mayoría de países occidentales, la forma es tan importante como el fondo, y la corrección procedimental frecuentemente marca el resultado con independencia de lo que sea justo o injusto desde una perspectiva estrictamente material. Y así debe ser, entendiendo que un estado democrático de derecho no sólo debe prestar atención al ‘qué’, sino también (incluso, sobre todo) al ‘cómo’.

Esta óptica no siempre es compartida por la opinión pública. La aparente desconexión que a veces se produce entre el sentido común y la lógica jurídica a veces desemboca en episodios de estupefacción popular, al resultar desconcertante que una realidad de fondo evidente termine siendo obviada por la influencia de aspectos aparentemente secundarios o incluso nimios para un ciudadano de a pie. Pensemos en un violador confeso que se va de rositas porque el delito acaba de prescribir, o en un político flagrantemente corrupto que logra su impunidad por alguna irregularidad formal.

Esta incomprensión ciudadana puede llegar a convertirse en verdadera indignación, cuando el recurso a detalles colaterales no representa una estrategia puntual de defensa, sino un sistema metódico para esquivar la acción de la justicia. La actualidad nos brinda con relativa recurrencia algunos episodios donde la persona sometida a la actuación de los tribunales no se limita a optar por un argumento formal que le permita salir lo mejor parado posible, sino que incluso parece pitorrearse del propio sistema legal de modo totalmente consciente y premeditado. Sin embargo, entender una determinada estrategia como una inteligente astucia o como una provocación intolerable frecuentemente depende más de la posición del observador que del propio hecho analizado. En este sentido, llama la atención lo extraordinariamente fina que es la línea que separa una defensa soberbia y un toreo descarado al aparato de justicia.

Esta diferente valoración de un mismo fenómeno resulta patente, por ejemplo, en el caso de Carles Puigdemont, un personaje crepuscular cuyo único interés mediático, desde hace ya bastante tiempo, no va más allá de retransmitir sus andanzas transfronterizas y los intentos de los magistrados españoles por sentarlo en el banquillo. Para algunos, lo que está haciendo el expresident excede el legítimo derecho de defensa, para adentrarse en un intento circense de aprovechar formalmente los puntos ciegos del sistema para cachondearse de los tribunales, cuando ya debería llevar varios años en prisión por haber contravenido de manera flagrante una legislación homologable a la de cualquier otro país occidental. Por el contrario, para otros, lo que están haciendo sus abogados constituye un estudiado plan para denunciar ante la comunidad internacional el carácter antidemocrático del modelo jurídico y político español.

La actualidad más reciente nos ha proporcionado un ejemplo relativamente similar en la persona de Novak Djokovic (rebautizado en las redes sociales como NoVac YoCovid) durante su aventura australiana. Pese a las evidentes diferencias, ambos casos comparten interesantes coincidencias: dos personajes públicos convertidos en referentes patrióticos en sus respectivos países de origen, que representan la visión ideológica y la perspectiva emocional de una parte significativa de la ciudadanía, que han conculcado de forma evidente una normativa que les era aplicable, que se sienten injustamente perseguidos por una legislación abusiva y liberticida, que se enfrentan a un complejo proceso judicial a nivel internacional, que muestran cierta tendencia a creerse más listos que nadie, que han logrado numerosas victorias apoyándose en los resquicios procedimentales de dos modelos garantistas, y que tienen detrás de sí a una marea de seguidores que siguen sus peripecias en los tribunales, celebrando cada triunfo formal como si fuera una victoria sustancial.

Como decía, la cercanía personal que cada uno sienta por ambas causas probablemente marque la opinión individual que se tenga sobre la astucia o desfachatez de sus estrategias de defensa. Apuesto a que, estadísticamente, la mayoría de independentistas provacunas considerarán a Puigdemont un inteligente y valiente héroe, y a Djokovic un villano impresentable. Una valoración exactamente contraria abundará entre los españolistas negacionistas. Y, por último, los secesionistas conspiranóicos tendrán a los dos personajes en un altar, mientras que la mayoría de constitucionalistas provacunas considerarán a ambos unos auténticos caraduras.

Después del intrincado procedimiento legal que ha rodeado la eventual participación del serbio en el Open de Australia, parece que el tenista tendrá que hacer finalmente sus maletas y volverse a casa. Aunque, en el momento de escribir estas líneas, sus abogados tienen aún la posibilidad de interponer un último recurso, las cosas no pintan bien para Nole. Es lo que tiene la tauromaquia jurídica: a medio plazo, casi nadie se libra de sufrir una grave cogida. Supongo que también lo sabe el Niño de Waterloo.