El color del cristal con que se mira

Publicado en el Diari de Tarragona el 4 de octubre de 2020

PRÓLOGO: En el marco de un proceso imparable de degradación institucional, sus señorías han vuelto a demostrar que no tienen el menor reparo en devaluar impúdicamente las herramientas que el ordenamiento pone a su disposición para garantizar un correcto funcionamiento de nuestro modelo político. En efecto, el artículo 52 del Reglamento del Congreso permite la creación de comisiones de investigación “sobre cualquier asunto de interés público”, cuyas conclusiones “no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales”. Nos encontramos ante un instrumento orientado a dotar de mayor transparencia a cuestiones controvertidas con trascendencia política y relevancia ciudadana, aunque no tengan necesariamente implicaciones judiciales. Sin duda, esta figura permite a los comisionados asumir un importante rol en la salvaguarda de la limpieza del sistema, configurándose como defensores de la sociedad que dicen representar. Pero eso es sólo la teoría.

CAPÍTULO 1: Como consecuencia de la denuncia interpuesta por el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid decidió recientemente abrir un procedimiento contra dicho partido por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El magistrado Juan José Escalonilla imputó formalmente a la propia organización (como persona jurídica), a Juanma del Olmo (secretario de Comunicación y director de Estrategia de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno), a Rocío Val (gerente del partido), a Daniel de Frutos (tesorero), y a Andrea Deodato (responsable del departamento de Compras y Finanzas). Entre otros asuntos, el juez ordenó investigar la presunta gestión ilegal de la Caja de Solidaridad de Podemos, la turbia licitación de la reforma de la nueva sede morada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, la supuesta contratación fraudulenta de diversos servicios durante la campaña electoral de abril de 2019, las sospechosas liquidaciones de gastos de algunos dirigentes y trabajadores de la formación, etc.

A raíz de la difusión de todas estas informaciones y de las irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas (que implicaban a una compleja red de sociedades, entre las que se encontraban la cooperativa Kinema, la consultora mexicana Neurona, o la firma portuguesa ABD Europa LDA), los partidos de la oposición plantearon la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja para analizar este caso. La propuesta tuvo poco recorrido, porque ni siquiera pudo superar el trámite constitutivo en la Junta de Portavoces: PP y Vox votaron a favor de la iniciativa, y PSOE y Podemos en contra. Según el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, la oposición de su partido a la creación de esta comisión se debía a que "no la consideraba de interés", y a que el asunto ya estaba en manos de la justicia. Por su parte, la portavoz Adriana Lastra añadió que esta propuesta del PP era "una cortina de humo".

CAPÍTULO 2: Como consecuencia de la aparición de diversos archivos de audio y conversaciones transcritas en un pendrive, intervenido en el domicilio del omnipresente excomisario José Manuel Villarejo, el juez Manuel García Castellón inició recientemente una investigación sobre un presunto operativo parapolicial financiado con fondos reservados del Ministerio del Interior. Esta trama tenía como objetivo recuperar documentos y grabaciones en poder del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que podrían demostrar una financiación irregular de la formación conservadora. La operación Kitchen se halla estrechamente vinculada con el caso Gürtel, pero va un paso más allá al sugerir la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos de las instituciones públicas para favorecer los intereses de la cúpula popular en tiempos de Mariano Rajoy, espiando ilícitamente a personas y anulando pruebas inculpatorias de ese partido en casos de corrupción.

A raíz de la difusión de todas estas informaciones y de las investigaciones iniciadas por la Audiencia Nacional (que implican a Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal y al antiguo secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez), los partidos que sustentan al gobierno plantearon la creación de una comisión de investigación en el Congreso. La propuesta ha salido adelante esta misma semana, gracias a un posicionamiento diametralmente opuesto al caso anterior: PSOE y Podemos han votado a favor de la iniciativa, y PP y Vox en contra. Según la portavoz popular en este debate, Ana Vázquez, su oposición a la creación de esta comisión se debe a que su partido la considera “innecesaria”, y a que los hechos no están probados ni argumentados. Por su parte, uno de los periodistas de cabecera de la derecha española, Francisco Marhuenda, ha publicado recientemente que la acusación contra el exministro de Interior es, igualmente, “una cortina de humo”.

EPÍLOGO: La mediocre clase política que nos está tocando padecer no ha perdido la oportunidad de convertir una herramienta parlamentaria útil y razonable en un nuevo escenario donde mostrar su deprimente decadencia. Unos y otros parecen empeñados en demostrar que todo les trae sin cuidado cuando está en juego la tarta electoral. La propaganda ha devorado a la verdad, y lo verdaderamente relevante no es qué se investiga, sino a quién. Por lo visto, el argumento que sirve para desacreditar al contrario carece de peso cuando el acusado pertenece al propio partido, y sus señorías han dejado de ser comisionados para convertirse en comisionistas de ese miserable rédito mediático que sólo persigue hundir al adversario en una piscina de barro. Ya lo decía Ramón de Campoamor: “En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira”. Mientras tanto, algunos dirigentes se preguntan por qué la ciudadanía se aleja de la política...