No aprendemos

Publicado en el Diari de Tarragona el 27 de junio de 2021

Uno de los temas recurrentes a lo largo de la pandemia, una vez superado el shock colectivo de los primeros meses, fue la necesidad de extraer lecciones de un episodio tan dramático como inesperado. Este debate público giró alrededor de dos ejes principales. Por un lado, el impacto del virus provocó en muchos ciudadanos un replanteamiento interior de carácter individual: priorizar lo importante sobre lo urgente, disfrutar de las pequeñas cosas que siempre dimos por supuestas, valorar el papel central que ocupa la proximidad humana en nuestro universo personal, etc. Pero también hubo una reflexión sobre las moralejas que debíamos extraer como sociedad tras una crisis de envergadura inaudita: poner en valor la inversión en investigación y salud pública, reconocer la trascendencia de determinadas profesiones frecuentemente ninguneadas, superar el frentismo ideológico cuando afrontamos retos que nos afectan a todos transversalmente, entender la política como un entorno colaborativo al servicio de las necesidades de la ciudadanía, etc.

Durante unas semanas, algunos ingenuos percibimos y agradecimos cierto cambio en las tendencias parlamentarias. Parecía que, por fin, nuestros representantes entendían definitivamente que su función no era discutir sin tregua sino proponer, argumentar, dialogar, pactar y solucionar. Vana ilusión. Apenas comenzamos a salir del agujero, y los partidos ya muestran signos evidentes de retorno a su tradicional dinámica de patio de colegio. No han entendido nada, nosotros volveremos a votarles, así que nadie habrá extraído ni una sola lección que merezca la pena. En cierto modo, no hemos vivido un cambio sino una simple pausa. Y si una epidemia de proporciones bíblicas no es capaz de revertir la situación, nada será capaz de hacerlo, una conclusión ciertamente deprimente y que deja en evidencia el nivel de la clase política que lleva el timón de la mayoría de nuestras instituciones.

El Parlamento Vasco aprobó el pasado jueves una ley para que el ejecutivo autonómico disponga de una base legal que permita gestionar eficazmente los posibles escenarios que puedan producirse como consecuencia de los rebrotes que quizás se generen en el largo proceso que nos conducirá a una cierta normalidad sanitaria. Sin duda, las cifras de contagios en Euskadi han sido muy preocupantes desde marzo de 2020 (recordemos que uno de los tres puntos de arranque de la infección fue precisamente la capital vasca), una tendencia que se mantuvo a lo largo de todo el último año, con momentos ciertamente alarmantes. La exigencia de esta regulación tiene también relación con los varapalos judiciales que recibieron algunas medidas que el ejecutivo autonómico intentó implementar en los momentos más duros de la epidemia. El objetivo de los promotores de la nueva norma es dotar a las autoridades vascas de herramientas ágiles para responder con sistematicidad, rapidez y previsibilidad ante cualquier empeoramiento de las cifras durante los próximos meses.

La nueva ley ha sido aprobada esta semana con los votos de los dos partidos que conforman el gobierno, PNV y PSE, con el respaldo exterior de Elkarrekin Podemos, quien se abrió a negociar el texto y logró sacar adelante sesenta y dos enmiendas orientadas a dotar a la norma de un carácter más preventivo que punitivo. Tal y como declaró el parlamentario peneuvista Luis Javier Telleria, la pandemia aún no ha concluido, y esta regulación busca dotar de seguridad jurídica a las medidas que se adopten durante los próximos tiempos, “exprimiendo al máximo las competencias, sin romper el marco jurídico actual”. El socialista Ekain Rico previno de que habrá que “cruzar los dedos para que la situación no empeore”, y la representante morada Miren Gorrotxategi defendió la necesidad de estar preparados para “futuros rebrotes y variantes”. La normativa establece tres escenarios y cinco niveles de alerta en función de la incidencia acumulada y de otros indicadores, teniendo también en cuenta si la tendencia es al alza o a la baja. Además, el texto explicita que las medidas más duras sólo serán aplicables si se reactiva el estado de alarma.

Desde la perspectiva de nuestra salud democrática, lo que debería generar verdadera alerta es la respuesta de los partidos de la oposición. Bildu, PP y Vox han cargado duramente contra la ley, por motivos de lo más variopinto. La izquierda abertzale ha votado en contra por considerar que la norma nace muerta (dando irresponsablemente por hecho que el proceso de desescalada será lineal e irreversible), los populares se han limitado a cuestionar la eficacia de la nueva regulación (cuando llevan meses reprochando la improvisación en la gestión de la crisis en aquellas instituciones que no controlan), y la extrema derecha ha hecho lo único que parece saber hacer (anunciar un recurso de inconstitucionalidad).

Sin duda, la ley recién aprobada tendrá muchos puntos optimizables, porque todo es susceptible de perfeccionamiento, pero el tipo de argumentación empleado por la oposición y su falta de colaboración para mejorar el texto permiten concluir que el verdadero motivo de su rechazo es simplemente que la propuesta parte del adversario. Creo que no me arriesgo mucho al suponer que los tres partidos, desde la extrema izquierda independentista a la extrema derecha españolista, habrían votado a favor de regulaciones exactamente iguales si se tratase de una administración que ellos mismos gobernasen. Nos encontramos ante un ejemplo palmario de que todo ha sido en vano. Hemos sufrido decenas de miles de muertos para nada. Como dijo Laurence J. Peter, “sólo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia, y es no aprender de la experiencia”.