Cloacas

Publicado en el Diari de Tarragona el 7 de abril de 2019

Los antiguos romanos escogieron el nombre de Annona, diosa de la cosecha, para bautizar el sistema de distribución de trigo entre los habitantes de la ciudad del Tíber. Este modelo, creado en tiempos de la república y perfeccionado por Octavio Augusto, garantizaba el suministro de este cereal según la evolución demográfica del momento. Algunos historiadores han utilizado las previsiones de los ediles que lo gestionaban para calcular la población de la capital imperial, resultando una cifra aproximada al millón de habitantes en el primer siglo de nuestra era. Teniendo en cuenta las dificultades que sufren algunas ciudades mucho más pequeñas de la actualidad para asegurar la limpieza y salubridad de sus calles, no es difícil imaginar el inmenso problema que debía suponer este asunto para los gobernantes de la época. 

La solución ideada por las autoridades imperiales fue aprovechar el canal de desagüe iniciado en el siglo VI a. C. por el rey Tarquinio Prisco, con ingenieros etruscos y a cielo abierto, convirtiéndolo en la que quizás fue la mayor red de alcantarillado subterráneo de la antigüedad: la Cloaca Máxima. Esta infraestructura permitía canalizar hacia el río el agua sobrante que llegaba en abundancia a través de los once acueductos de la ciudad, ayudando a deshacerse de la suciedad y los desperdicios generados por semejante muchedumbre. Así, este fétido y nauseabundo sistema de desagües permitió a la antigua Roma convertirse en una megalópolis asombrosamente higiénica para su época. 

No es difícil entender por qué el término cloaca pasó posteriormente a designar aquellas oscuras redes que utilizan los Estados para realizar determinadas acciones malolientes pero necesarias para la supervivencia colectiva: grupos de agentes infiltrados que dan cuenta de sus actividades con cuentagotas, fuerzas secretas de intervención que se caracterizan por unas prácticas no especialmente pulcras, presupuestos para gastos reservados cuya transparencia brilla lógicamente por su ausencia, etc. Ninguna nación ha renunciado a mantener oculta una parte de su propia organización, normalmente subterránea y apestosa como una cloaca, que sin embargo se considera imprescindible para la buena salud del país. 

Precisamente por ello, me parece llamativo que los medios de comunicación y los partidos políticos hayan aceptado con naturalidad utilizar este término para referirse a la mafia policial que ha actuado impunemente en España durante las últimas décadas. No estamos hablando de un brumoso apéndice del Estado que ha trabajado en beneficio de la seguridad colectiva, dedicándose a las parcelas más ingratas e inconfesables de esta labor, sino una simple banda de delincuentes al servicio de oscuros intereses económicos y políticos. 

Como hemos visto, aunque a todos nos gustaría que el aparato público pudiera desenvolverse siempre dentro de unos estrictos criterios de corrección y transparencia, la experiencia parece demostrar que esta aspiración no siempre es posible. Eso sí, cuando se admite la excepcionalidad como argumento justificativo, nos exponemos a tres problemas fundamentales. Para empezar, la inevitable opacidad de este tipo de actividades dificulta enormemente su supervisión, con un riesgo evidente y continuo de perder el control sobre esta parte penumbrosa del Estado. Por otro lado, siempre ha existido un gran debate sobre los límites que jamás deberían traspasarse en este ámbito, pues no es lo mismo pagar a confidentes con droga que “suicidar” a Andreas Baader y Jan Carl Raspe en la prisión de Stuttgart-Stammheim. Por último, en aquellos casos en que este submundo permanece relativamente embridado, no es extraño que las autoridades democráticas sientan la tentación de utilizar para su exclusivo interés partidista unas herramientas excepcionales que presuntamente se crearon para servir a la colectividad. 

Estos tres problemas parecen converger en el escándalo de espionaje político que ha salpicado estos días al último gobierno del Partido Popular. Según parece desprenderse de las pruebas aireadas esta semana, un grupo de policías estuvo llevando a cabo labores de seguimiento en un contexto jerárquico sumamente turbio, incluyendo entre sus cometidos la presunta invención de pruebas falsas contra los espiados, todo ello en el marco de una operación sistemática que tenía como objetivo hundir a partidos políticos legalmente constituidos, en clara connivencia con determinados medios de comunicación de la derecha española. Afortunadamente, los actuales responsables de Interior aseguran que esta red corrupta ya ha sido desmantelada y el aparato judicial trabaja intensamente para llevar a sus responsables ante los tribunales. Sin embargo, sorprende la pasmosa despreocupación con que el mundo mediático e institucional está respondiendo a estas informaciones. 

En la mayor parte de países europeos estas noticias habrían provocado un escándalo mayúsculo, llenarían las portadas de todos los periódicos sin excepción, obligarían a los máximos líderes políticos de todas las ideologías a condenar con vehemencia lo sucedido, provocarían el cese inmediato de numerosos mandos policiales, y fulminarían la trayectoria pública de los responsables políticos vinculados a estos hechos. Nada de esto ha sucedido. La difusión de las grabaciones incriminatorias apenas ha inquietado a la opinión pública, los medios con una línea editorial conservadora han intentado minimizar la gravedad del asunto, los tres partidos de la derecha han pasado de puntillas sobre el caso, no hay constancia de cambios relevantes en la jerarquía policial, y los políticos salpicados por el escándalo siguen cómodamente guarnecidos en sus actuales puestos. 

Semejante falta de reacción mayoritaria sugiere que nuestra democracia tiene aún mucho camino por recorrer en el ámbito de los valores políticos que configuran nuestra mentalidad colectiva, que impepinablemente debería incluir la pulsión de indignarnos ante un atropello gubernamental aunque la víctima fuera nuestro adversario electoral. Podríamos autosedarnos pensando que esta necesaria evolución requiere más tiempo en un régimen de libertades relativamente joven como el nuestro. Sin embargo, tengo la sensación de que caminamos en sentido inverso, con una vida pública crecientemente futbolizada: sólo vemos el penalti cuando la patada la reciben los nuestros.