Concierto acústico

Publicado en el Diari de Tarragona el 7 de mayo de 2017

Los gobiernos español y vasco han anunciado esta semana un acuerdo sobre la cantidad que Euskadi aporta anualmente a las arcas estatales: el cupo. Aprovechando la debilidad parlamentaria del PP de cara a los presupuestos, los dirigentes peneuvistas han logrado una cifra muy beneficiosa para las haciendas forales. Como era de prever, el pacto ha sido objeto de numerosas críticas, algunas de las cuales parecen provenir de quienes sólo conocen este asunto de oídas. Por ejemplo, se ha afirmado que el Estado va a regalar a Euskadi 1.400 MEUR, olvidando que este importe constituye la devolución de una cantidad previamente pagada de forma indebida según el cupo aprobado (¿acaso Hacienda nos hace un regalo cuando el IRPF nos sale a devolver?). Incluso leí un sesudo artículo que hablaba de “un pacto para los próximos quince años”, cuando en realidad finaliza en 2021 (aunque también resuelva las divergencias de cálculo de la última década). En cualquier caso, la constatación de este conocimiento meramente acústico invita a realizar algunas reflexiones sobre el particular.

Teniendo en cuenta que han sido infinitas las veces que he debido responder al mismo interrogatorio (en cuanto vasco que vive en un territorio de régimen fiscal común), aprovecharé estas líneas para manifestar mi posición. ¿Es justo que los territorios forales recauden sus propios impuestos? En mi opinión, sí. ¿Es justo que vascos y navarros aporten proporcionalmente menos que el resto? En mi opinión, no. Efectivamente, resulta estéril analizar el concierto económico sin diferenciar el sistema y el cálculo. Yo mismo me he visto envuelto en discusiones bizantinas con quienes parecen incapaces de separar ambos planos: el debate sobre el modelo mismo (un régimen basado en la descentralización fiscal, con aportaciones anuales para sufragar los gastos comunes) y el debate sobre la forma de determinar dicha contribución (que se negocia quinquenalmente). Abordemos inicialmente el primer asunto.

Para empezar, el concierto económico no es un régimen fiscal implantado sino reconocido constitucionalmente como parte de los derechos históricos vasconavarros. El modelo se creó hace siglo y medio, aunque con anterioridad eran ya las diputaciones quienes recaudaban los impuestos en Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Por resumirlo de una forma sencilla, en ningún momento de la historia un gasteiztarra, por ejemplo, ha pagado directamente a Madrid sus tributos. Jamás. Sólo el dictador Franco se atrevió a derogar parcialmente este régimen para castigar a los “traidores” guipuzcoanos y vizcaínos, quienes recuperaron la situación de alaveses y navarros con la reinstauración democrática.

Por otro lado, este sistema de financiación también tiene espinas escondidas entre las flores. De hecho, Jordi Pujol no quiso implantarlo en Catalunya cuando pudo hacerlo. ¿Cómo es posible que tomara esta decisión, si aparentemente todo eran ventajas? A mi juicio, el fundador de CDC cometió este gravísimo error histórico por dos posibles motivaciones: primero, autoexcluirse de la hacienda común puede ser fantástico en época de vacas gordas, pero también puede resultar arriesgado en tiempos de zozobra económica al quedar expulsado del paraguas estatal (los recortes del Gobierno Vasco durante la crisis económica han sido brutales, sin optar a la cobertura del FLA); y segundo, asumir el papel recaudador nunca es una tarea grata para un político, especialmente si se enarbola una estrategia basada en descargar sobre Madrid la responsabilidad por todos los males habidos y por haber.

Centrándonos en la segunda cuestión, parece evidente que las cantidades que aportan las comunidades forales a la hacienda española son ridículamente bajas (ya se sabe que en el mundo de la política el factor determinante no es la justicia sino la habilidad y la oportunidad). Los representantes de Euskadi han hecho lo que debían, pero reconocer su capacidad y astucia políticas no significa respaldar el resultado de esta negociación. Carece de sentido que una de las comunidades más prósperas del Estado ocupe la franja inferior del listado que recoge la contribución per cápita a la hacienda común. La fórmula del cupo debería asumir un cálculo realista del peso vasco en la economía española, añadiendo además una aportación adicional para la solidaridad interterritorial derivada de su saneada posición económica. Sin embargo, si la evidente necesidad de revisar la fórmula del concierto nos llevara a condenar el sistema en sí mismo, estaríamos demostrando una falta de inteligencia política y de perspectiva histórica verdaderamente preocupantes.

Efectivamente, la crítica al régimen foral suele realizarse habitualmente con altas dosis de estrechez mental y reduccionismo conceptual, limitando los beneficios de este sistema al terreno cuantitativo. Sin embargo, este factor constituye sólo uno de sus aspectos, ni siquiera el más relevante, eclipsando en ocasiones otras tres virtudes fundamentales: primero, racionaliza el modelo territorial de ingresos y gastos, evitando que el Estado se convierta en un monarca despótico que reparte arbitrariamente cargas y privilegios bajo el exclusivo imperio de su deseo (si el peso fundamental del gasto público lo asumen las comunidades autónomas, parece razonable que sean éstas quienes recauden y administren el grueso de los fondos); segundo, favorece la cultura de la sostenibilidad y la viabilidad entre las administraciones intermedias (el inmemorial derroche de algunas comunidades crónicamente subvencionadas es uno de los grandes lastres de nuestro modelo); y tercero, hace recaer sobre el ejecutivo autonómico la responsabilidad absoluta sobre su gestión, mejorando la calidad democrática con un sistema que permite al votante identificar y valorar la labor política de forma más nítida (se acabó el tenis institucional cada vez que falla algo, con las comunidades culpando al Estado por la falta de recursos, y el Estado culpando a las comunidades por no saber gestionar).

En conclusión, un análisis completo del concierto económico permite reconocer su eficacia y potencialidad, aunque también evidencia la necesidad de reformularlo cuantitativamente para no transformarlo en una fuente de insolidaridad. Si logramos dotar de ecuanimidad a su cálculo, no sólo lo haremos más justo, sino que además lo convertiremos en un modelo exportable a otras comunidades, capaz de resolver una parte sustancial de las actuales tensiones territoriales.