#yositecreo… a veces

Publicado en el Diari de Tarragona el 19 de junio de 2022

Un escándalo de aroma pestilente y gravedad notable está sacudiendo los cimientos del pacto de gobierno que permitió la conformación del actual ejecutivo valenciano. Todas las miradas se centran en Mónica Oltra, máxima dirigente de Compromís y actual portavoz del gobierno encabezado por el socialista Ximo Puig. Para entender los orígenes y valorar la profundidad de este turbio asunto, sospechosamente silenciado por medios afines durante años, debemos retrotraernos un lustro atrás.

Todo comenzó con una denuncia por abusos sexuales presuntamente padecidos por una adolescente de 14 años, tutelada por la Generalitat Valenciana. Aunque, en principio, se trataba de un caso similar a otros muchos que se suceden con deprimente recurrencia, en esta ocasión concurría un factor significativamente especial: la persona acusada de cometer estos actos era nada menos que el entonces marido de Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi, quien trabajaba como cuidador en un centro de menores, cuya supervisión correspondía a la Conselleria de Igualdad que dirigía la propia lideresa de Compromís.

El expediente se cursó por el conducto interno habitual. Sin embargo, las autoridades encargadas del caso intentaron enterrar el asunto, en contra del machacón bombardeo del hashtag #yositecreo que su cúpula política parecía enarbolar de forma militante. En efecto, el informe de los servicios de la Generalitat negó toda credibilidad a la presunta víctima, y consideró falsas sus declaraciones, para alivio del acusado (y relajo también de la dirigente valenciana, todo sea dicho).

Ante este sorprendente y cruel desamparo por parte de la administración autonómica, la adolescente interpuso una denuncia ante la Policía Nacional, que terminó en manos de la Fiscalía de Menores. Como consecuencia de la investigación judicial, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia dictó finalmente sentencia el 17 de marzo de 2021, apoyándose en el informe de la forense del Instituto de Medicina Legal, que examinó a la menor y sí creyó su versión. El resultado fue una condena a cinco años de prisión por abuso sexual continuado con prevalimiento, tal y como solicitaba el ministerio fiscal.

El relato de hechos probados resulta nauseabundo: “Luis Eduardo Ramírez Icardi, que desempeñaba el turno de noche en aquella época, acudía a la habitación de la menor cuando se hallaba castigada. Éste procedía a masajearle en la zona del cuello y la espalda, y una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación”. La propia sentencia dejaba en muy mal lugar a la Conselleria de Igualdad, reprochando la “hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados, y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla”.

La pasividad de la administración autonómica podría ser interpretada, en el mejor de los casos y siendo muy bienpensados, como simple incompetencia. Pero también cabría sospechar, teniendo en cuenta la clamorosa vinculación del acusado con la máxima responsable de la institución que intentó desacreditar a la víctima, que quizás se tratase de una maquinación para proteger al sospechoso, y en último término, también a la propia Oltra y su imagen pública. Y es precisamente ese escenario el que se sugiere en la reciente imputación de la vicepresidenta de la Generalitat, así como de otros trece investigados en la presunta trama.

El auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aprecia “una serie de indicios plurales” que “hacen sospechar la posible existencia de un concierto” entre el resto de imputados y Mónica Oltra, que tendría como objetivo “proteger a su entonces pareja, o bien proteger la carrera política de la aforada”. En su escrito de alegaciones, la Fiscalía apunta la posible existencia de varios delitos como prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Por otro lado, el TSJ señala que también cabría considerar una malversación de caudales públicos, teniendo en cuenta los medios utilizados en esta maniobra de ocultación, además de un delito de encubrimiento. El Tribunal se muestra especialmente contundente al señalar que los actos que jalonan la tramitación autonómica de esta denuncia por abusos sexuales, considerados aisladamente, no tendrían por qué considerarse irregulares, “pero si los valoramos en su conjunto, poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejado de la finalidad para la que fueron concebidos”.

La vicepresidenta de la Generalitat y su partido han respondido a esta imputación amenazando con volar el Govern si no cuentan con el respaldo incondicional del resto de socios del Acord del Botànic, convirtiendo una investigación judicial en una polémica partidista: “Esto es una cacería que viene de la extrema derecha. Esta gente no puede ganar. Es una cuestión política de defensa democrática”. A pesar de que el propio auto recuerda la jurisprudencia del TS y del TC, que consagra la acumulación de indicios como “una modalidad de prueba perfectamente admisible”, la imputada se ha enrocado en su privilegiado sillón, alegando que no existe ninguna prueba directa contra ella.

Ciertamente, semejante homenaje a la presunción de inocencia resultaría más creíble si no viniera de un partido y una dirigente que se han caracterizado históricamente por acosar de forma frívola y brutal a determinados adversarios políticos contra quienes tampoco había nada más que indicios (algunos de ellos, por cierto, fueron posteriormente absueltos). Las personas que elevan el nivel de exigencia cuando juzgan a los demás, deberían aceptar deportivamente la posibilidad de ser juzgadas en el futuro por el mismo rasero. Y también deberían hacer lo que entonces reclamaron a sus contrincantes: dimitir hasta que se clarifiquen estos gravísimos hechos.