El regreso de Otegi

Publicado en el Diari de Tarragona el 28 de agosto de 2016

Una de las máximas irrefutables que han presidido el análisis político vasco desde la Transición es el principio de conservación de la energía radical: los votos de la izquierda abertzale ni se crean ni se destruyen, sólo se transforman. Efectivamente, este caladero electoral ha demostrado su perseverante fidelidad durante décadas, acudiendo masivamente a las urnas para depositar la papeleta correspondiente en cada convocatoria. Así quedó demostrado durante las sucesivas refundaciones orgánicas de este movimiento, especialmente tras las recurrentes ilegalizaciones de los años noventa: el oráculo de Alsasua se reunía poco antes de la jornada electoral y designaba urbi et orbi la formación que les representaría en esos comicios. Sólo así se comprende cómo una retahíla de siglas nacidas aparentemente de la nada han obtenido sistemáticamente unos resultados parecidos: HB, EH, Batasuna, EHAK, ASB, Bildu, Amaiur…

Sin embargo, esta ley presuntamente inmutable se derrumbó con estrépito en las elecciones generales de 2015, cuando la izquierda abertzale sufrió un descalabro impensable tiempo atrás. Pasaron de seis a dos escaños en el Congreso, un resultado que se confirmó en mayo de 2016. Esta debacle se correspondió con el vertiginoso despegue de Podemos, convertida en la candidatura más votada de Euskadi en ambas convocatorias. Por primera vez, un partido político lograba rascar una cantidad de votos significativa a los herederos de Batasuna.

Para entender este fenómeno debemos recordar que en HB han convivido tradicionalmente dos perfiles de votante no siempre coincidentes: el independentista (suelen ser la única candidatura explícitamente secesionista) y el antisistema (recordemos cómo alguna vez se han presentado a los comicios bajo el lema “vota lo que más les jode”). Hasta hace un año, Batasuna pescaba sin competencia en los dos caladeros, pese a la enorme distancia sociológica que en ocasiones distaba entre ambos. Pensemos, por ejemplo, que en la Euskadi profunda no es infrecuente que algunas piadosas señoras de misa diaria voten lo mismo que los rastafaris de costo, diábolo y litrona que tanto escandalizan a las primeras.

La irrupción de Podemos y sus marcas afines reventó este reparto electoral consolidado durante décadas, infringiendo a Batasuna un notable mordisco por el flanco ideológico que se caracterizaba más por su rupturismo que por su independentismo. En este contexto, los dirigentes radicales fijaron su mirada en Arnaldo Otegi como el caballero blanco que podría rescatarles de la progresiva irrelevancia parlamentaria, tras cumplir íntegramente su condena por el caso Bateragune. Es lógico, por tanto, que haya sido escogido como cabeza de cartel para las inminentes elecciones autonómicas al parlamento de Vitoria, donde la izquierda abertzale se juega su futuro como movimiento político decisivo en el panorama político vasco.

Sin embargo, el camino de Otegi hacia la lehendakaritza se ha topado con un importante escollo legal. La Junta Electoral de Gipuzkoa ha vetado su candidatura al considerar que pesa sobre él una inhabilitación para el sufragio pasivo hasta el año 2021. Como era de esperar, los servicios jurídicos de la formación radical han anunciado su intención de recurrir este veto por la vía contencioso-administrativa, un objetivo que en los círculos políticos y periodísticos madrileños se considera absurdo y disparatado.

Llegados a este punto, me gustaría reproducir unos comentarios emitidos al respecto por un conocido jurista: “En la sentencia de la Audiencia Nacional hay dos inhabilitaciones, pero su ejecución no está clara. Es un tema técnico y los argumentos de Otegi son legítimos. La primera es una inhabilitación especial para cargo público, en la que el tribunal debería haber especificado los cargos concretos a los que afecta. No lo hizo y puede que no pueda ejecutarse, como ya sucedió en el caso de Iker Casanova. La otra inhabilitación es una pena accesoria a la condena de prisión, que ya se ha extinguido. Puede que Bildu tenga razón”.

Apuesto a que más de un lector pensará que esta reflexión ha sido pronunciada por alguno de los abogados habituales de la izquierda abertzale, como Jone Goirizelaia o Íñigo Iruin. Lamento decepcionarles, puesto que estas declaraciones corresponden a Juan Calparsoro, Fiscal Superior del País Vasco. Aunque finalmente se opondrá a la presencia de Otegi en las listas electorales, en cuanto máximo representante del ministerio fiscal en Euskadi, sometido jerárquicamente al Fiscal General del Estado designado por el Gobierno, esta dependencia fáctica del ejecutivo no le ha impedido emitir su opinión sobre una inelegibilidad que a su juicio no es tan evidente como algunos pretenden hacer creer. La cuestión parece, como mínimo, discutible.

En paralelo a la polémica legal circulan también otras derivadas de carácter eminentemente político. Al margen de la opinión que le merezca a cada uno, resulta innegable que Otegi ha logrado arrogarse una gran porción del mérito político en la consecución de la paz que por fin se disfruta en Euskadi. De hecho, mientras estuvo en prisión, fueron muchas las personalidades internacionales que exigieron su inmediata excarcelación: premios Nobel de la Paz como Pérez Esquivel o Desmond Tutu, expresidentes como José Mújica o José Manuel Zelaya, el exfiscal general norteamericano Ramsey Clark, el pensador Noam Chomsky, etc. Por si fuera poco, a nadie se le escapa que la obsesión gubernamental por vetar a Otegi está agigantando el mito que le rodea, lo que sin duda va a resucitar a una agonizante Batasuna con los votos que regresen de Podemos. Para colmo, si las tesis del ejecutivo fracasan en los tribunales (no sería la primera vez), su torpeza podría incluso propiciar la elección del primer lehendakari batasuno de la historia.

Honestamente, al observar las estrategias del Gobierno ante los conflictos vasco y catalán, cada vez resulta más procedente preguntarse si su objetivo sincero es apagar estos incendios o todo lo contrario. ¿Torpeza o malicia? No sé qué es peor.