Presión, extorsión y sumisión

Publicado en el Diari de Tarragona el 29 de mayo de 2016

Las habitualmente tranquilas calles del barrio de Gràcia han sufrido esta semana un nuevo azote de violencia urbana. Los de siempre han vuelto a hacerse los amos de las calles barcelonesas, arrasando con todo lo que han encontrado a su paso. Daba igual que fuera un vehículo de limpieza, una entidad bancaria, una motocicleta de un particular, un contenedor de basura, una furgoneta de los Mossos, o el pequeño negocio de un vecino. Estas noches hemos vuelto a comprobar hasta dónde llega la furia irracional de los okupas, un grupo demasiadas veces mimado por nuestras autoridades para tener la fiesta en paz. Incendios, destrozos, heridos, saqueos… En el fondo, esta orgía de piedras y fuego ha sido la simple reacción de este colectivo ante la pérdida de un privilegio desconocido e inmerecido. Por lo visto, la pax barcelonesa que estos días ha saltado por los aires se apoyaba en un chantaje tácito, pagado con el dinero de todos.

Efectivamente, en octubre de 2011 los antisistema “okuparon” una antigua oficina de la difunta Caixa Tarragona en la Travessera de Gràcia, un inmueble que fue bautizado a partir de entonces como Banc Expropiat. Con el paso de los años el local pasó a manos de Antartic Vintage, una inmobiliaria que obviamente deseaba vaciarlo para rentabilizar su inversión. Las elecciones municipales de 2015 estaban al caer y Xavier Trias había quedado muy escaldado con la batalla campal de Can Vies. Ante la posibilidad de que el inminente desalojo conllevase un nuevo brote de violencia callejera, el antiguo alcalde de Barcelona no tuvo una mejor ocurrencia que abonar con dinero público el alquiler a la inmobiliaria (65.500 euros al año) para que así el barrio pudiese seguir disfrutando de los cursos de diábolo. Así, gracias al poder de convicción que tienen las amenazas sobre los medrosos, el grupo instalado en la vieja oficina dejó de ser okupante para convertirse en subvencionado.

Lo cómico del caso es que, según ha declarado el propio Trias, los antisistema no sabían que estaban siendo financiados por el ayuntamiento. Me los imagino, ufanos, celebrando su triunfo sobre las pérfidas fuerzas represoras. ¡Habían vencido al yugo capitalista con tal contundencia que ni siquiera se atrevían a desalojarlos! Qué candidez… Algo parecido -aunque bastante más inquietante- le sucedía al pobre Michael Douglas en The Game, creyendo vivir una apasionante aventura cuando en realidad sólo se trata de un sofisticado juego para ricos que su hermano le había regalado por su cumpleaños. El sueño revolucionario de la legalidad arrodillada apenas duró unos meses.

Tras los comicios de hace un año, Ada Colau sustituyó a Trias como nueva y sorpresiva primera edil barcelonesa. Nada más tomar posesión de su cargo, hizo público el misterioso arrendamiento público del Banc Expropiat y anunció su decisión de no renovarlo. El pasado 1 de enero el contrato expiró y la inmobiliaria, lógicamente, exigió recuperar la posesión de la antigua sede bancaria para buscar un nuevo inquilino. Los inconscientes subvencionados volvían a ser combativos okupantes. Finalmente, el desalojo se llevó a cabo durante la mañana del pasado lunes, blindando después el local con placas metálicas soldadas para evitar una eventual reocupación. Se acababa así el asombroso chollo que los antisistema habían disfrutado sin saberlo, gracias al papel de Xavier Trias como timorato mecenas con dinero ajeno. Lo que hemos observado estos días en los informativos es la simple consecuencia de todo este disparate.

Podemos extraer diversas conclusiones de lo sucedido. Para empezar, los atajos en política raramente conducen al destino deseado. Es cierto que el anterior consistorio barcelonés tuvo que enfrentarse a un reto complejo, al atisbarse en el horizonte la posible reedición de los disturbios de 2014 en Can Vies. Sin embargo, en vez de buscar la solución idónea desde el punto de vista político y pedagógico, un cortoplacista y achantado Xavier Trias se decantó por subvencionar contra toda lógica a quienes amenazaban la pacífica convivencia de los ciudadanos. Nos encontramos ante un chantaje implícito de libro, pusilánimemente aceptado por quien debería ser garante de las reglas del juego, y que ofrece una lección lamentable para las generaciones futuras. Así, cuando algún colectivo desee emprender un nuevo proyecto “simpa”, no tendrá más que quemar varios contenedores y reventar unos cuantos escaparates para asegurarse el total sometimiento de las autoridades.

En segundo lugar, esta secuencia de acontecimientos pone en tela de juicio los miedos que difundieron los opinadores políticamente correctos ante la llegada de Barcelona en Comú al ayuntamiento de la ciudad condal. Oyendo entonces a determinados políticos y periodistas, cualquiera habría sospechado que los okupas se iban a hacer con el poder de la capital catalana. Ahora somos muchos los que hemos descubierto que quien paradójicamente se sometió sin rubor al amedrentamiento de los violentos fue el consistorio presidido por CDC, mientras la alcaldesa presuntamente antisistema tuvo el coraje de cortarles el grifo.

Por último, este episodio también ha servido para dar un baño de realidad a quienes tienden a dulcificar el ideario y la praxis de la CUP. Hemos asistido a un conflicto entre la legalidad (representada por la legítima propietaria del local y los Mossos de Esquadra) y la barbarie (protagonizada por los vándalos que han aterrorizado el barrio de Gràcia), y la formación anticapitalista ha tomado partido nítidamente por los segundos. Se rumorea que en la Generalitat están que trinan con el comportamiento de sus conflictivos socios. ¿Acaso los dirigentes de Junts pel Sí eran los únicos catalanes que no sabían lo que era la CUP? Teniendo en cuenta las urgencias del pasado enero, sospecho que no quisieron saberlo.