La panacea del voto electrónico

Publicado en el Diari de Tarragona el 31 de enero de 2021


Las circunstancias que están rodeando los próximos comicios catalanes están convirtiendo esta convocatoria en una nueva pesadilla tragicómica, como casi todo lo que acontece desde hace unos meses a nuestro alrededor.

Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya acaba de dejar sin efecto el decreto del Govern que aplazaba las elecciones hasta el 30 de mayo. Los magistrados han respondido así al alud de impugnaciones que tenían sobre la mesa: Lliga Democràtica, Federalistes d'Esquerres, Impulso Ciudadano, Pacma, etc. El Gobierno central ya había advertido sobre el riesgo de aplazar los comicios una vez abierto el proceso electoral, sin un cambio sustancial en las cifras de la pandemia ni en el régimen de restricciones, máxime en el contexto de precariedad institucional de una Generalitat sin President. Al menos, para conocer la resolución final, no hemos tenido que esperar a una semana antes de abrirse las urnas, como estaba delirantemente previsto.

Por si fuera poco, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, anunció que durante la campaña se permitiría violar el confinamiento municipal para acudir a eventos electorales, al tratarse del “ejercicio de un derecho fundamental”. Como era previsible, esta desconcertante declaración provocó una ola de indignación prácticamente unánime. Como comentaba un conocido, el Govern me prohíbe visitar a mi madre que vive sola, pero me permite cruzar Catalunya para ir a aplaudirles en medio de una muchedumbre. Ya deberíamos estar acostumbrados a los disparates y torpezas de nuestros actuales dirigentes, pero este anuncio demuestra un nivel de inconsciencia y desvergüenza tan colosal que probablemente lo sitúa a la cabeza de la competida carrera entre las ocurrencias políticas más lamentables de los últimos tiempos. Sinceramente, hay que vivir a años luz del mundo real para creer que esta medida tenía el más mínimo sentido. Afortunadamente, han terminado reculando.

Ambas situaciones evidencian, con peculiar estilo ibérico, las dificultades para desarrollar un proceso electoral en un contexto como el actual, caracterizado por importantes limitaciones de movilidad y contacto. Al margen del impacto sobre el formato de la campaña, algo totalmente secundario, es razonable preguntarse por los contagios que puedan producirse en las sedes de las votaciones, espacios cerrados por donde pasarán cientos de personas en un mismo día, especialmente entre los miembros de las respectivas mesas. Ahora afrontamos el problema puntual del 14F, pero se trata de un reto que probablemente se repita en el futuro, si concedemos credibilidad a los expertos que auguran recurrentes epidemias durante las próximas décadas, derivadas de nuestro actual estilo de vida. Esta problemática ha resucitado el debate sobre la posible implantación del voto electrónico, una herramienta que algunos consideran una auténtica panacea, mientras otros la observan con recelo.

Sin duda, la ciudadanía está crecientemente acostumbrada a obtener todo tipo de servicios a través de medios telemáticos. En el caso de las relaciones con la administración pública, englobadas en el concepto de eGovernment, suele ser habitual la exigencia de garantías adicionales a las requeridas en actividades de consumo, por la especial trascendencia de muchos de estos trámites. Entre las principales ventajas que suelen atribuirse a estos procedimientos, destacan la disponibilidad (permite realizar gestiones en cualquier momento y desde cualquier lugar), la reducción de costes (en desplazamientos, en papel, en personal, en inmuebles), la trazabilidad, la transparencia, etc. Sin embargo, también plantea dudas de seguridad, que resultan especialmente significativas cuando estos canales se intentan aplicar al ámbito electoral, como han hecho Estonia, Australia, Suiza o Canadá: por un lado, la fiabilidad a nivel técnico, y por otro, la certeza sobre la confidencialidad y libertad de quien actúa en remoto.

El primer aspecto tiene diferentes vertientes, pues existe el riesgo de hackeo de la cuenta del votante, el pirateo del propio sistema de recuento, la vulneración del anonimato del ciudadano, etc. El origen de estos ciberataques puede ser público (algunos países se están convirtiendo en verdaderos expertos en este tipo de estrategias, con el objetivo de inmiscuirse y desestabilizar a sus adversarios geopolíticos) y también privado (imaginemos que las expectativas económicas de un gigante tecnológico sin escrúpulos dependan de quién resulte elegido en un proceso electoral). Para colmo, al menos teóricamente, el i-Voting permitiría un fraude de voto masivo, a diferencia de lo que sucede en un amaño físico con papeletas y urnas. Aun así, los nuevos modelos que actualmente se están desarrollando para dotar de fiabilidad a la actividad en la red probablemente permitan minimizar este tipo de riesgos en un futuro próximo.

Los principales inconvenientes que costará resolver para la digitalización de los procesos electorales tienen que ver con consideraciones de tipo humano y político. En efecto, el voto en democracia tiene dos características esenciales: es libre y secreto. Ambos requisitos nunca pueden ser totalmente garantizados, pero el procedimiento tradicional ha demostrado facilitar su cumplimiento con razonable eficacia. Sin embargo, el sistema electrónico carece de herramientas para evitar, por ejemplo, que un ciudadano se vea obligado a votar desde su casa bajo la atenta mirada de un familiar o cuidador que desee influir en su decisión. O directamente, por llevar el caso al extremo, es imposible saber si alguien está participando en el proceso bajo una coacción directa, con un cuchillo en el cuello o una pistola en la sien.

El futuro es digital, sin duda, pero no podemos poner un derecho fundamental en manos de un modelo que todavía se encuentra en fase de desarrollo. De hecho, algunos países pioneros en estos sistemas han dado marcha atrás, como Finlandia, Irlanda, Francia o Países Bajos. De momento, intentemos optimizar y adaptar las herramientas con las que contamos, como el voto por correo. Nos va la democracia en ello.