Gloria junto al pesebre

Publicado en el Diari de Tarragona el 21 de julio de 2019

Una de las tradiciones consolidadas de nuestro modelo político se produce cada cuatro años, una vez constituidas las diferentes administraciones locales, con el habitual mercado de abrevaderos institucionales que entretiene a los cínicos, confirma a los escépticos, sulfura a los idealistas y entusiasma a los agraciados. Si sumamos únicamente los cargos que se reparten en nuestras comarcas (algunos de ellos, auténticas canonjías) podemos concluir que las urnas deciden una de las mayores ofertas de empleo de la provincia: asesores, coordinadores, auxiliares, secretarios… Sólo el ayuntamiento de Tarragona gasta más de medio millón de euros anuales en estos puestos, y la Diputación casi un millón. Y eso por no hablar de los gerentes y consejeros de las empresas públicas, cuya formación y experiencia para esta función nadie fiscaliza. Ciertamente, el reparto de escaños representa el aspecto más digno y visible de la confrontación democrática, bajo el que se oculta una batalla campal por conquistar el mayor número posible de cargos de libre designación, donde los partidos y sus legiones de lactantes se juegan la paz interna y el sustento material respectivamente.

Aunque esta afirmación no sea muy popular, algunos consideramos que la figura del asesor es absolutamente necesaria. Esperar que un político sea experto en todos los temas sobre los que tendrá que decidir supone un acto de fe que choca frontalmente con la experiencia empírica. Nuestros concejales y diputados, salvando algunas honrosas excepciones que todos conocemos, suelen ser profesionales de los codos (de usarlos, no de hincarlos), que saben un poco de todo y mucho de nada. Teniendo en cuenta las enormes responsabilidades que se acumulan sobre sus espaldas, los administrados deberíamos ser los primeros interesados en proporcionales la ayuda de verdaderos expertos en urbanismo, en derecho, en economía, en sanidad… para que sus iniciativas y resoluciones sean compatibles con los criterios técnicos que sólo los profesionales del sector dominan. Rodear a nuestros gobernantes de buenos asesores no debería ser un privilegio para los políticos, sino una herramienta de autodefensa para los ciudadanos. Es cierto que los políticos cuentan con un magnífico cuerpo de funcionarios para orientarles en lo que sea necesario, pero también entra dentro de lo razonable que deseen elegir a expertos de su personal confianza para aconsejarles sobre cuestiones especialmente sensibles.

Sin embargo, reconociendo por adelantado que muchos asesores hacer correctamente su trabajo, cada vez es más frecuente ver cómo este tipo de plazas, previstas por el sistema para ayudar a nuestros gobernantes a no cometer disparates, son utilizadas descaradamente por los partidos para compensar económicamente a los candidatos mejor apadrinados que no han conseguido entrar en la cámara correspondiente. Hecha la ley, hecha la trampa. Así, cuando un partido se enfrenta a unas elecciones con cinco aspirantes en puestos de salida y finalmente sólo consigue cuatro escaños, no es extraño que el descolgado acabe como asesor de los primeros. ¿Asesor de qué, si probablemente sabe tanto o tan poco como sus colegas? En este punto conviene puntualizar que una cosa es que esta práctica sea legal (que lo es) y otra que deba ser aceptada pese a no atenerse a la finalidad para la que esta figura fue creada. Este fraude de ley también se extiende a otros muchos puestos en empresas públicas, que terminan convertidos en un mero fondo salarial a disposición de los partidos para repartirlo entre quienes les interese organizativamente, no entre quienes vayan a administrar mejor el patrimonio de todos.

Lamentablemente, tras cerrar las urnas y contar los votos, en algunos mentideros es habitual escuchar comentarios de este tipo: «Fulanito no ha conseguido escaño. ¿Dónde lo van a colocar ahora?». La posibilidad de exigir al candidato perdedor que se busque la vida en el mundo profesional parece una broma de mal gusto, si hay posibilidad de adjudicarle algún pesebre bien remunerado. Sin duda, alguien le encontrará un hueco en alguna empresa municipal, o en la Subdelegación del Gobierno, o en algún organismo de la Generalitat, o en la Diputación, o en el Port… Depende de cuáles sean las instituciones controladas por el partido al que pertenezca el tipo en cuestión. Es uno de los nuestros.

Lo más sorprendente de todo este fenómeno es que esta indignante costumbre apenas suele ser denunciada por los políticos que se arrogan la lucha por la regeneración institucional, lo que obliga a concluir que en este tema, con más o menos matices, todos hacen prácticamente lo mismo. En este sentido, resulta discutible la legitimidad de los partidos para quejarse por el lamentable concepto que la ciudadanía tiene sobre los cargos de libre designación, puesto que son sus propias prácticas consolidadas las que han provocado su desprestigio.