Merkozy o Merkollande
Publicado en el Diari de Tarragona el 29 de abril de 2012
¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Evidentemente. ¿Debe reducirse el gasto público para hacer frente a nuestros compromisos financieros? Por supuesto. ¿Vamos a tener que olvidarnos de algunas conquistas sociales que habíamos asumido como irrenunciables? Sin duda. ¿Era necesario aumentar la presión fiscal y reducir la inversión pública para salvar una situación puntual? Es probable. ¿Cuánto podremos aguantar así? Muy poco.
Pese a las falsedades macroeconómicas de nuestros antiguos gobernantes y los reiterados incumplimientos programáticos de los actuales, una gran mayoría de la sociedad española ha asumido con resignación la inevitabilidad de una dura travesía del desierto para superar la crisis económica. Puede no haber acuerdo sobre la magnitud o el destino de los recortes, pero un sector amplísimo de la ciudadanía ha entendido que ningún gobierno disfruta imponiendo una dieta dramática a su país sin necesidad. Como muestra, la resistencia electoral de CiU, pese a los drásticos recortes emprendidos por el ejecutivo de Artur Mas, sugiere que la sociedad es mucho menos adicta al populismo de lo que en muchas ocasiones se piensa. Ahora bien, los seres humanos tenemos la curiosa costumbre de comer a diario, y serán pocos los ciudadanos dispuestos a apretarse el cinturón sumisa e indefinidamente sin percibir que su sacrificio sirve para algo.
Nadie esperaba que la política prusiana que domina las cuentas públicas fuera a solucionar todos nuestros problemas de la noche a la mañana, pero tampoco se contaba con un sometimiento incondicional a unas draconianas medidas impuestas por la canciller alemana, que están propiciando un alarmante declive de nuestra economía. Esta semana hemos entrado oficialmente en recesión, y el ejecutivo ha augurado para el próximo verano una “tímida” recuperación económica, que no alcanzará niveles significativos hasta 2015. Siempre es preferible la cruda verdad a la mentira placebo, y debe reconocerse la osadía de un gobierno que plantea previsiones de actuación económica hasta 2020 cuando apenas mantiene sus tesis durante dos semanas seguidas. Lamentablemente, parece imposible creer a Luis de Guindos cuando afirma que el desempleo permanecerá prácticamente estabilizado durante los próximos cuatro años, si tenemos en cuenta que la tasa de paro aumenta automáticamente cuando el crecimiento no alcanza el 3%. Aunque la Moncloa intente suavizarlo, las cifras del gobierno presagian un horizonte cercano a los siete millones de parados a medio plazo, muchos de los cuales no tendrán ningún tipo de ingresos, lo que convertirá la violenta revuelta griega en unas fiestas patronales: no hay mayoría absoluta que contenga a una sociedad que se desangra.
En el mundo mercantil, cuando una empresa es temporalmente incapaz de afrontar sus obligaciones financieras sin arriesgar su propia supervivencia, suele ser habitual recurrir a medidas excepcionales para salvar la situación: aplazamiento de vencimientos, refinanciación de la deuda, convenios de quita y espera… Los acreedores que transigen con estos sistemas no se mueven por motivos altruistas, sino por la firme convicción de que el mantenimiento de las condiciones iniciales puede acabar aniquilando al cliente, y con él, la posibilidad de cobrar dichos créditos. ¿Qué tiene que pasar para que los organismos e inversores internacionales comprendan que España está destruyendo, quizás irreversiblemente, gran parte de los recursos productivos que podrían servir en el futuro para volver a generar riqueza y empleo?
Al margen del progresivo desmantelamiento de nuestro modelo social, la lucha en favor del necesario equilibrio presupuestario apenas se ha orientado al adelgazamiento de las estructuras institucionales, sino a la reducción salvaje de la inversión y el aumento contraproducente de la presión fiscal, introduciéndonos en una espiral decreciente de la que no saldremos fácilmente: el estado no tiene dinero para pagar sus deudas, para solucionarlo reduce las políticas de crecimiento y aumenta los impuestos, las empresas que dependen de ello cierran o despiden a sus trabajadores, todos ellos dejan de gastar y cotizar, lo que provoca una nueva disminución en los ingresos públicos, que vuelven a ser insuficientes para satisfacer los pagos del estado, de modo que se vuelve a reducir la inversión y a aumentar la presión fiscal… ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?
Sesudos expertos en economía llevan afirmando desde hace años que la rígida política financiera de Ángela Merkel va a suponer un suicidio para la zona euro. Al final, van a tener razón. Gracias a Dios, la UE no podrá intervenirnos porque no tiene suficiente dinero para hacerlo: tengamos en cuenta que los tres países intervenidos hasta la fecha –Grecia, Portugal e Irlanda- apenas suman conjuntamente la mitad del peso económico español. Es la hora de que Mariano Rajoy aproveche esta evidencia y ejerza un liderazgo claro ante las autoridades europeas, priorizando con responsabilidad la supervivencia de sus conciudadanos por encima de cualquier otra circunstancia. No se trata de destrozar nuestra imagen exterior con una quita helena, ni de arriesgar nuestra posición política comunitaria, sino de hacer comprender a Bruselas que nuestro colapso económico no beneficia a nadie y que el BCE está para algo.
En mi opinión, la principal esperanza de detener la actual dinámica tiene nombre y apellidos, François Hollande, el único dirigente capaz de aflojar la soga franco-alemana que rodea nuestro cuello. Me consta que son muchos los españoles, no necesariamente de izquierdas, que sueñan con una victoria electoral de los socialistas franceses. Sólo así las políticas de crecimiento volverán a tener cabida en la agenda comunitaria. De nada servirá cuadrar nuestras cuentas en un tiempo record si no queda nadie para contarlo.
¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Evidentemente. ¿Debe reducirse el gasto público para hacer frente a nuestros compromisos financieros? Por supuesto. ¿Vamos a tener que olvidarnos de algunas conquistas sociales que habíamos asumido como irrenunciables? Sin duda. ¿Era necesario aumentar la presión fiscal y reducir la inversión pública para salvar una situación puntual? Es probable. ¿Cuánto podremos aguantar así? Muy poco.
Pese a las falsedades macroeconómicas de nuestros antiguos gobernantes y los reiterados incumplimientos programáticos de los actuales, una gran mayoría de la sociedad española ha asumido con resignación la inevitabilidad de una dura travesía del desierto para superar la crisis económica. Puede no haber acuerdo sobre la magnitud o el destino de los recortes, pero un sector amplísimo de la ciudadanía ha entendido que ningún gobierno disfruta imponiendo una dieta dramática a su país sin necesidad. Como muestra, la resistencia electoral de CiU, pese a los drásticos recortes emprendidos por el ejecutivo de Artur Mas, sugiere que la sociedad es mucho menos adicta al populismo de lo que en muchas ocasiones se piensa. Ahora bien, los seres humanos tenemos la curiosa costumbre de comer a diario, y serán pocos los ciudadanos dispuestos a apretarse el cinturón sumisa e indefinidamente sin percibir que su sacrificio sirve para algo.
Nadie esperaba que la política prusiana que domina las cuentas públicas fuera a solucionar todos nuestros problemas de la noche a la mañana, pero tampoco se contaba con un sometimiento incondicional a unas draconianas medidas impuestas por la canciller alemana, que están propiciando un alarmante declive de nuestra economía. Esta semana hemos entrado oficialmente en recesión, y el ejecutivo ha augurado para el próximo verano una “tímida” recuperación económica, que no alcanzará niveles significativos hasta 2015. Siempre es preferible la cruda verdad a la mentira placebo, y debe reconocerse la osadía de un gobierno que plantea previsiones de actuación económica hasta 2020 cuando apenas mantiene sus tesis durante dos semanas seguidas. Lamentablemente, parece imposible creer a Luis de Guindos cuando afirma que el desempleo permanecerá prácticamente estabilizado durante los próximos cuatro años, si tenemos en cuenta que la tasa de paro aumenta automáticamente cuando el crecimiento no alcanza el 3%. Aunque la Moncloa intente suavizarlo, las cifras del gobierno presagian un horizonte cercano a los siete millones de parados a medio plazo, muchos de los cuales no tendrán ningún tipo de ingresos, lo que convertirá la violenta revuelta griega en unas fiestas patronales: no hay mayoría absoluta que contenga a una sociedad que se desangra.
En el mundo mercantil, cuando una empresa es temporalmente incapaz de afrontar sus obligaciones financieras sin arriesgar su propia supervivencia, suele ser habitual recurrir a medidas excepcionales para salvar la situación: aplazamiento de vencimientos, refinanciación de la deuda, convenios de quita y espera… Los acreedores que transigen con estos sistemas no se mueven por motivos altruistas, sino por la firme convicción de que el mantenimiento de las condiciones iniciales puede acabar aniquilando al cliente, y con él, la posibilidad de cobrar dichos créditos. ¿Qué tiene que pasar para que los organismos e inversores internacionales comprendan que España está destruyendo, quizás irreversiblemente, gran parte de los recursos productivos que podrían servir en el futuro para volver a generar riqueza y empleo?
Al margen del progresivo desmantelamiento de nuestro modelo social, la lucha en favor del necesario equilibrio presupuestario apenas se ha orientado al adelgazamiento de las estructuras institucionales, sino a la reducción salvaje de la inversión y el aumento contraproducente de la presión fiscal, introduciéndonos en una espiral decreciente de la que no saldremos fácilmente: el estado no tiene dinero para pagar sus deudas, para solucionarlo reduce las políticas de crecimiento y aumenta los impuestos, las empresas que dependen de ello cierran o despiden a sus trabajadores, todos ellos dejan de gastar y cotizar, lo que provoca una nueva disminución en los ingresos públicos, que vuelven a ser insuficientes para satisfacer los pagos del estado, de modo que se vuelve a reducir la inversión y a aumentar la presión fiscal… ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?
Sesudos expertos en economía llevan afirmando desde hace años que la rígida política financiera de Ángela Merkel va a suponer un suicidio para la zona euro. Al final, van a tener razón. Gracias a Dios, la UE no podrá intervenirnos porque no tiene suficiente dinero para hacerlo: tengamos en cuenta que los tres países intervenidos hasta la fecha –Grecia, Portugal e Irlanda- apenas suman conjuntamente la mitad del peso económico español. Es la hora de que Mariano Rajoy aproveche esta evidencia y ejerza un liderazgo claro ante las autoridades europeas, priorizando con responsabilidad la supervivencia de sus conciudadanos por encima de cualquier otra circunstancia. No se trata de destrozar nuestra imagen exterior con una quita helena, ni de arriesgar nuestra posición política comunitaria, sino de hacer comprender a Bruselas que nuestro colapso económico no beneficia a nadie y que el BCE está para algo.
En mi opinión, la principal esperanza de detener la actual dinámica tiene nombre y apellidos, François Hollande, el único dirigente capaz de aflojar la soga franco-alemana que rodea nuestro cuello. Me consta que son muchos los españoles, no necesariamente de izquierdas, que sueñan con una victoria electoral de los socialistas franceses. Sólo así las políticas de crecimiento volverán a tener cabida en la agenda comunitaria. De nada servirá cuadrar nuestras cuentas en un tiempo record si no queda nadie para contarlo.
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